Los millonarios anticipos que la ANT giró por cuatro haciendas que no podía adquirir

La reforma agraria enfrenta un nuevo escrutinio, y los organismos de control ya no cuestionan solo las cifras con las que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mide sus avances. Después de que CAMBIO revelara los hallazgos preliminares de la Procuraduría y la Contraloría sobre inconsistencias en esos reportes y riesgos detectados en la compra de predios, este medio conoció el primer caso concreto que muestra cómo la presión por acelerar la ejecución de esa política terminó llevando a la ANT a adoptar decisiones prematuras de compra de lotes.

La historia se relaciona con la compra de las haciendas Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana, cuatro predios ubicados en Puerto Gaitán (Meta) por los que la ANT comprometió más de 36.000 millones de pesos y desembolsó anticipos por 14.339 millones, pese a que durante el mismo proceso ya existían advertencias técnicas que cuestionaban su viabilidad para la reforma agraria campesina. Esta investigación de CAMBIO reconstruye, paso a paso, cómo se tomaron esas decisiones y por qué hoy hacen parte de los expedientes que revisan los organismos de control.

Los cuatro casos tienen un denominador común. Los estudios técnicos advertían restricciones ambientales, agronómicas, territoriales y de destinación que impedían desarrollar allí la reforma agraria para comunidades campesinas. Aun así, la ANT continuó con las negociaciones, modificó algunas de las condiciones mediante otrosíes y desembolsó los anticipos. Meses después, cuando concluyó que esos predios no cumplían las condiciones para ese programa, intentó trasladarlos a la Dirección de Asuntos Étnicos para buscar una nueva destinación, una salida que tampoco logró destrabar el problema.

La historia de las haciendas Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana

Los cuatro predios hacen parte de una misma historia. Entre noviembre y diciembre de 2023, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) firmó las promesas de compraventa de Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana, ubicados en Puerto Gaitán (Meta). Apenas unas semanas después, en enero de 2024, autorizó anticipos por 14.339 millones de pesos: más de 8.139 millones para Visalia, 2.906 millones para El Paraíso, 1.759 millones para La Porfía y 1.534 millones para La Juliana. El objetivo era incorporarlos a la reforma agraria para adjudicarlos a familias campesinas. Sin embargo, mientras los negocios avanzaban, comenzaron a acumularse advertencias técnicas que hoy son el eje de la investigación de los organismos de control.

Según fuentes cercanas al proceso, durante los estudios previos aparecieron restricciones que comprometían la destinación de esos predios para la reforma agraria campesina. Los informes advertían superposición con resguardos indígenas, afectaciones relacionadas con el humedal Alto Vichada, limitaciones derivadas de la Unidad Agrícola Familiar, restricciones agronómicas y otras condiciones que impedían desarrollar allí el programa para el cual estaban siendo adquiridos. Así, el problema no era únicamente comprar la tierra, sino que esa tierra debía servir para el fin con el que el Estado estaba invirtiendo los recursos públicos.

Pese a esas advertencias, la ANT continuó con las operaciones y desembolsó los anticipos, pero la evolución jurídica de los cuatro negocios terminó siendo distinta. En La Porfía y La Juliana aparecen inscritas escrituras de compraventa a favor de la Agencia Nacional de Tierras desde mayo de 2024. En Visalia y El Paraíso, por el contrario, el segundo pago quedó condicionado al recibo definitivo de los predios y la propia entidad reconoce que aún debe definirse la suerte de los recursos ya invertidos. 

Como lo resume una fuente enterada del proceso: "Ellos no han pagado el ciento por ciento del valor del predio y por eso, los vendedores han entregado los predios y no tienen por qué hacerlo. Y hay unos perjuicios para los vendedores porque no es culpa de ellos que la Agencia Nacional de Tierras haya hecho una visita técnica que salió que no era viable y que aun así continuaran con la compra de los predios. Los vendedores también fueron engañados".

Pero esa diferencia registral no resolvió el problema de fondo. Según las fuentes consultadas por CAMBIO, ninguno de los cuatro predios ha podido incorporarse al Fondo de Tierras, precisamente porque las observaciones técnicas que surgieron durante el proceso siguen impidiendo que cumplan la finalidad para la cual fueron adquiridos. Es decir, aunque algunos negocios avanzaron hasta la firma de escrituras, las tierras todavía no han podido convertirse en predios efectivamente disponibles para ser adjudicados a campesinos.

Esa dificultad obligó a la Agencia Nacional de Tierras a replantear toda la operación. Un memorando interno fechado el 6 de febrero de 2025, firmado por la entonces directora de Acceso a Tierras, Deisy Lizeth Gómez, revela que la Mesa Técnica de Seguimiento a Casos Críticos decidió revisar si esos predios podían ser recibidos por la Dirección de Asuntos Étnicos y, eventualmente, destinarse a sujetos étnicos o incluso a una entrega compartida con campesinos, "de acuerdo con las fracciones viables agronómicamente". 

El documento ordena trasladar los expedientes para que esa dependencia defina si asume los predios y, solo a partir de esa decisión, autorizar el desembolso del segundo pago, que permanece condicionado. La propia Gómez advierte que es necesario definir "la suerte de los recursos ya invertidos por parte de la entidad".

En el caso de La Porfía y La Juliana, otro memorando, fechado el 29 de enero de 2025, muestra que el escenario ya había escalado un paso más. La ANT informa que esos negocios fueron convocados a conciliación extrajudicial y reconoce que debe definir el futuro de las operaciones para comunicar la decisión a la Oficina Jurídica.

Quien firmó esos memorandos, Deisy Lizeth Gómez, no era una funcionaria cualquiera. Por entonces dirigía la Dirección de Acceso a Tierras, dependencia que lideró estas adquisiciones. Tiempo después, Gómez fue designada directora general encargada de la ANT, cuando Juan Felipe Harman dejó temporalmente la entidad para incorporarse a actividades políticas de la campaña presidencial de Iván Cepeda. Su papel será determinante para reconstruir quién conocía las advertencias técnicas sobre estos cuatro predios, por qué las operaciones continuaron pese a ellas y quién tomó finalmente las decisiones que hoy revisan los organismos de control.

En palabras más corrientes y menos jurídicas, el panorama es el siguiente: el Estado ya comprometió más de 14.300 millones de pesos, los vendedores celebraron negocios con la nación bajo la expectativa de concretar las ventas y la ANT todavía intenta resolver qué hacer con unos predios que, según sus propios estudios, no eran técnicamente aptos para el propósito con que fueron adquiridos. Mientras esa decisión llega, las tierras siguen sin incorporarse al Fondo de Tierras y la reforma agraria tampoco puede cumplir con ellas el objetivo para el que fueron compradas.

En consecuencia, la entidad terminó buscando una salida para una operación que, según las fuentes consultadas, ya reconocía internamente que no podía continuar bajo la finalidad con la que había sido concebida. Si las restricciones ya estaban identificadas mientras avanzaban las negociaciones, ¿qué justificaba seguir comprometiendo recursos públicos en esas operaciones?

La lupa de los organismos de control

El caso de Puerto Gaitán no es un expediente aislado dentro de las investigaciones que hoy adelantan los organismos de control sobre la reforma agraria. Como reveló CAMBIO, la Procuraduría también puso la lupa sobre las cifras con las que la Agencia Nacional de Tierras ha reportado los avances de esa política y advirtió que no existe una metodología uniforme que permita conciliar los distintos sistemas de información de la entidad. La Contraloría, por su parte, encontró riesgos en la ejecución de varias compras de predios y cuestionó que, en algunos casos, la ANT hubiera comprometido recursos sin garantizar plenamente la consolidación de los negocios jurídicos. Este nuevo caso incorpora otra pieza a ese rompecabezas: la posibilidad de que el Estado hubiera avanzado en la compra de tierras que, según los propios estudios técnicos, no cumplían las condiciones para el propósito con el que estaban siendo adquiridos.

Ahora la Procuraduría y la Contraloría deberán establecer si esas decisiones obedecieron a errores de planeación y fallas administrativas, o si, por el contrario, fueron un capricho para inflar cifras y contribuir a intereses personales. También deberán determinar qué ocurrirá con los recursos públicos ya desembolsados, cuál será el desenlace de los negocios jurídicos que permanecen abiertos y si el Estado terminará enfrentando reclamaciones de particulares que negociaron de buena fe con la Agencia Nacional de Tierras, bajo la expectativa de vender sus predios.

Si esos predios nunca logran culminar el proceso de adquisición ni incorporarse al Fondo de Tierras para ser adjudicados a los campesinos, los organismos de control deberán establecer qué ocurrió con los recursos públicos ya desembolsados y si la frustración de esas operaciones terminó generando un eventual detrimento patrimonial para el Estado.

La investigación también vuelve a poner sobre la mesa una discusión que ha acompañado la reforma agraria desde sus primeros meses. La exministra de Agricultura Cecilia López advirtió en repetidas oportunidades que el Gobierno no podía medir el éxito de esa política únicamente por el número de hectáreas anunciadas o compradas, sino por la capacidad real de convertirlas en tierras disponibles para los campesinos. La entonces ministra cuestionó que en los balances oficiales se mezclaran procesos de compra, formalización y adjudicación como si fueran etapas equivalentes. La administración de Petro siempre rechazó esa lectura y defendió que las distintas fases hacen parte de una misma política pública.

El expediente de Puerto Gaitán también desplaza el debate hacia una pregunta más profunda. La reforma agraria no puede medirse únicamente por las hectáreas compradas o por los recursos ejecutados. También depende de cuándo una tierra puede considerarse realmente incorporada a esa política. Porque una promesa de compraventa, un anticipo o incluso una escritura registrada no necesariamente significan que ese predio ya esté disponible para ser entregado a los campesinos.

Los cuatro predios investigados muestran que esas etapas no siempre avanzan al mismo ritmo. Algunos negocios progresaron hasta la firma de escrituras y otros quedaron con pagos condicionados. Pero, según las fuentes consultadas por CAMBIO, todos comparten un mismo desenlace: todavía no han podido cumplir el propósito para el que fueron comprados.

Y quizá esa sea la pregunta más incómoda que deja esta investigación. Si las restricciones técnicas, ambientales y territoriales ya hacían parte de los expedientes cuando la ANT decidió seguir adelante con las operaciones, ¿qué justificaba el afán de comprometer más de 14.300 millones de pesos en anticipos antes de resolver esas advertencias? La respuesta no solo permitirá establecer si hubo responsabilidades disciplinarias o fiscales.

También dirá mucho sobre la forma en que se ejecutó una de las principales banderas del Gobierno de Petro: si la prioridad fue construir una reforma agraria sólida y jurídicamente sostenible o privilegiar la velocidad sobre la planeación, comprometiendo recursos públicos en predios cuya viabilidad técnica ya era cuestionada y sin la certeza de que algún día pudieran incorporarse al Fondo de Tierras para cumplir el propósito con el que fueron adquiridos.

“Las compras de los predios se frenaron tras el cambio de administración”: Felipe Harman

Consultado por CAMBIO, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, aseguró que los negocios jurídicos sobre los predios Visalia, El Paraíso, La Porfía y La Juliana fueron suscritos entre el 19 y el 20 de diciembre de 2023, antes de su llegada a la entidad. Explicó que en ese momento se firmaron promesas de compraventa, se pactaron pagos parciales entre el 30 y el 50 por ciento del valor de los inmuebles y se establecieron las condiciones para otorgar posteriormente las escrituras. Sin embargo, sostuvo que las operaciones no fueron perfeccionadas ni se pagaron los saldos pendientes debido al cambio de políticas adoptado por la administración que él encabezó.

Según Harman, una vez asumió la dirección de la ANT ordenó una revisión integral de los procesos de adquisición de predios, proceso que coincidió con las observaciones formuladas por la Contraloría sobre varias compras de tierras adelantadas entre 2022 y abril de 2024. Como resultado de esa revisión, la entidad creó el Comité de Casos Críticos, instancia encargada de analizar las adquisiciones que presentaran novedades relevantes y definir la ruta jurídica y administrativa para cada caso.

El director también explicó que durante su administración la ANT modificó los procedimientos de compra y estableció como requisito obligatorio la realización de estudios de viabilidad agronómica mediante visitas técnicas directas. Fue precisamente en esa etapa, afirmó, cuando se concluyó que los cuatro predios presentaban “severas limitaciones para el desarrollo de actividades agrícolas sostenibles”, debido, entre otros factores, a la alta acidez de los suelos, su baja fertilidad natural y las restricciones físicas existentes. Por esa razón, dijo, se suspendieron los trámites de adquisición y los expedientes fueron remitidos al Comité de Casos Críticos.

Frente a los cuestionamientos sobre posibles irregularidades en la compra de predios, Harman aseguró que durante su administración la ANT ha presentado alrededor de quince denuncias ante las autoridades competentes para que investiguen eventuales hechos que hubieran podido ocasionar un detrimento al patrimonio público y determinen las responsabilidades correspondientes. En otras palabras, Harman aseguró que esas advertencias surgieron con las visitas técnicas que ordenó su administración, después de llegar a la ANT.