Los cuatro contratos de la UNGRD que Carlos Carrillo relacionó con el poderoso Jhon Abiud Ramírez

Javier Pava llevaba apenas unos días al frente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) cuando una de sus primeras preguntas encendió las alarmas de su antecesor. Según relató Carlos Carrillo en 6 AMW, el nuevo director quiso saber qué estaba ocurriendo con cuatro contratos de obras en Santander: tres en Girón y uno en Oiba, que suman más de 357.000 millones de pesos y cuya ejecución se prolonga hasta 2026.

Carrillo no presentó el episodio como una consulta rutinaria. El exdirector aseguró que se trataba de contratos que dentro de la entidad eran relacionados con Jhon Abiud Ramírez, director administrativo de la Cámara de Representantes y uno de los dirigentes con mayor poder político en Santander. Según Carrillo, la pregunta de Pava coincidió además con su decisión de reasumir directamente la ordenación del gasto, una facultad que le permite dar el trámite final a contratos y desembolsos de la entidad.

La denuncia abrió una nueva disputa dentro de una institución que todavía no termina de explicar el entramado de corrupción descubierto durante la administración de Olmedo López. Carrillo cuestionó que, en la recta final del Gobierno Petro, su sucesor concentrara nuevamente la capacidad de firmar y destrabar procesos contractuales y que, justo después de eso, empezara a preguntar por contratos cuestionados. Pava respondió que no había desmontado los controles técnicos ni jurídicos, que únicamente había retomado una función propia del director de la UNGRD y que, en términos simples, había preguntado por otros muchos contratos más porque le correspondía elaborar un informe de gestión.

El intercambio dejó, sin embargo, una pregunta al aire. ¿Cuáles eran exactamente los contratos que Carrillo asociaba con John Abiud Ramírez y por qué habían despertado el interés del nuevo director?

CAMBIO reconstruyó los expedientes y encontró los cuatro contratos adjudicados durante la dirección de Olmedo López para ejecutar obras de mitigación del riesgo en Girón y Oiba. En conjunto comprometen 357.725 millones de pesos y presentan coincidencias territoriales, empresariales y políticas que ya habían comenzado a ser documentadas desde 2024. Tres de las obras fueron contratadas en Girón, el municipio que gobernó Jhon Abiud y que después quedó en manos de su círculo familiar y la cuarta fue destinada a Oiba, otro de los territorios en los que el dirigente santandereano ha consolidado influencia. Las coincidencias deberán ser revisadas por las autoridades competentes. 

Unión Carrizal: 185.439 millones adjudicados después de una invitación de apenas dos días hábiles

El contrato más grande es el 1405-2023, celebrado con la Unión Temporal Conexión Carrizal por 185.439 millones de pesos. Su objeto es ejecutar obras de emergencia para controlar inundaciones y procesos de socavación, así como recuperar la capacidad hidráulica entre los sectores San Antonio de Carrizal y Carrizal Campestre, en la vereda Carrizal de Girón. El contrato tiene ejecución proyectada hasta 2026.

Esa unión temporal quedó conformada por Grupo Construccenter SAS, Sociedad Especializada en Ingeniería SAS, Inversiones CCO SAS, Ingeniería Universal Aplicada SAS y Bygga Infraestructura, sucursal Colombia. Sin embargo, la forma en que apareció dentro del proceso dejó interrogantes desde el comienzo.

La UNGRD envió la invitación privada el sábado 4 de noviembre de 2023 a KAP Construcciones SAS, Bygga Infraestructura y Constructora del Norte ING SAS, y les concedió apenas dos días hábiles para presentar sus propuestas, pese a que el lunes siguiente era festivo. Según reconstruyó Metropolitano, al cierre del término la entidad registró únicamente la oferta del Consorcio Servicios de Ingeniería Civil 2023, integrado por Constructora del Norte ING SAS y Mavicon Construcción e Ingeniería SAS. Sin embargo, durante la evaluación apareció también la Unión Temporal Conexión Carrizal, que finalmente obtuvo el contrato después de que la primera propuesta fuera descartada por no cumplir los requisitos técnicos.

La controversia no se limitó a la velocidad del procedimiento. Investigaciones posteriores encontraron conexiones empresariales entre algunas de las compañías participantes y personas o firmas que habían aparecido alrededor de Emilio Tapia y del Grupo Nule. Esos hallazgos no demuestran por sí solos que el contrato sea ilegal ni que sus integrantes hayan cometido un delito, pero sí explican por qué el proceso empezó a ser examinado mucho antes de la reciente denuncia de Carrillo. 

El componente político está en el territorio. Girón fue gobernado por Jhon Abiud Ramírez entre 2016 y 2019. Después lo administró su entonces esposa, Yulia Rodríguez, y, luego, pasó a manos de su hermano, Campo Elías Ramírez. La obra de mayor cuantía de los cuatro contratos quedó, precisamente, en el núcleo territorial de esa estructura.

Alianza Girón: una empresa de transporte quedó con el 87 por ciento de una obra de 97.514 millones

El segundo contrato es el 1418-2023, por 97.514 millones de pesos, adjudicado a la Unión Temporal Alianza Girón. El objeto contractual comprende obras de emergencia para controlar inundaciones y socavaciones en Girón. El expediente fue cargado posteriormente en SECOP II junto con el contrato, el acta de inicio y las aprobaciones de las garantías. 

La unión temporal fue integrada por Construdeco Alianza Logística SAS y Bygga Infraestructura, sucursal Colombia, y quedó bajo la representación legal de Sandy Ariza Villarreal, quien también figuraba como socia y representante de Construdeco. Esta última firma concentró la participación mayoritaria, mientras que Bygga aportó la experiencia contractual requerida para las obras. Después de la adjudicación, el contratista recibió un anticipo cercano a 19.500 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento del valor del contrato. 

La composición llamó la atención porque Construdeco tenía antecedentes empresariales principalmente en el transporte de carga y no acreditaba una trayectoria comparable en grandes obras hidráulicas. La experiencia habilitante provenía, en buena medida, de su socia extranjera. Además, investigaciones de Metropolitano identificaron relaciones previas entre personas vinculadas a Construdeco, Inversiones CCO y otras sociedades que aparecen en varios de los contratos santandereanos de la UNGRD. 

El contrato fue firmado en plena época electoral de 2023. Para entonces, Campo Elías Ramírez, hermano de Jhon Abiud, disputaba la Alcaldía de Girón, elección que finalmente ganó. Esa coincidencia temporal y territorial no prueba un direccionamiento, pero es uno de los elementos sobre los que se apoya la afirmación política hecha ahora por Carrillo.

Asovisolan: otra obra en Girón y una contratista que se repite

El tercer contrato es el 1222-2023, celebrado con el Consorcio Asovisolan por 37.383 millones de pesos. Su objeto es realizar obras de intervención correctiva para mitigar riesgos por movimientos en masa e inundaciones, mediante estructuras de protección, canalización y obras complementarias en Girón, dentro del marco del Decreto de Desastre Nacional 2113 de 2022. El proceso aparece en el SECOP II bajo régimen especial y con estado adjudicado. 

Los presupuestos presentados dentro del proceso identifican a Sandy Ariza Villarreal como representante legal del Consorcio Asovisolan. Ariza también representa a Construdeco y a la Unión Temporal Alianza Girón. Así, dos contratos distintos de la UNGRD en el mismo municipio, que suman cerca de 134.900 millones de pesos, quedaron bajo estructuras plurales representadas por la misma persona.

El contrato abarca intervenciones en el sector de Asovisolan que incluyen obras de protección, drenaje y canalización y, de acuerdo con los presupuestos del proyecto, componentes relacionados con pavimentos, andenes y redes de acueducto y alcantarillado. Es decir, el objeto del contrato abarca una intervención urbana de considerable extensión dentro del mismo municipio que recibió los otros dos contratos de mayor valor. 

Este proceso también había sido identificado por CAMBIO dentro del grupo de contratos que alcanzaron a ser entregados por orden de la administración de Olmedo López. Su relevancia actual está en la repetición: Girón recibió tres de las cuatro obras señaladas por Carrillo y dos de ellas quedaron en manos de consorcios representados por Sandy Ariza.

Esa repetición, por sí sola, tampoco configura una irregularidad. Pero obliga a preguntar cómo se distribuyeron las invitaciones, qué experiencia aportó cada compañía, quién ejerció la evaluación de las propuestas y si existió una competencia efectiva en contrataciones tramitadas bajo las facultades excepcionales derivadas de la declaratoria de desastre.

Oiba: el contrato anunciado en campaña antes de que comenzaran las obras

El cuarto contrato es el 1225-2023, firmado el 1 de noviembre de 2023 con el Consorcio Prosperidad Oiba por 37.388 millones de pesos y un plazo de 30 meses. El objeto contractual es ejecutar obras para mitigar riesgos de socavación y erosión y desarrollar intervenciones complementarias en Oiba. El proyecto estimaba beneficiar directamente a cerca de 4.000 habitantes y había sido viabilizado por el Banco de Proyectos de la Subdirección de Reducción del Riesgo en junio de 2023. 

El consorcio quedó integrado por Bunker Construcciones SAS, con el 10 por ciento, Grupo Constructores Antioqueños SAS, con otro 10 por ciento, e Inversiones CCO SAS, con el 80 por ciento. Su representante legal fue Miguel Eduardo Otálora Rivera. El contrato contempló un anticipo del 20 por ciento, equivalente a 7.477 millones pesos, cuya administración debía realizarse mediante un patrimonio autónomo fiduciario. 

El expediente contiene una secuencia cronológica que requiere explicación. Según la minuta, el comité verificador recomendó contratar al Consorcio Prosperidad Oiba el 27 de septiembre de 2023 y ese mismo día Olmedo López le remitió la invitación a contratar. Sin embargo, unas líneas después, el documento afirma que la aceptación de esa invitación había sido remitida el 13 de septiembre. A ello se suma que, según reconstruyó el diario Vanguardia, las invitaciones iniciales para presentar cotizaciones fueron enviadas el 15 de septiembre a Inversiones CCO, Ryo Ingeniería y Consultoría y Pacific Constructors. La aceptación atribuida al día 13 sería, por tanto, anterior tanto a esas invitaciones como a la recomendación del comité. La entidad debe aclarar si se trata de un error en la minuta o de una anomalía en la secuencia del proceso.

Pero la mayor controversia fue política. El contrato se estructuró y adjudicó en vísperas de las elecciones territoriales. Elkin Reyes, entonces candidato a la Alcaldía de Oiba y respaldado por el Partido de La U, utilizó la llegada de los recursos como argumento de campaña. Según documentó Vanguardia, el primero de octubre de 2023 anunció públicamente que los 42.000 millones de pesos de la UNGRD serían invertidos en las calles del municipio. Una de las vías proyectadas pasaba por el sector donde residía Jhon Abiud Ramírez junto con su pareja. Reyes ganó posteriormente la Alcaldía. 

El valor de 42.111 millones mencionado durante la campaña correspondía al costo global del proyecto. El contrato de obra quedó firmado por 37.388 millones, la diferencia obedecía a otros componentes presupuestales de la intervención. 

La empresa mayoritaria, Inversiones CCO, también aparece en la Unión Temporal Conexión Carrizal, responsable del contrato más grande en Girón. Es, por tanto, el vínculo empresarial más evidente entre las obras de los dos municipios. En Oiba participa con el 80 por ciento y en el proyecto de Carrizal forma parte de una estructura integrada por cinco sociedades. 

Un mismo mapa territorial y empresarial

Los cuatro contratos no solo comparten el momento en que fueron estructurados. También dibujan un mapa concentrado: tres contratos por 320.336 millones de pesos quedaron en Girón y uno por 37.388 millones en Oiba. Ambos municipios eran decisivos para el proyecto político de Jhon Abiud Ramírez en las elecciones de 2023. En Girón resultó elegido su hermano, Campo Elías Ramírez y en Oiba ganó Elkin Reyes, el candidato que promovió en campaña la llegada de los recursos de la UNGRD.

A esa concentración territorial se suman nombres empresariales que se repiten. Sandy Ariza Villarreal representa tanto a Alianza Girón como a Asovisolan. Inversiones CCO participa en Prosperidad Oiba y en Conexión Carrizal. Bygga Infraestructura aparece en los dos contratos más grandes de Girón. Ninguna de esas coincidencias demuestra, aisladamente, que existiera un acuerdo ilícito o un direccionamiento contractual. Sí muestran, en cambio, que los cuatro contratos tienen vasos comunicantes llamativos. 

Eso es lo que vuelve relevante la afirmación de Carlos Carrillo. El exdirector no se limitó a advertir sobre un afán general por acelerar los pagos de ese tipo de contratos en los últimos días del Gobierno. Identificó las obras de Girón y Oiba con una estructura política concreta. Los documentos permiten comprobar la concentración de los recursos, la repetición de varias compañías y representantes y la proximidad de las adjudicaciones con las elecciones locales. Lo que todavía debe establecerse es quién intervino en la selección de los contratistas, si Jhon Abiud Ramírez realizó gestiones ante la UNGRD para esos contratos y si la influencia política denunciada por Carrillo llegó a alterar las decisiones técnicas o contractuales de la entidad.

Los documentos no permiten concluir que existiera una intervención ilegal de Jhon Abiud Ramírez en estos contratos. No obstante, lo que sí permiten demostrar es algo distinto: que cientos de miles de millones de pesos quedaron concentrados en dos municipios estrechamente ligados a su proyecto político, mediante procesos en los que vuelven a aparecer los mismos empresarios, representantes y redes contractuales.

Quizá por eso la primera pregunta de Javier Pava al llegar a la UNGRD no pasó inadvertida para Carlos Carrillo. Porque detrás de cuatro contratos de infraestructura ya no solo hay obras contra inundaciones o movimientos en masa. También hay una historia que todavía espera una explicación completa por parte de quienes tomaron las decisiones y de las autoridades encargadas de investigarlas. 

CAMBIO buscó la respuesta de Abiud sobre el tema, pero al cierre de la nota no había contestado.