“Solo quiero que me entreguen lo poquito que quede de él”: más de 1.600 días sin saber del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Andrés Camilo Peláez Yepes creció en Jericó, Antioquia, en un hogar humilde y amoroso. Entró a la Universidad Nacional con 16 años a ingeniería ambiental, pero se cambió a ingeniería forestal porque, según su mamá, Claudia Yepes Upegui, “quería estar más cerca del campo”.

Para ella, esa decisión decía mucho de quién era su hijo. Amaba la naturaleza, el campo y el trabajo que había escogido. Su familia lo describe como un joven que veía el mundo con una confianza que, después, ella misma terminaría interpretando como ingenuidad. “Camilo no sabía qué era la maldad”, dice.

Trabajaba como contratista de WSP, empresa contratista de EPM, en actividades relacionadas con el proyecto Hidroituango, en el norte de Antioquia, una zona del país con graves problemas de orden público por la presencia de grupos armados y bandas criminales.

Han pasado 1.613 días desde la última vez que su familia supo de él. Son más de cuatro años de incertidumbre, angustia y muy pocas respuestas sobre su desaparición. En diálogo con CAMBIO, Claudia Yepes dice que ya no espera encontrar a su hijo con vida. Ahora, su esperanza está puesta en hallar sus restos y, con ellos, una respuesta sobre lo que ocurrió.

En una triste paradoja, su madre cuenta que él dejó incompleta la lectura del famoso libro de reflexión espiritual ¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas?, de Iván Gutiérrez. Claudia recalca en varias oportunidades que su hijo no merecía lo que le ocurrió. “Él era un buen muchacho”, dice. Ahora, mientras sigue esperando alguna respuesta sobre su paradero, esa pregunta parece haber quedado también inconclusa para ella. 

Andrés Camilo vivía en Medellín y solía visitar a su familia en Jericó los fines de semana. El último de esos que pasó en la casa de su infancia quedó grabado en la memoria de Claudia: conversaron sin afán, tomaron onces y compartieron las tardes en el balcón. Como siempre, su madre le dio la bendición, un abrazo y un beso, sin saber que serían los últimos.

El domingo 3 de abril hablaron por última vez por teléfono. Al día siguiente, Andrés Camilo emprendió hacia San Andrés de Cuerquía, a sus labores de contratista de preservación y conservación ambiental. En ese municipio, el joven habría sido secuestrado, intimidado con armas de fuego y obligado a abordar un vehículo, según la investigación judicial, en medio de un caso de extorsión por parte de la estructura armada El Mesa.

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“Solo quiero que me entreguen lo poquito que quede de él”, dice Claudia, de 54 años, en este punto de la desgastante tragedia familiar. Anhela poder encontrar los restos de su hijo para poder darle una sepultura digna.

En los últimos dos meses, la investigación por el caso logró la captura de cuatro hombres: Juan Fernando Tobón Correa (alias el Paisa), Weimar Alexander Castillo (alias 300), Willington Ortiz Muñoz (alias Willy), quien para el momento de los hechos era menor de edad, y Brayan Andrei Palacio Arango (el Cabo), quienes –según la Fiscalía– hicieron parte de la organización delincuencial El Mesa y habrían orquestado la desaparición forzada de Andrés Camilo.

Sin embargo, todavía son pocas las respuestas sobre qué ocurrió con el joven y, sobre todo, dónde estarían sus restos.

Para la familia, aunque las capturas representan un avance en la investigación, también abren nuevos cuestionamientos sobre la actuación de la Fiscalía y las razones por las que el caso tardó cuatro años en llegar hasta los presuntos responsables.

El duelo de una madre y un “pacto de silencio”

Claudia todavía no tiene un lugar al cual llevar flores, una tumba que visitar o un sitio donde despedirse de su hijo. Por eso su pedido es sencillo y, al mismo tiempo, imposible de satisfacer mientras quienes conocen la verdad sigan callados.

“Pero en cualquier momento la pita se revienta”, dice.

Hasta el momento, ninguno de los cuatro procesados por el caso ha revelado información que conduzca a encontrar el cuerpo del joven antioqueño, incluso todos negaron los cargos. Para su madre, todo parece indicar que existe un “pacto de silencio” entre los capturados y cuestiona que la Fiscalía no haya hecho suficientes esfuerzos para obtener información que permita establecer dónde está su hijo.

“No se va a lograr” que el dolor desaparezca, dice cuando habla de una eventual condena contra los responsables. La justicia no borraría lo ocurrido. Pero sí podría darle la tranquilidad de saber que quienes le hicieron daño a su hijo fueron castigados. “La vida sigue, pero el dolor se queda”, resume.

“¿Por qué esperar cuatro años?”

Claudia asegura que una de las principales pistas sobre lo ocurrido con su hijo existía desde los primeros días de la investigación, por allá en 2022.

Según su relato, diez días después de la desaparición, el 14 de abril de 2022, una mujer acudió a declarar como testigo y entregó información sobre la supuesta planeación del secuestro. Esa misma testigo volvió a declarar cuatro años después, el 26 de abril de 2026, y habría mantenido su versión. Para entonces, además, la investigación ya había conducido a los cuatro nombres de quienes hoy están privados de la libertad y enfrentan un proceso por la desaparición de Andrés Camilo.

Para Claudia, la pregunta es inevitable: si esa información ya estaba disponible, ¿por qué las capturas solo llegaron hasta 2026? “¿Cómo no hicieron esto en el 2022?”.

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Su cuestionamiento también apunta a los cambios que tuvo el equipo encargado del caso. La madre asegura que el investigador que inicialmente llevaba el proceso judicial fue retirado en 2022 y que, por una razón que desconoce, volvió a retomarla este año. Además el fiscal asignado también fue reemplazado recientemente.

Para Claudia, estos cambios generan el temor de que el caso vuelva a perder tiempo. La madre teme que los nuevos funcionarios tengan que familiarizarse con un expediente que lleva más de cuatro años abierto y que, mientras revisan lo ocurrido y definen los próximos pasos, la búsqueda de su hijo siga sin respuestas.

"1.610 días desaparecido. Más de 4 años de búsqueda, de preguntas sin respuesta, Camilo sigue presente. Su historia no se olvida": Claudia Yepes Upegui.

Las últimas pistas sobre el paradero de Andrés Camilo Peláez

La hipótesis principal del caso apunta a que los responsables habrían planeado secuestrar al joven ingeniero porque necesitaban dinero para pagar deudas. El objetivo inicial habría sido obtener un pago millonario por su liberación, pero la presión generada por el aviso de desaparición habría llevado a los responsables a cambiar sus planes

Uno de los episodios más recientes de la investigación fue el allanamiento a una casa en San Andrés de Cuerquía, a tres horas de Medellín. Según los investigadores, ese sería el lugar en el que Andrés Camilo estuvo antes de ser asesinado. Sin embargo, la diligencia no dejó hallazgos concluyentes. De acuerdo con los testimonios recopilados, en 2022 el piso de esa vivienda era de tierra, pero cuando se realizó el procedimiento a principios de agosto, ya estaba encementado. 

Según los interrogatorios realizados por las autoridades, uno de los testigos aseguró que Andrés Camilo fue retenido hacia las dos de la madrugada del 4 de abril de 2022. De acuerdo con su relato, el joven habría sido trasladado en una camioneta hasta una vivienda del barrio El Paraíso, donde permaneció retenido durante tres días. La casa, según esa misma versión, también habría sido utilizada por integrantes de El Mesa para almacenar drogas.

La desaparición de Andrés Camilo se hizo pública mientras, según los testimonios conocidos por las autoridades, permanecía en esa vivienda. Ante la presión generada por el caso, sus captores lo habrían trasladado después a una zona rural conocida como La Cordillera. Uno de los testigos sostuvo que decidieron sacarlo del pueblo porque ya no podían mantenerlo retenido allí. Sin embargo, esa persona aseguró desconocer qué ocurrió después y no pudo establecer si para entonces Andrés Camilo continuaba con vida.

A Alias el Paisa, Willy y 300, todos presuntos integrantes de El Mesa, ya les fueron imputados delitos por desaparición forzada. El Cabo, por su parte, quien se habría encargado de custodiar la vivienda donde estuvo secuestrado el ingeniero Peláez, fue judicializado ante un juez de Infancia y Adolescencia con función de control de garantías porque tenía 17 años cuando se reportaron los hechos. Todos están bajo medida de aseguramiento carcelario.

Mientras tanto la pregunta que Claudia Yepes lleva 1.613 días esperando: dónde está su hijo.