La candidata presidencial de Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia, dice que la Justicia Especial para la Paz (JEP) no va a ser blanco de sus alas de hierro —si llega a volar hasta la Casa de Nariño— porque dejará que se extinga de manera natural y, si estuviera en sus manos, no la prolongaría por cinco años más, como está estipulado. A lo “Duque sin dominios” frente al acuerdo de paz, esta generación, que es la mía, aprendió el desprecio —y la mala poesía— de sus mayores políticos: hacen trizas cuando ignoran, desfinancian, cierran puertas y dejan que las cosas se mueran solas “como ídolos yertos”. Así pasó con Armero. Su espíritu parece muerto.
Sus mentores son varios, del expresidente Uribe para abajo. Uno de ellos, el ex fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, escribió en el periódico de propiedad de su jefe, el empresario Luis Carlos Sarmiento, una columna tan meliflua como muchas de las que ha publicado durante tantos años de las cuales vale la pena acordarnos.
Martínez titula su columna del 21 de marzo ‘Bienvenida la CPI’. La CPI es la Corte Penal Internacional. El título es tan pueril, que equivale a poner en el tablero del salón de clases, cuando algún gandul le da un golpe a uno: “Bienvenida la Policía Nacional”. Pero, en fin, es de estos relatos que hay que ocuparse, porque son los que han capturado la conciencia nacional de alguna parte de las clases medias y medias altas, a fuerza de repetirse sin que se discutan.
La columna hace una serie de insinuaciones mendaces con ese tono tan suyo de sugerir, burlarse de todo en privado, ser procaz con sus amigotes, y soltar carcajadas (ji, ji, ji) para referirse al soborno, como típicas y clásicas ‘coimas’. Dice el exfiscal señalado de entrampamiento del proceso de paz —del cual participó por acción u omisión como superministro del expresidente Juan Manuel Santos, y que este ternó para fiscal por las misteriosas razones que solo podrían conocer las paredes de los baños turcos del Club el Nogal— que la Corte Penal Internacional “se inaugura” en Colombia a través de una oficina de representación. Después dice —con pretendida ironía— que algo así “era impensable después de que se dijo que la JEP era un modelo de justicia transicional”. Y que era extraño que dicha Corte decidiera aterrizar en el país, después de que el fiscal Karim Khan “decidió quitarle la lupa a Colombia, luego de 17 años de examen preliminar, por falta de progresos frente a los crímenes de guerra”.
“Lo cierto —dice Martínez— es que algo no debe ir tan bien para que la Corte Penal Internacional ponga sus ojos en Colombia, así se diga que todo es con un ánimo estricto de mera ‘cooperación’, sabiendo que la competencia de la justicia internacional es de carácter residual y nada tiene que hacer respecto de Colombia, a menos que vislumbre que se vino la impunidad del conflicto armado”. Es decir, NHM supone y se preocupa por la noticia de la cual él es responsable, pero no de su solución: durante diecisiete años estábamos “bajo la lupa” de la CPI, pero que ahora que hemos salido de ese foco —debido a la impunidad que dejó de imperar en el país—, y se nos ofrece, además, cooperación e intercambio, pues considera a la JEP un modelo de justicia transicional único en el mundo, debemos preocuparnos.
Único porque los resultados lo atestiguan, lo prueban y están allí para que cualquier colombiano compruebe que hemos crecido en un mar de mentiras, y verdades a medias, prorrumpidas en columnas sin ningún sustento, que han contribuido a la violencia en el país.
Trescientos treinta y tres altos mandos imputados —todo el secretariado de las Farc, generales de la República—; una verdad que ha sido contrastada con diversas fuentes judiciales, y no solo el relato de los victimarios; una tarea con soporte científico; cinco resoluciones de sentencias en los macrocasos; sentencias históricas de veintiún mil víctimas de secuestro de las Farc, o la de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate —o ‘falsos positivos’, como los llamaron coloquialmente—; el propio cierre del examen preliminar de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, el 21 de octubre de 2021, entre muchos otros disponibles en el sitio web www.jep.gov.co.
Esta jurisdicción “engendrada” —según el término que usa Martínez— “en La Habana” tendrá problemas garantizados pues pronto proscribe, según su opinión, “el término para concluir la fase investigativa de los crímenes de guerra y de lesa humanidad”, lo cual no es cierto, como él escribe sin sonrojarse. Son 15 años, que terminan en 2032, y que pueden prolongarse, si así lo decide el Gobierno, por cinco años más. Pero algo queda de las mentiras que se repiten sin que nadie las conteste. Hubiera bastado que el exsuperministro hubiera googleado y tomado la información del diario en el que escribe, pero ni siquiera a eso podemos aspirar.
El pasado viernes 27 de marzo, el país pudo comprobar, una vez más, que estamos ante una de las experiencias de justicia más innovadoras, valientes y complejas que se hayan realizado en otros procesos de paz. Rosalba Angélica Quintero de Giraldo y Yésica Natalia Giraldo, madre e hija de John Darío Giraldo Quintero, asesinado en 2004, en la vereda El Jordán, municipio de Cocorná, Antioquia, tomaron el micrófono en la Audiencia de Consolidación de Verdad y Determinación de las Medidas de Reparación a antiguos integrantes del Batallón de Artillería N.º 4 Jorge Eduardo Sánchez, (BAJES). “Yo sé que no es fácil para usted, para mí tampoco —le dijo a Andrés Rosero, uno de los máximos responsables del asesinato—, pero aquí estamos, ustedes asumiendo su responsabilidad y nosotros aquí enfrentando este dolor; de parte de mi abuela, y de parte mía, como muestra de nuestro perdón real y sincero queremos brindarle un abrazo, si lo permite, y si lo desea”. Rosero se lleva ambas manos al rostro y cae de rodillas al tiempo que prorrumpe en llanto. Las dos mujeres se acercan a él y lo abrazan.
Perdonar es un acto valiente como pocos; supone el coraje moral de examinar el pasado, y de considerar cómo ha actuado el tiempo ante quien asesinó y cometió crímenes horrendos, ante quien cometió perjurio, como dice Jacques Derridá. Perdonar es entender que el otro es el depositario de ese horror. Que tendrá que cargar con ello para siempre. Que nada ni nadie lo liberará de ser observado y mirado como alguien capaz de despojar a otro ser humano de su dignidad y de su vida. Y que hay penas para ello, como ir a buscar los cuerpos en ese cementerio que ayudó a sembrar de muerte; o como construir con otros; como pagar condenas en centros de reclusión como granjas o como asistir a las víctimas con su trabajo construyendo infraestructura, etc.
La JEP está haciendo una revolución silenciosa que deberíamos rodear y ampliar e incluso exigir que funcione mucho más tiempo del estipulado. Una ejercicio de justicia relacional como pocos habían existido en nuestro país. Hemos visto víctimas y victimarios confrontados ante jueces, magistrados, investigadores, seres humanos que se han sobrepuesto también a la idea de una justicia del castigo para proponernos un dispositivo de paz que encierra una de las respuestas, a veces tan escasas en este horizonte, que necesitamos como sociedad ante la pregunta sobre las negociaciones o búsqueda de la paz.
Estamos ante una justicia moral, a un proceso vivo de confrontación, de sanción social, de examen: lo importante no es solo qué se perdona, sino quién y a quién se perdona, y eso, por supuesto, también es justicia. Es hora de que los señores y poderes económicos y políticos que opinan en la prensa con tal ligereza e irresponsabilidad entiendan nuestra historia y lo que nos ha ocurrido. Que aprendan de las víctimas, que tengan su coraje moral. Y que no sigan riéndose, y frotándose las manos, mientras anuncian que algo terrible va a pasar en este pueblo.
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