La investigación que publicó El Tiempo el pasado 26 de marzo causó sorpresa e irritación. La titulaba de la siguiente manera: ‘Gobierno usó 31 billones de pesos en contratos a dedo con la economía popular’.
Utilizando una norma del Plan de Desarrollo —que luego tumbó afortunadamente la Corte Constitucional—, el Gobierno firmó contratos con asociaciones, consejos comunitarios, resguardos indígenas, cabildos indígenas y juntas de acción comunal por un valor equivalente a tres reformas tributarias, 31 billones de pesos, a dedo, es decir, saltándose toda la regulación de la contratación pública. Ante todo, aquella que exige licitaciones o concurso público para comprometer por la vía contractual recursos públicos.
No pudo ser más clara la Corte Constitucional al declarar inexequible este engendro del Plan de Desarrollo cuando dijo: “se consideró que el articulo demandado desconoce, de una parte, las normas constitucionales relativas a la reserva de ley en la regulación de la contratación pública y, de otra, aquellas que establecen límites a la potestad reglamentaria”.
El Gobierno Petro ha mostrado una fascinación —digna de mejor causa— por todo aquello que signifique la contratación directa (lo que se conoce como contratar a dedo), burlando el más elemental principio de la contratación pública como es aquel que prescribe que debe mediar la pluralidad de oferentes a través de una licitación o un concurso de proponentes, antes de formalizar cualquier contrato que comprometa recursos públicos.
El escándalo de los carrotanques de La Guajira fue precisamente ese: como la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD) está facultada para contratar a dedo (pues debe lidiar con emergencias), fue la entidad escogida para perpetrar el robo que ha escandalizado con razón a la opinión pública y que tiene en la cárcel a varios de sus ejecutores.
Ahora bien: como las entidades de economía popular de que se ocupaba el artículo del Plan de Desarrollo declarado inexequible no cuentan con experiencia ni trayectoria, no es sorprendente que no pudieran ejecutar cumplidamente con los compromisos que se asignaron a dedo. Según revelación de la propia Colombia Compra Eficiente, de los 31 billones asignados a dedo apenas una mínima porción ha podido ser ejecutados a cabalidad. Se firmaron en este Gobierno 80.706 contratos, de los cuales apenas se han logrado ejecutar una mínima cantidad que en general no exceden el 10 por ciento de las metas.
De las vías terciarias, llamadas “caminos comunitarios de la Paz Total”, por ejemplo, que se contrataron con las asociaciones públicas comunitarias, apenas se ha ejecutado el 7,23 por ciento de lo contratado, según afirma la Contraloría General de la República.
La Cámara Colombiana de la Construcción ya había vaticinado este lamentable resultado cuando advirtió que la contratación directa con las asociaciones comunales “promovía la concentración de obras públicas en manos inexpertas, lo que favorecía a grupos poblacionales en detrimento de pequeñas y medianas empresas de ingeniería asentadas en las regiones”.
El populismo bisoño del Gobierno Petro primó sobre la técnica: tanto en la escogencia a dedo de los contratistas como en la ejecución de las obras.
Al verse descubierta gracias a la juiciosa investigación de El Tiempo, Colombia Compra Eficiente salió con un oscuro comunicado divulgado el pasado 28 de marzo tratando de explicar que, en realidad, no todos los 31 billones habían sido contratados con asociaciones populares a dedo, sino que una parte había sido encomendada a asociaciones que no era populares.
Lo que no quita la improvisación ni la gravedad del engranaje, pues aun acogiendo la última versión de Colombia Compra Eficiente, en ella alega que, con las asociaciones propiamente populares, solo se contrató “a dedo” el 13,8 por ciento de los 31 billones.
Lo que queda en claro de todo esto es que al Gobierno Petro solo le gusta la contratación directa; que ha montado una especie de “populismo contractual” para favorecer a quienes cree que son sus apoyos políticos; y que la ejecución de una suma tan grande como 31 billones de pesos ha sido paupérrima.
Todo lo cual lleva a la conclusión de que, al darle la espalda a las normas de la contratación pública, hemos terminado en el triste terreno en el que Colombia no compra eficiente.
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