“Hacer de la paz un valor que se degrada y que no queda en la prioridad nacional me parece un error”: general (r) Óscar Naranjo
El exvicepresidente de la República, que impulsó durante el gobierno Santos el acuerdo de paz con las Farc, habló con CAMBIO de los recientes anuncios del presidente electo Abelardo de la Espriella sobre la reforma de las instituciones que velan por el acuerdo de paz, bajo la premisa de que en la patria milagro “no habrá más procesos de falsa paz”.
Por: Ana María Cuesta
Abelardo de la Espriella Otero aún no se posesiona como presidente de la República de Colombia y ya ha dejado claro que en su gobierno no habrá espacio para las agendas de paz. Hace una semana, en su tercera alocución como presidente electo, anunció la eliminación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario y la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz.
De la Espriella cuestionó, además, la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, creada por el acuerdo de paz que Rodrigo Londoño, el último comandante de las Farc, firmó en 2016 con el entonces presidente Juan Manuel Santos. El líder de los Defensores de la Patria anunció que quiere ver a ‘Timochenko’ preso.
Sobre el panorama que le espera al país, CAMBIO dialogó con el exvicepresidente de la República Óscar Naranjo Trujillo, exnegociador plenipotenciario en La Habana y uno de los promotores del acuerdo que desarmó a más de 13.000 guerrilleros.
Vea aquí la entrevista completa en video con el general (r) Óscar Naranjo:
CAMBIO: En los próximos meses se cumplirán diez años de la firma del acuerdo de paz. ¿Hoy su implementación está en riesgo?
Óscar Naranjo Trujillo: A diez años de la firma, hay que decir que el acuerdo ha enfrentado enormes dificultades y ha sobrevivido a todas ellas. A diez años de la firma del acuerdo, hay hechos objetivos que muestran las bondades de haberlo firmado, con sus luces, con sus sombras, pero en todo caso, con unos resultados que probablemente todavía no se alcanzan a valorar y serán valorados por la historia. El hecho, por ejemplo, de que, a partir del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas haya producido en estos años 4.000 hallazgos de cuerpos, de víctimas, de personas que realmente habían desaparecido, y que causaban tanto dolor, es un logro enorme.
Asegurar que más del 85 por ciento de los excombatientes que firmaron la paz siguen fieles, que siguen leales al cumplimiento del acuerdo, y no han reincidido y no han abandonado el proceso de reincorporación, es un logro enorme. Saber que las zonas PDET llevaron a 200.000 ciudadanos de comunidades a determinar el rumbo para generar un horizonte de transformación de sus territorios, que es una tarea que está hecha, tiene un valor enorme, a pesar de que no se haya implementado esa hoja de ruta determinada por esas comunidades. Y en general, yo diría que hay unos intangibles relacionados con la verdad que ha aflorado. Hubiese sido imposible, sin firmar ese acuerdo, que los colombianos empezáramos a reflexionar sobre la verdad de una tragedia histórica marcada por la violencia.
Hoy estamos frente a un momento que está marcando unas nuevas directrices alrededor de la seguridad y de la paz. Y, yo digo, hay anuncios que resultan preocupantes, pero hay anuncios que uno tendrá que ver cómo el gobierno entrante convierte en realidad. Porque no basta el anuncio, no basta la intención, porque en materia de paz y el cumplimiento del acuerdo hay unos seguros constitucionales, legales, mandatorios para el Estado colombiano, de que debe cumplir. Adicionalmente, hay una responsabilidad de Colombia con el mundo. Naciones Unidas mantiene viva aquí la Unidad de Verificación del Cumplimiento de los Acuerdos. Naciones Unidas, como lo dice en cada informe, ve que, a pesar de los incumplimientos, que todavía se dan alrededor de ese acuerdo, el acuerdo se mantiene más vigente que nunca.
CAMBIO: Abelardo de la Espriella tendrá el mandato legal de cumplir la implementación del acuerdo, por lo menos hasta 2030. ¿Qué margen de maniobra tendrá una administración, que en su discurso no incorpora el tema de la paz y de las víctimas, para ejecutar ese anuncio de ver a Rodrigo Londoño en la cárcel?
O.N.T.: El cumplimiento del acuerdo gira alrededor de tres niveles de marco jurídico. Uno es el constitucional, otro es el legal y otro el reglamentario, que se hace por decretos. Yo llego a pensar que el Gobierno tiene capacidad de maniobra para modificar decretos reglamentarios del cumplimiento operativo de la paz, de la implementación de la paz. Pero en el caso particular, el pensar que un anuncio de llevar a Rodrigo Londoño a la cárcel es viable, significaría un esfuerzo titánico, digo yo, que pasa por cambiar la Constitución, a través de un acto legislativo, que modifique las reglas que quedaron establecidas con la Jurisdicción Especial de Paz, que tienen un mandato claro dentro de un marco de justicia transicional. No veo que haya capacidad de maniobra para producir ese hecho.
CAMBIO: Cuando el presidente electo advierte que la JEP, el tribunal creado en virtud del acuerdo de paz de 2016, es un tribunal con “disfraz” que pretende “lavar” los crímenes de las FARC: ¿esto puede considerarse un incumplimiento al acuerdo o esto está en la esfera de las opiniones políticas?
O.N.T.: Yo lo que esperaría, tal como lo ha solicitado el señor presidente de la JEP, doctor Alejandro Ramelli, es que el nuevo gobierno, dado que ha dicho que respetará la Constitución y gobernará para todos los colombianos, así lo ha expresado Abelardo de la Espriella, el presidente electo, el día que ganó la elección, abra un espacio de diálogo para que de la propia JEP se le informe de manera directa, con hechos puntuales, cuál es la estructura, cuál es el funcionamiento y cuáles son los resultados acumulados de la jurisdicción. Creo que ese diálogo es necesario; el presidente de esa jurisdicción ha pedido ese encuentro. Y uno esperaría, como colombiano, en función de un presidente que ha dicho que gobernará para todos los colombianos, que ese diálogo se dé, y que él empiece a ver con otros ojos la necesidad de mantener viva esa institucionalidad en función de los propios intereses del gobierno. Porque la verdad es que el acuerdo y la implementación del acuerdo de paz son una especie de hoja de ruta en muchos sentidos para superar los desafíos que tiene el país en muchas materias.
Y yo digo, hago un llamado respetuoso al señor presidente electo, para que asuma y se comprometa con la implementación de ese acuerdo en función de los propios intereses que tiene el Gobierno y particularmente de los intereses de comunidades que están esperando, desde hace años, la transformación de sus territorios y la posibilidad de proscribir la violencia.
CAMBIO: La implementación del acuerdo legalmente está garantizada hasta el año 2030, pero entiendo que la JEP, por decisión del Congreso, si así lo considera, puede prorrogar otros cinco años su mandato. ¿Usted cree que deba prorrogarse, aunque hoy solo tengamos dos sentencias?
O.N.T.: Yo lo que creo es que la JEP ya tiene un acumulado de un trabajo muy intenso que permitirá acelerar, digamos, sus capacidades para producir sentencias y resoluciones. Creo, al mismo tiempo, que hay que considerar que un sistema de justicia transicional, como el que quedó plasmado en ese acuerdo, tiene una vocación de producir el cierre del conflicto. Y, por lo tanto, lo que sería deseable es acelerar las decisiones para que no tengamos una JEP indefinidamente con un conflicto abierto. La vocación de la justicia transicional es cerrar conflictos y no mantenerlos indefinidamente latentes.
CAMBIO: Abelardo de la Espriella también ha anunciado la eliminación o la modificación de algunas instancias, por ejemplo, el Comisionado de Paz ahora será para la seguridad, porque él dice que ya no habrá más “falsa paz”. También anuncia la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo y otras consejerías. ¿Cómo lo ve?
O.N.T.: Yo esperaría que, sobre la base del realismo que implica gobernar, sujeto a la Constitución y a la ley, el gobierno logre mostrarle al país cuál es la nueva estructura. Porque la verdad es que, si hay cambios en la estructura funcional, orgánica, ejecutiva para implementar el acuerdo, es posible hacerlo. Va a depender de cómo se pone a funcionar el nuevo modelo. Si va a estar adscrito a los ministerios, si habrá unas dependencias encargadas de ese tema, si se hará de manera transversal. Pero lo cierto es que cumplir el acuerdo es un mandato. ¿Cómo lo cumple? Habrá que ver cómo se organiza el gobierno para cumplirlo.
CAMBIO: Usted fue un hombre que trabajó en la Policía Nacional. Conoce mucho más las críticas situaciones de seguridad. Y ahora entramos en un nuevo gobierno que no ha hablado de las víctimas y en el que se anuncia una arremetida de las fuerzas contra insurgentes y criminales. ¿Cómo ve esta nueva dinámica que priorizará, por decirlo así, más las balas y los bombardeos?
O.N.T.: Lo que es claro es que el país votó por una propuesta que hizo énfasis en el tema de seguridad. Y ese énfasis que hace un electorado que llevó a la presidencia al doctor de la Espriella pues lo que hace es reconocer que, evidentemente, ha habido retrocesos en materia de seguridad y hay situaciones de violencia que están de regreso y que es necesario atender con prioridad. Yo lo que creo es que el Gobierno, en la medida en que avance porque sólo hay anuncios, tendrá que mostrar un equilibrio entre lo que significa tener como prioridad objetivos de alto valor para desmantelar organizaciones criminales, pero también para asegurar el control territorial, la seguridad territorial y producir paz territorial. Son temas que están asociados a la seguridad.
La seguridad basada simplemente en la eliminación del adversario es una seguridad incompleta. Es una seguridad que permite la regeneración de esas violencias. Y, por lo tanto, yo lo que digo es que habrá que esperar cómo llena de contenido el gobierno sus anuncios y cuál es la nueva dinámica en función de una realidad. Y es que la realidad lo que marca es que en esa Colombia profunda hay comunidades que padecen la violencia, que son víctimas de la violencia y que tienen que ser aliviadas en el dolor que produce esa tragedia de la violencia.
CAMBIO: Quizás los millones de colombianos que votaron por De la Espriella hayan expresado alguna bronca por la situación de seguridad actual del país. Y hay muchos colombianos que responsabilizan los resultados del acuerdo de paz con esta crisis de seguridad que tenemos hoy con las disidencias. ¿Qué mea culpa se hace?
O.N.T.: La verdad es un gran error y es una gran injusticia atribuirle al acuerdo esta situación de inseguridad y de violencia que estamos viviendo hoy. Yo recuerdo que, a la firma del acuerdo, el país quedó con el número de ilegales en armas más bajo de su historia. Y señalo, por ejemplo, que las llamadas disidencias, que fuese grupo de 700 farianos que no se acogieron a la paz, se quedaron por fuera de ese acuerdo porque decidieron ser narcotraficantes y, por lo tanto, no son disidentes siquiera. Son personas que no se acogieron al acuerdo en función de una motivación de lucro y de codicia alrededor del narcotráfico. Esa fue la situación que se dio a la firma del acuerdo. Lo que sorprende es que, por no haber implementado el acuerdo a la velocidad que se demandaba, esas disidencias llamadas así, de 700, hoy superan ya los 5.000 o 6.000 disidentes. Y la verdad, eso no es culpa del acuerdo. Eso es culpa de no haberlo implementado. Pensar que el acuerdo, digamos, dio origen a estas estructuras de crimen organizado que quedaron, y que persisten en la violencia es un error.
Lo que no es aceptable es que, por ejemplo, el crecimiento del llamado ejército gaitanista o Clan del Golfo se le atribuya al acuerdo de paz. Es claro que el acuerdo tenía todas las previsiones para llegar a los territorios a desmantelar organizaciones criminales. El capítulo, por ejemplo, alrededor de la solución al problema de las drogas, no solamente se refiere a la sustitución de cultivos. Allí hay toda una estructura que hablaba de romper la cadena de valor criminal en los territorios, de llevar justicia a los territorios, de incrementar las unidades especiales contra el lavado de activos en los territorios. De eso no se habla, pero está en el acuerdo. ¿Por qué no se implementó? Yo llego a decir que no se implementó muchas veces por razones simplemente de vanidad personal de los gobiernos. No se implementó simplemente por querer estar de regreso a las fórmulas de seguridad del siglo pasado o de comienzos del siglo. Y no se implementó, yo digo por falta de grandeza política. Cuando uno revisa la historia de los procesos de paz en Colombia, yo creo que hay un acumulado de fracaso derivado de la falta de grandeza política, que es la imposibilidad que han tenido líderes políticos de generar un mínimo consenso para traer la paz y construir la paz.
Me parece que estamos pagando el costo de una polarización totalmente injustificable alrededor del acuerdo, porque yo llego a pensar que no solamente el Gobierno del presidente Santos, sino también, por ejemplo, el Gobierno del presidente Belisario Betancur fue atacado por haber tenido la intención y el propósito de avanzar en un proceso de negociación, y la verdad es que la paz produce menos aplausos de los que produce la guerra. Hay gente que prefiere el aplauso a la paz.
CAMBIO: Cuando usted dice "faltó grandeza", ¿se refiere sólo al gobierno de Iván Duque o se refiere también al gobierno de Gustavo Petro, que quizás enredó un poco la implementación con el tema de la paz total?
O.N.T.: Me refiero en general a todos los gobiernos, la verdad. Hay que recordar que el país, cuando ganó el presidente Gustavo Petro la elección de 2022, alimentó la esperanza de que se aceleraría la implementación del acuerdo. Lo que estamos viendo es que, a pesar de anuncios, a pesar de declaraciones, el acuerdo no avanzó a los ritmos que debía avanzar y hay un déficit de implementación, lo cual no quiere decir que no haya habido esfuerzos en algunas áreas, por ejemplo, en la restitución de tierras. Ahí hay unos elementos que hay que reconocer que el Gobierno de Gustavo Petro hizo y avanzó. Pero hay otros donde no.
Yo lo que noto, a mí lo que me duele, digamos, de los liderazgos políticos es que el mensaje, las actitudes, los gestos y las acciones buscando reconciliación sean inexistentes. Es al revés. Estamos cambiando la posibilidad de reconciliarnos por la necesidad que tienen algunos de enfrentarse. Y eso realmente para mí es el déficit mayor hoy, a 10 años de la firma del acuerdo, hemos sido incapaces de reconciliarnos y eso nos incluye a todos. Yo fui vicepresidente y negociador, pero muchas veces me pregunto, yo mismo, qué es lo que yo he hecho para buscar la reconciliación con los opuestos, con los adversarios políticos, con los detractores del acuerdo. Y esa misma pregunta se la traslado a ellos. ¿Qué han hecho los detractores del acuerdo, los que no están de acuerdo con el acuerdo, para reconciliarse y buscar un mínimo consenso? Porque, Ana María, estas discusiones, estas conversaciones alrededor de la paz en los ámbitos de este centralismo nuestro, créame que no tienen ningún valor; en los territorios están por encima de estas consideraciones. No les importa si es el gobierno de A, B, C, D el que implementa la paz. Ellos lo que están buscando es mejorar sus condiciones de vida y que alguien alivie el dolor que produce la violencia.
CAMBIO: Y usted, como un hombre que promovió la paz, ¿qué recomendación le daría al gobierno entrante, ahora que tenemos una crisis de seguridad, y que estamos peor que hace 10 años?
O.N.T.: La verdad, los indicadores de violencia, a pesar del deterioro que ha habido, no están por encima de lo que se dio en 2016, con excepción del secuestro. Los otros indicadores de violencia siguen todavía por debajo de lo que dejamos en el 2016. El logro del 2016 realmente fue muy importante. Y es verdad que hay un deterioro y que no hay que normalizar la violencia porque cualquier violencia es injustificable. Yo, más que consejo, más que recomendaciones, más que sugerencias, lo que hago es un llamado como un ciudadano de a pie, hoy, para que el Gobierno reconozca, dado que ha afirmado que cumplirá la Constitución, que la paz es un deber y es un derecho. Y que abandonar el ideario de la paz de los colombianos realmente es ir, no solamente contra ese mandato constitucional, sino ir en contra de lo que ha sido un anhelo nacional. Es increíble que todavía persista una violencia continuada en estos últimos 80 años que no podamos superar. Y la verdad, yo sé que la gente tiene angustias alrededor de la inseguridad y de la violencia. Pero tiene esas angustias fundamentalmente porque se dan en un marco donde la paz está afectada.
CAMBIO: ¿Qué piensa de la paz total que trató de hacer Petro?
O.N.T.: Yo fui de los que dije, llegando el gobierno de Gustavo Petro, que yo preferiría un gobierno maximalista en materia de paz, que hablara de paz total, a un gobierno negacionista de la paz. Y hoy, después de cuatro años, lo que tengo que decir es que la aspiración maximalista de la paz total no se correspondió con un esfuerzo maximalista de planeación, de organización y de ejecución para alcanzar los resultados. Y, en ese sentido, creo que la paz total, como dijo el comisionado de Paz recientemente, partió de la base de una utopía, pues se quedó incompleta y fue más que una utopía. Produjo muchas decepciones en muchos territorios y particularmente se contrasta esa paz total con el crecimiento de los grupos en armas, con el crecimiento de los territorios donde se expandió la violencia. Pero eso no quiere decir que haya un fracaso total de la paz total. Hay algunas regiones, muy pocas, por cierto, donde las comunidades, cuando he hablado con ellas, sintieron el alivio de las mesas de negociación y de alguna manera empezaron a experimentar una nueva realidad.
Yo creo que aquí la paz total lo que produjo fue un cambio en la expresión de la violencia. La violencia homicida se cambió por una especie de violencia invisible, intangible, que tiene que ver con el confinamiento de las comunidades y que tiene que ver con un crecimiento de la llamada gobernanza criminal, donde grupos en armas controlan territorio, imponen reglas de comportamiento a los ciudadanos, cooptan a autoridades locales vía corrupción o intimidación y protegen sus fuentes de economía criminal. Sin embargo, digo, lo responsable para cualquier gobierno, incluso para el entrante, es evaluar objetivamente cuáles son las lecciones aprendidas de éxito y fracaso de la paz total. Yo no creo que todo sea fracaso. Alguna cosa tiene que haber salido bien. No sé cuál, pero habrá que verla. Y si no salió bien alguna, pues habrá que rectificar, pero hacer de la paz, simplemente como resultado de la paz total, un valor que se degrada y que no queda en la prioridad nacional, me parece un error.
CAMBIO: ¿Reconoce algo malo del acuerdo de 2016?
O.N.T.: Sí. Yo siento que, en su momento, nosotros perdimos la batalla para traerles a los colombianos la realidad del acuerdo que estábamos pactando. Y que, en ese sentido, la batalla la ganaron quienes llenaron de falacias y de mentiras el acuerdo. (…) Una deficiencia fue realmente no haber transmitido con mayor fuerza, con mayor capacidad pedagógica, lo que estaba consignado en el acuerdo. Y por otro lado, creo que también hay un déficit de no haber generado, especialmente en los territorios, con gobernadores y alcaldes, un mayor calado para la aceptación del acuerdo. Cuando he hablado con alcaldes y gobernadores, muchos de ellos me han dicho: ‘Nosotros fuimos espectadores de la negociación, pero sentimos que no estábamos involucrados’. Ese tipo de cosas dejan lecciones. Pero a pesar de eso, digo, el acuerdo hoy sigue vigente.
CAMBIO: En los tiempos de campaña, usted protagonizó titulares en los que se refirió a que había un candidato que fue abogado de criminales. Y ese abogado de criminales nos gobernará en los próximos cuatro años. ¿Qué reflexión hace?
O.N.T.: Gracias por hacerme esa pregunta porque, efectivamente, lo que yo dije cuando se me preguntó si yo votaría por Iván Cepeda o por Abelardo de la Espriella es que con los dos tenía enormes diferencias. Y que, en particular, con el doctor Abelardo de la Espriella tenía una diferencia abismal de vida. Y es que mientras yo me había ocupado de llevar a criminales ante la justicia, él había asesorado a criminales para que no fueran a la justicia. Yo no estaba en ese momento, ni mucho menos descalificando la legitimidad que tiene la función de un abogado litigante, que en un estado de derecho hay que respetarla y protegerla. Simplemente estaba diciendo que nuestras vidas tenían, digamos, dos orígenes muy distintos.
Hoy lo que tengo que decir es que los colombianos lo eligieron y que esa elección, en mi caso, dado que soy un institucionalista, dado que soy una persona respetuosa del estado de derecho, me lleva a mí a respetar la decisión de los colombianos y a aceptar que ese es el presidente hoy de Colombia. Y lo que tengo que decirle al presidente hoy es que uno esperaría que le vaya muy bien, porque si al presidente y al Gobierno les va bien, es lógico suponer que a los colombianos nos irá bien. Pero la verdad, pues yo no puedo negar que tenemos orígenes muy distintos.
ana.cuesta@cambiocolombia.com
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