Hay historias y procesos ciertamente conmovedores sobre el significado de las bibliotecas públicas para los habitantes de una ciudad, de un municipio o de una comunidad rural. Millones de lectores y escritores se han formado en estos espacios que, como los llama una bibliotecaria amiga, “son el lugar de quienes no tienen lugar”.
Hace veinticinco años se creó en Bogotá un proyecto que muchos hemos celebrado desde que, en 1998, se comenzaron a construir las megabibliotecas de El Tintal, El Tunal y el parque Simón Bolívar, llamada Virgilio Barco. Así como he sido crítico del proyecto neoliberal en su conjunto, debo decir que la alcaldía de Enrique Peñalosa tuvo el acierto de invertir dinero, tiempo, y voluntad para que, en 2001, se creara la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, BibloRed, que hoy cuenta con, según su página, ciento cincuenta espacios de lectura en la ciudad: doce estaciones de lectura en Transmilenio, un BibloMóvil, la Biblioteca Itinerante TIKA, noventa y cinco Paraderos Paralibros Paraparques, cuatro salas de lectura y una biblioteca digital para la ciudad y treinta y una infraestructuras de mediano tamaño y otras más amplias como las bibliotecas Julio Mario Santodomingo y la Carlos E. Restrepo.
Gracias a ese empeño, Bogotá y el país comenzaron a reconocer el valor social de las bibliotecas: se creó un Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas que de manera encomiable llevó infraestructuras y colecciones a la totalidad de los municipios colombianos, y se fortaleció el sistema de librerías independientes; surgió, tras la de los ochenta y los noventa, una nueva ola de editoriales independientes; se vigorizó la Feria Internacional del Libro de Bogotá; se creó el programa Libro al Viento, de circulación gratuita en el transporte público; la ciudad fue reconocida como Capital Mundial del Libro (2007); y la red de Bibliotecas Públicas se articuló a todos esos empeños que han convertido a la lectura y su promoción en una de las actividades sociales y económicas de la ciudad y del país, y el horizonte de sentido para muchos jóvenes y ya no tan jóvenes que han crecido dentro de ese sistema siendo bibliotecarias, promotores de lectura en los PPP, las bibliotecas comunitarias o los programas nacionales coordinados por la Biblioteca Nacional de Colombia.
Todo este modelo, sin embargo, ha cabalgado en estos veinticinco años sobre una idea y una lógica perversa que consiste en crear redes de servicios culturales públicos para que, a su vez, sean gerenciados por organizaciones privadas que licitan año tras año para contratar su personal, su administración y sus servicios. Ese modelo, que ha intentado ser transformado en algunos momentos de la historia, como ocurrió durante las administraciones distritales de Petro, Peñalosa y Claudia López, por funcionarios conscientes de que se necesita una estructura sostenible y pública, hoy hace agua, una vez más, por la desidia de quienes creen que la gestión pública cultural consiste en producir golpes de efecto publicitarios y no en garantizar, de una manera a veces menos rentable en términos políticos, los procesos sociales y la vocación pública de las bibliotecas de la red.
Buena parte de mi vida la he dedicado a trabajar en temas de lectura desde instituciones como Fundalectura, la Biblioteca Nacional, la Cámara Colombiana del Libro, o medios de comunicación como El Espectador y Arcadia o grupos editoriales como Planeta. He frecuentado las bibliotecas públicas del país; he andado los espacios de las diversas redes de Colombia; he sido jurado del premio Daniel Samper Ortega, que reconoce el trabajo de bibliotecarias y bibliotecarios colombianos. Y también he fracasado desde lo público, como ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, en intentar crear, dentro de la función pública, el cargo de bibliotecario, para que quienes se dedican con laboriosidad a crear comunidades lectoras cuenten con estabilidad y reconocimiento público que se merecen. Por eso, me siento responsable de que veinticinco años después de haber sido abierta la red de la cual muchos nos sentimos orgullosos, esté cada vez menos protegida y siga siendo vista como un proyecto más, y no como parte estructural de la política pública de la ciudad.
Hace unos días me reuní con algunos amigos a quienes conocí atendiendo PPP, promoviendo la lectura, o abriendo, día tras día, estas bibliotecas en barrios de la ciudad. Lo primero que debo decir es que todas y todos son seres humanos que están muy por encima de lo que se espera de los contratistas del Estado: todos reconocen que este trabajo en lo público ha sido “el más bello y fundamental en un entorno donde las bibliotecas han dejado de ser espacios con libros a lugares vivos de acción con las personas y colectivos barriales”. Son seres con una convicción excepcional. Entienden su lugar social más allá de las lógicas de la burocracia o la medianía política de los funcionarios que llegamos a ocupar cargos, creyendo que algo de lo público nos pertenece. Pero todos, también, sienten que tras el recorte de trabajadores de las bibliotecas, anunciado una vez más por la Secretaría de Cultura de la ciudad, y ante la inminencia de una celebración, no pueden pasarse por alto los fallos que, de no corregirse y entrar en un debate serio en el Concejo de la ciudad, como el que ha propuesto la concejal Donka Atanasova, del Pacto Histórico, BibloRed no avanzará y se convertirá en una buena idea que celebramos y damos por sentada, pero que naufragará al no reconocer un proceso que, como lo he explicado hasta aquí, merecería ser de primera importancia para la ciudad y para el país.
Las críticas, además del cambio de modelo, en el cual se garantice un funcionamiento público, con personal contratado por la Secretaría, estabilidad laboral y un verdadero plan de acción a futuro, tienen que ver con la sensación de que, al ser un cuerpo de personas cuya relación es eventual y temporal, y se castiga o se premia por las fobias o filias políticas de turno, señalan que hay un tratamiento indigno desde la dirección en lo administrativo y lo salarial. Son personas que se sienten degradadas y precarizadas, y sus equipos, al no tener garantías en el tiempo, terminan sintiéndose excluidos de la construcción de una red que los asume solo como prestadores de servicios.
El trabajo de un bibliotecario, de los miles de promotores de lectura, de los talleristas, editores, escritores y lectores que orbitan alrededor de BibloRed no puede seguir siendo planificado o pensado desde lógicas administrativas: una de ellas me dijo que “las direcciones de lectura y bibliotecas de los últimos seis años hablan de trabajo comunitario pero nunca están, no se hacen presentes, solo figuran para la foto y se van cuando los funcionarios exponen sus procesos, cuando la comunidad muestra con orgullo su trabajo. Desdeñan la investigación, la importancia de los programas con la gente y luego salen a sacar pecho por cifras y números logrados con el trabajo arduo y constante de los funcionarios a pesar de tener a las direcciones y algunos líderes en su contra. Unos beneficios que como mínimo generan suspicacias en Cultura digital y salas LabCo”.
Al no ser incluidos en la co-construcción del sistema, muchas piensan que hay una cultura autoritaria que desconoce sus procesos comunitarios, que se han hecho a lo largo de décadas. Cada administración tiene énfasis, pero el tejido social que han construido las bibliotecas no es despreciable. “Hay un desprecio absoluto por los espacios de colaboración y discusión. Astutamente se desligan de los escenarios colectivos para dialogar y encontrar soluciones. Las directrices son muchas veces negligentes e incompetentes y desconocen el esfuerzo en horas y horas de planeación para sacar unos espacios dignos, de calidad para ofrecer programas significativos para la ciudadanía: hay una cultura de hacer más con menos, sin reconocimientos laborales, ni de tiempo, ni de esfuerzo y ni siquiera de los materiales mínimos y dignos, recortando presupuestos y pidiendo más a los funcionarios que están atiborrados intentando sacar a flote todo mientras lo único que suben son las metas y aun lográndolas no son reconocidos ni valorados”.
Además del predominio de esta cultura neoliberal que convierte lo público en privado, bajo la idea de que nada es gobernable por los ciudadanos y que necesitamos empresas que gestionen por nosotros, la obsesión ha consistido en mostrar cifras de atención, metas e indicadores que ocultan más de lo que dicen. Lo que habla por estos veinticinco años es la comprobación de que se ha producido un tejido de lectores y lecturas en una ciudad compleja como pocas en el mundo. Ese tejido, y no la red, que perciben “desbaratada por una errática mirada sobre el liderazgo de lo público”.
En ocho días se iniciará la Feria Internacional del Libro de Bogotá. BibloRed anuncia en su página que hará un gran pabellón: “LEO: sinfonía del silencio, con 877 metros cuadrados, abrirá sus puertas como una experiencia inmersiva donde leer es también escuchar, sentir y habitar el silencio. Con más de 100 actividades, la Alcaldía de Bogotá presenta una apuesta cultural incluyente que conecta lectura, cuerpo y territorio”. Mientras se prepara el espectáculo, este año BibloRed prescindirá de “diez auxiliares por biblioteca mayor, cinco gestores de servicios, diez mediadores y mediadoras de programación cultural, dos cargos de comunicación y movilización cultural, lo que implica un impacto a su cuerpo del 21 por ciento en la capacidad de programación de las bibliotecas, y se traduce en menos 3.200 actividades al año, afectando 55.000 personas”, según denunció la concejala Donka Atanassova. La respuesta desde la Secretaría de Cultura en la red social X arguye que se trata “de decisiones responsables para garantizar su sostenibilidad ante medidas externas a la administración distrital que han elevado los costos operacionales en bibliotecas, parques y equipamientos recreodeportivos. Pasamos de 460 cargos en 2023 a 534 hoy”. La justificación, sin embargo, elude la responsabilidad al señalar que “hay menores transferencias de la nación, la no aprobación del cobro de alumbrado público por parte del Concejo de Bogotá” y la perla que arguyen quienes se escandalizan por la justicia social para la mayoría: “el aumento del salario mínimo”.
El aseo, la vigilancia y las personas que trabajan en bibliotecas, parques, teatros, polideportivos, CEFE, y otros “equipamientos, implica ajustes por cerca de 56.000 millones de pesos este año”. Y afirma que estos 534 son cargos “formales”. Cargos que, por supuesto, son contratos y no parte de aquello que debería ser después de veinticinco años: una historia de éxito comunitario y social, con estabilidad laboral, con carrera pública, con una defensa y una organización política decidida de quienes han hecho que la lectura, y el trabajo de las bibliotecas, quienes nos han mostrado que podemos tener un destino que no solo recite cifras de impacto y hable de edificios —bellos y virtuosos, sin duda— sino que aprenda que leer es abrir el mundo y la sensibilidad a una conciencia crítica que renuncia al silencio ante la arrogancia y la injusticia que campea en ciertas respuestas institucionales.
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