Construir sobre lo construido: fortalecer la Ley General de Cultura

Hace 27 años, Colombia materializó uno de los principios constitucionales más potentes: reconocer la cultura como base de la nación. Con la Ley 397 de 1997 se creó un ministerio para promoverla y cuidarla. Esa norma y otras que surgieron después —como las del libro, el cine o los espectáculos públicos— permitieron consolidar políticas claves para el desarrollo cultural, que son ejemplo en Iberoamérica.

Tres décadas después, es claro que ese propósito no se alcanza solo con instituciones o leyes. También requiere del reconocimiento y la participación de las distintas identidades, de sus expresiones artísticas y de los saberes de cada región. Por eso es necesario actualizar el marco legal para que sea más diverso, más justo en su inversión y más cercano a las decisiones que se toman en los territorios.

Eso es lo que busca la reforma a la Ley General de Cultura, ya aprobada en primer debate en la Comisión Sexta de la Cámara: construir sobre lo construido, ajustando las formas de financiación, ampliando beneficios tributarios, fortaleciendo el papel de los gobiernos locales, dignificando el trabajo de quienes hacen cultura y reforzando los vínculos con sectores como el turismo, la educación y el trabajo.

Porque las industrias culturales, al igual que los oficios artesanales y las prácticas populares, no solo cuentan quiénes somos, sino que también aportan a la economía. Más de 2,1 millones de personas trabajaban en el campo cultural. Eso representa el 9,2 por ciento de quienes estaban ocupados en el país. Una cifra que muestra la urgencia de respaldar a este sector como se merece.

Críticas recientes, lanzadas desde Bogotá por directivos del sector, se apoyan en argumentos imprecisos. Por ejemplo, aseguran que la reforma otorga poderes especiales al presidente, lo cual no es cierto: eso no está en el proyecto. También dicen que no se ha socializado, cuando la propuesta se discutió en 17 espacios regionales, con más de 5.000 participantes entre organizaciones, consejos y asambleas de cultura. Fueron conversaciones reales, cara a cara, también en Bogotá.

Además, el proyecto cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, una exposición de motivos sólida y estudios que analizan su impacto económico. Que las críticas no mencionen logros como el incentivo tributario más amplio que se haya planteado para el patrimonio cultural, la apuesta por una inversión más justa para el teatro, la música, la danza y el circo, o la creación del Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural, muestra una lectura incompleta del texto.

Desde el Ministerio hemos insistido en que estamos dispuestos al diálogo. Construir acuerdos entre personas que piensan distinto es posible si se tiene como horizonte el bienestar colectivo. Es comprensible que cada subsector busque mayor representación, pero para aspectos específicos se requieren leyes complementarias, como la Ley de la Música que será nuevamente radicada. Esta es una Ley General que no le pertenece a un gobierno, sino al país cultural.

Lo que esperamos ahora es que el Congreso de un debate que fortalezca el proyecto y no lo desvíe por diferencias políticas o aspiraciones personales inconclusas. Se trata de una propuesta que reconoce la riqueza cultural, que respalda un presente diverso y apuesta por un futuro con más sentido y oportunidades.

Una Ley que reafirma que la cultura es fundamento de nuestra nación.

* Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes