Me parte el corazón lo que pasa en Ecuador. Este era el secreto mejor guardado de América del Sur. En mis viajes como reportera a Putumayo o Nariño, encontraba que nuestro lado de frontera estaba inundado de coca y de fusiles, mientras del lado ecuatoriano había escuelas, carreteras asfaltadas e inmensos cultivos de cacao y palma. Quito era una ciudad apacible y la costa Pacífica contrastaba con la nuestra. Algo iba de Buenaventura a Guayaquil en asuntos sociales. Por no hablar de la industria pesquera que hace dos décadas salía en estampida de Tumaco para instalarse en la costa ecuatoriana.
En términos de violencia, nuestro vecino era un oasis. En los noventa, cuando Colombia tenía una tasa de sesenta homicidios por cien mil habitantes, en Ecuador había siete. En los primeros años de este siglo la violencia fue incrementando, pero algunas políticas sociales contuvieron el crecimiento de las pandillas. A partir de 2017 el deterioro fue galopante. Hoy Colombia tiene 25 homicidios por cien mil habitantes, mientras Ecuador se aproxima a 50. Un salto dramático que explica la angustia del presidente Daniel Noboa.
¿Cómo se produjo este fenómeno? Un informe de International Crisis Group (ICG) titulado ¿Un paraíso perdido? señala que los principales detonantes fueron la dolarización de la economía, que facilitó el lavado de activos, y una red portuaria sobre el Pacífico, altamente permeable al tráfico de cocaína. En algo debió influir el desmonte de la base gringa de Manta sin que hubiese un plan B para monitorear el Océano. A eso se suman el progresivo debilitamiento institucional y una gestión penitenciaria que permitió que las cárceles se convirtieran en centros de mando criminal.
Colombia también es parte del problema. El Plan Colombia produjo un efecto globo transfronterizo que tomó por sorpresa a un Ecuador sin las capacidades para enfrentarlo. Así se convirtió, como señala ICG, en un lugar ideal para el asentamiento de redes criminales. Hemos sido un vecino incómodo. Dos ejemplos: cuando las fumigaciones con glifosato afectaron la selva ecuatoriana y Colombia tuvo que pagar una millonaria indemnización por el daño causado. Y cuando los miles de refugiados que llegaron huyendo de la guerra y fueron acogidos con espíritu humanitario.
Fue después del proceso de paz con las FARC-EP que Colombia se convirtió en pesadilla para los vecinos. Los cultivos de coca se dispararon, y los grupos armados se fragmentaron. Hoy producimos más cocaína que antes y exportamos especialistas en violencia a varios países del mundo.
No obstante, nuestra mala gestión de la paz no explica todo. Según el ICG, un factor determinante de la explosión violenta de Ecuador es su fragilidad institucional interna: corrupción, falta de coordinación entre agencias de seguridad y ausencia de política social sostenida en los territorios. Los Choneros y Los Lobos, articulados a los carteles mexicanos, echaron raíces silenciosamente durante décadas. Y el nuevo contexto de internacionalización del crimen los empoderó como nunca.
Más problemático aún es cómo está leyendo su propia crisis el gobierno ecuatoriano. Noboa optó por declarar un conflicto armado interno para actuar con libertad desde una visión militarista, decretar medidas excepcionales, acopiar recursos y afianzar su imagen en la política interna. Pero el ICG es claro: enfrentar redes criminales transnacionales como si fueran insurgencias tradicionales es un craso error. Estas organizaciones no buscan el poder político directo ni operan con lógicas ideológicas. Su fortaleza está en la flexibilidad, su capacidad de corromper y su inserción en economías legales e ilegales al mismo tiempo.
En ese contexto la imposición de aranceles del 100% no tiene sentido si lo que se busca es inducir la cooperación binacional contra el crimen. Más bien se trata de un desafío político e ideológico a Petro. Ambos presidentes difieren profundamente. Mientras Noboa añora la guerra total al estilo Uribe, Petro apuesta por transformar territorios y negociar con los grupos armados. Mientras Noboa se centra en el control armado del territorio, Petro lo trata como un problema de modelo económico. El uno tiene afán, el otro se toma su tiempo. Ambos vociferan en redes y micrófonos. En medio de esas divergencias, el mayor peligro no es la expansión de las mafias, sino que se profundice la incapacidad de ambos Estados. Al actuar cada uno por su lado, pierden ambos. Las mafias prosperan justamente cuando la colaboración entre países se fractura.
Así mismo, cuando Noboa emula la doctrina Trump, se da un tiro en el pie. Los más afectados con los aranceles son los propios ecuatorianos, que reciben de Colombia energía, medicamentos y alimentos. La cocaína seguirá pagando cero aranceles. A las redes criminales les habrán servido en bandeja de plata otro negocio jugoso: el contrabando. La crisis pone en jaque además la ya precaria integración andina, poniendo a la región en contravía del único camino posible: la coordinación y la acción conjunta. Los narcos deben estar celebrando.
Ojalá Petro evite las provocaciones y no contribuya a escalar este absurdo conflicto. A diferencia de 2008, cuando el golpe de hostilidad provino de Colombia, hoy el derecho internacional no tiene dolientes. Justo por eso es urgente encontrar mediadores para un diálogo directo que, a pesar de las profundas diferencias, pueda ser constructivo. Si se pudo con Trump ¿por qué no con Noboa?
Lea los comentarios
