Aerocafé: parte de los recursos del proyecto terminaron financiando escolta y camioneta para el gerente, publicidad y ‘catering’

Durante más de cuatro décadas, el Aeropuerto del Café ha sido el proyecto que simboliza las promesas incumplidas del Estado con el Eje Cafetero. Gobiernos nacionales y regionales han anunciado una y otra vez que las obras ahora sí despegarán, mientras el proyecto acumulaba rediseños, contratos fallidos, demandas y millonarios sobrecostos. Cuando finalmente parecía haber encontrado un rumbo institucional y financiero para iniciar la construcción, un informe de la Contraloría vuelve a poner bajo la lupa la administración de los recursos públicos destinados para materializar ese sueño.

El documento conocido por CAMBIO no cuestiona la viabilidad técnica de la obra ni revive los problemas de ingeniería que históricamente han acompañado a Aerocafé. Las irregularidades detectadas se relacionan con la forma en fueron administrados los recursos del patrimonio autónomo creado para garantizar la construcción del aeropuerto, el cual es administrado por las fiduciarias: Fiduprevisora y Scotiabank Colpatria. 

Tras revisar la gestión de 2024 y 2025, la Contraloría concluyó que la administración del patrimonio incumplió de manera significativa las normas que regulan el uso de esos recursos, por lo que se rajaron en la calificación. Por ejemplo, hubo varias deficiencias detectadas en control interno: 

"Hay ineficacia e ineficiencia de los mecanismos de vigilancia y control al desarrollo del proyecto, por debilidades en su definición, ejecución, responsables y frecuencia, conllevando la pérdida de recursos’, dice parte del informe, en donde también se resalta que el proyecto no tiene oficina de control interno".

La auditoría reconoce que durante 2025 el proyecto alcanzó un punto de equilibrio financiero que permitió asegurar la liquidez para comenzar la ejecución de la obra, gracias a que la Nación completó aportes por más de 306.000 millones de pesos y las entidades territoriales incrementaron sus transferencias hasta superar los 82.000 millones. Ese flujo de recursos permitió dejar programados los pagos necesarios para iniciar 2026 sin rezagos presupuestales.

Sin embargo, el mismo informe advierte que aún permanecen pendientes de ingresar más de 500.000 millones de pesos comprometidos para el desarrollo integral del proyecto, mientras cerca de 24.800 millones correspondientes a rendimientos financieros regionales continúan sin poder capitalizarse debido a que sigue pendiente la liquidación definitiva del convenio marco suscrito entre la Nación y las entidades territoriales.

En todo caso, mientras el patrimonio autónomo consolidaba su músculo financiero para arrancar la construcción, parte de esos recursos comenzaron a destinarse a gastos que, según la Contraloría, no guardaban una relación directa con el objeto para el cual fueron creados.

El gerente movió plata de honorarios técnicos para pagar su seguridad

El primer hallazgo es el que más dice sobre la cultura de control dentro del proyecto. En 2025, el gerente de Aerocafé, Fernando Merchán, realizó traslados presupuestales internos por 255 millones de pesos que habían sido asignados originalmente al rubro de "honorarios técnicos", es decir, a los profesionales que trabajan en el desarrollo técnico del proyecto.

La plata se movió para financiar dos cosas completamente distintas. La primera de ellas fue nada más y nada menos que la propia seguridad del gerente Merchán, como lo había anticipado CAMBIO en marzo pasado. En ese entonces, dos extrabajadores del proyecto hablaron bajo reserva para exponer las supuestas irregularidades que luego confirmó el equipo de la Contraloría.

Según el informe del órgano de control, para la seguridad personal del gerente se firmó un contrato por 126 millones de pesos con la empresa Seguridad Atlas para ejecutarse en cuatro meses. El esquema contratado incluyó un escolta que a su vez era conductor armado, una camioneta con blindaje tipo III, sistema de GPS, seguros, disponibilidad según la agenda del funcionario y cobertura en Bogotá, Manizales, Pereira y Palestina, Caldas.

"No se evidencia habilitación legal o contractual para la destinación de recursos del patrimonio autónomo a esquemas de seguridad personal", dice el informe de auditoría.

CAMBIO también accedió a las actas del comité fiduciario que administra los recursos de Aerocafé. Allí se evidencia que en la sesión del 26 de junio de 2025 se empezó a tramitar una autorización para que el gerente trasladara recursos para un contrato de transporte y seguridad en Bogotá. En esa reunión, la directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Molina, pidió esperar el concepto de la Unidad Nacional de Protección antes de autorizar el movimiento de plata.

Luego, en la sesión del 29 de agosto, el gerente Fernando Merchán insiste en la necesidad de contratar seguridad y transporte, principalmente durante la época de licitación del contrato para las obras del aeropuerto. El funcionario también explicó que la UNP le había informado que no era competente para emitir un concepto y le tiró el balón a la Policía Metropolitana de Bogotá, que a la fecha no se había pronunciado. 

Aún así, en ninguna de las sesiones del Comité Fiduciario de Aerocafé se aprobó de manera expresa un esquema de seguridad para el gerente Merchán. Hecho que fue confirmado por el equipo auditor de la Contraloría que también hizo otros hallazgos adicionales.

Primero, la UNP confirmó al órgano de control que Merchán sí llenó el formulario para ingresar al programa de protección. Sin embargo, nunca aportó la documentación suficiente y por eso el proceso se frenó. Y segundo, la Policía Nacional sí ordenó medidas preventivas para la protección de Merchán en Bogotá. El problema fue que dichas medidas no pudieron ser implementadas porque los policías del CAI San Diego no pudieron ubicar a Merchán en la dirección que reportó a la UNP, ni tampoco pudieron comunicarse con él en los números registrados.

Aerocafé respondió señalando que la seguridad del gerente sí hacía parte del proyecto y por ello procedía el uso de recursos públicos: “La necesidad de implementar medidas temporales de transporte y seguridad surgió en el contexto del inicio y desarrollo del proceso licitatorio de la obra principal del Aeropuerto del Café, etapa particularmente sensible desde el punto de vista institucional, operativo y mediático”, fue la respuesta a la Contraloría.

Además, indican que el Comité Fiduciario sí autorizó a Merchán a hacer unas reasignaciones presupuestales en el rubro de transporte dejando a su criterio la destinación final. El órgano de control desestimó los argumentos de Aerocafé y sostuvo los hallazgos fiscales con presuntas incidencias disciplinarias y penales.

El catering

Además de su seguridad, el gerente Merchán también reasignó recursos para contratar por 50 millones de pesos el catering para el evento de lanzamiento del proyecto en Bogotá, el cual fue justificado para “reforzar la imagen institucional del patrimonio”. Para el equipo auditor de la Contraloría, este gasto no era necesario, teniendo en cuenta que el proceso de licitación debe ser público por naturaleza y debe ser compartido en los canales institucionales y el Secop.

El informe también advierte que, similar a la seguridad del gerente Merchán, este gasto en catering no contó con aprobación expresa del Comité Fiduciario de Aerocafé.

Casos similares a dos contratos para asesoría en comunicaciones y relaciones públicas al proyecto firmados en julio y octubre de 2025: uno por 70 millones de pesos y otro por 40 millones. “Dichos objetos contractuales no guardan relación directa con el objeto fiduciario, teniendo en cuenta que el objeto misional del patrimonio y la finalidad de la inversión corresponde a la ejecución de las obras de construcción del proyecto del Aeropuerto del café”, concluyó el equipo auditor de la Contraloría.

Aerocafé argumentó que “las actividades desarrolladas mediante los contratos observados no estuvieron orientadas a satisfacer intereses privados, propagandísticos o ajenos al proyecto. Por el contrario, respondieron a necesidades reales de articulación institucional, manejo de información estratégica, divulgación técnica y relacionamiento territorial asociadas directamente al desarrollo del Proyecto Aeropuerto del Café”.

El argumento de Aerocafé en todos los casos fue el mismo: que la cláusula octava del contrato de fiducia autoriza "demás actividades y servicios requeridos para el desarrollo del proyecto". La auditoría rechazó esa interpretación en todos los casos señalando que la amplitud de una cláusula no equivale a autorización para gastos específicos sin aprobación del órgano competente, y la destinación específica de los recursos públicos no se puede eludir mediante interpretaciones extensivas del contrato fiduciario.