Se consideró audaz subir el salario mínimo un 23,7 por ciento de un tajo y para todo el país. La OIT, China, Estados Unidos, Vietnam, Panamá y más de diez países del mundo llevan décadas demostrando que lo verdaderamente audaz es exactamente lo contrario: gradual y regionalizado.
En Pereira, sobre la avenida Circunvalar, hay una cafetería pequeña. O en Neiva. O en Villavicencio, en Tunja, en Pasto, en Santa Marta, en Barichara o en Murillo. Da igual la ciudad: la historia es la misma. Cuatro empleados: dos en el turno de la mañana, dos en el de la tarde. Lleva años sirviendo el mejor café del barrio, ajustando centavo a centavo sus costos para no quebrar y no despedir a nadie.
Su dueño, a finales de diciembre de 2025, escuchó al presidente Petro anunciarle que desde enero pagaría un 23,7 por ciento más en salarios. No hubo consulta. No hubo gradualidad. No hubo diferenciación entre lo que cuesta vivir en Bogotá y lo que cuesta vivir en Pereira. Un solo decreto, un solo número, para todo el país.
El dueño del café hizo las cuentas esa noche. Tenía dos opciones: vender más tazas de café —lo cual no depende de él sino de cuánta gente quiera café— o subir el precio. El presidente Petro explicó que, si las personas —es decir, sus clientes— ganan más, van a consumir más. Es posible. Pero el consumidor de ese café no necesariamente va a tomar más tazas porque gana más. Lo que sí va a pasar, inevitablemente, es que el café va a costar más. Eso se llama inflación. Y el DANE, que mide la inflación mes a mes, lo confirma.
El Gobierno presentó el aumento del salario mínimo como un acto de audacia y justicia social. El presidente Petro dijo, sin rubor, que seguía las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Eso no es cierto, o al menos es una verdad a medias que merece ser examinada con cuidado.
“Pero la misma organización (OIT) es clara en dos principios que este Gobierno ignoró por completo”.
La OIT sí defiende salarios mínimos dignos que compensen el costo de vida. Pero la misma organización es clara en dos principios que este Gobierno ignoró por completo:
Primero: los incrementos deben ser graduales y dosificados, especialmente cuando se parte de una brecha amplia entre el salario real y el deseado. Un salto del 23,7 por ciento en un solo año, con inflación superior al 5 por ciento, es un choque sin amortiguación que traería consecuencias en mayor informalidad y presión inflacionaria.
Segundo: los salarios mínimos deben diferenciarse por región, ajustados a la realidad económica de cada territorio. Esa es la tendencia internacional. Ese es el criterio de los países que han logrado aumentar salarios sin destruir empleo ni disparar precios.
La verdadera audacia hubiera sido hacer exactamente eso: regionalizar el salario mínimo. Eso sí habría sido una reforma histórica. Eso sí hubiera beneficiado de verdad a los trabajadores más vulnerables. Pero requería trabajo técnico, voluntad política y humildad para escuchar a los expertos. Nada de eso ocurrió.
Déjenme nombrar algunos países que tienen salarios mínimos diferenciados, porque vale aprender de ellos.
China, la segunda economía del mundo con 1.400 millones de habitantes, no tiene un salario mínimo nacional. Cada provincia, cada ciudad, define el suyo según su nivel de desarrollo. Shanghái tiene uno de los más altos; las provincias rurales del interior, uno significativamente menor. Y dentro de cada provincia, hay además diferenciaciones por tamaño de municipio. China entiende algo elemental: no es lo mismo vivir y producir en Shanghái que en una aldea de Yunnan.
Vietnam, un importante exportador manufacturero del mundo, divide su territorio en cuatro zonas salariales. La Zona 1, que cubre las áreas urbanas de Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, tiene el salario más alto. La Zona 2 que cubre las zonas rurales de las ciudades mencionadas, la Zona 3 que cubre otras provincias y ciudades intermedias y la Zona 4 que abarca zonas rurales y menos desarrolladas del resto de país.
Estados Unidos tiene un salario federal de referencia, pero cada estado y muchas ciudades fijan el suyo. Nueva York y San Francisco tienen mínimos que triplican el federal. Mississippi y Arkansas se acercan más al piso. Porque el costo de vida no es el mismo.
México diferencia el salario de la Zona Libre de la Frontera Norte, que cubre 45 municipios, del resto del país.
Panamá tiene más de 50 salarios mínimos distintos según región, actividad económica y tamaño de empresa.
Indonesia, Japón, Rusia, República Dominicana, Brasil, El Salvador: todos aplican alguna forma de diferenciación.
“Llamarle 'tontería' a la política monetaria del Banco no es ignorancia. Es una estrategia”.
Colombia no. Aquí, la misma tarifa para todos: para el empresario del norte de Bogotá y para el tendero de Manaure. El progresismo que gobierna el país —y los gobiernos de las últimas décadas— ha sido miope ante una realidad que Vietnam —un Estado comunista de partido único— y China —que se define como socialista con características chinas— han sabido resolver hace décadas.
El dueño del café de Pereira puede subir el precio de su taza de café, así como lo van a hacer el resto de los cafés en el país. Es su única salida. Pero los exportadores colombianos de productos y servicios no pueden subir el precio con facilidad. Porque en los mercados internacionales, ser competitivo sí importa y la competencia es feroz, imponer un aumento de precio no es tan fácil. Los competidores de Vietnam, Bangladesh, Brasil, Marruecos o México —que tienen salarios diferenciados— tienen una ventaja más sobre nosotros.
Y para ponerle más sal a la herida y al difícil panorama que los empresarios de todos los tamaños están enfrentando, el 21 de abril de 2026 el presidente Petro, en lugar de sentarse a analizar el daño causado, lanzó una amenaza: si el Banco de la República sube la tasa de interés de referencia, él volverá a subir el salario mínimo. Y calificó la política monetaria del Banco como una “tontería”.
Esa muy desafortunada amenaza merece ser examinada con cuidado.
Primero, revela una incomprensión básica de la macroeconomía. Cuando la inflación está por encima del objetivo —y hoy está por encima del 5 por ciento, lejos del 3 por ciento que busca el Banco— la herramienta estándar, probada y validada en todo el mundo es subir las tasas de interés para enfriar la demanda. Es el manual que usan el Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y los bancos centrales de todos los países que han logrado controlar la inflación en las últimas décadas. Turquía ensayó la receta contraria —la que propone Petro— y la inflación se disparó hasta el 85 por ciento. No es teoría del siglo pasado. Es historia de hace apenas unos años.
Llamarle ‘tontería’ a la política monetaria del Banco no es ignorancia. Es una estrategia evidente. La de echarle a un tercero la culpa de las consecuencias de sus propias decisiones.
“Ojalá el próximo gobierno tenga la valentía y audacia de hacer lo contrario de lo que han hecho Petro y los anteriores”.
Segundo, revela el verdadero motor de las decisiones económicas de este Gobierno: las elecciones. Un presidente que sube el salario mínimo 23,7 por ciento sin dosificación, sin regionalización, ignorando las sugerencias de la OIT y las alertas del Banco de la República, y que encima amenaza con repetirlo, no está gobernando para los trabajadores. Está comprando votos con el dinero de las empresas que los emplean, y con la inflación que pagarán esos mismos trabajadores en el supermercado, en el café de la esquina, en el bus.
Además, cuando el salario mínimo formal supera ampliamente lo que puede pagar la economía local, los empleadores no contratan formalmente: contratan por días, por obra, por prestación de servicios. El trabajador que tanto se dice defender termina sin contrato, sin seguridad social, sin vacaciones.
Eso lo saben en China. Lo saben en Vietnam. Lo saben en Estados Unidos. Lo saben en Panamá, que tiene más de 50 salarios mínimos distintos y una de las mayores tasas de formalización laboral de América Latina. Lo sabe la OIT, que lleva décadas documentándolo.
Ojalá el próximo gobierno tenga la valentía y audacia de hacer lo contrario de lo que han hecho Petro y los anteriores. Y que pronto vivamos en una Colombia en la que, en lugar de un decreto general de aumento del salario mínimo de choque, tengamos un sistema de salarios mínimos regionales: uno para Bogotá, otro para las ciudades intermedias, otro para los municipios pequeños y las zonas rurales. Ajustados al costo de vida local, a la productividad regional, al nivel de informalidad de cada economía regional.
Colombia no lo ha podido hacer. No porque sea imposible. Sino porque regionalizarlo requiere técnica, requiere valentía y audacia política para explicarle a la gente que un salario mínimo diferenciado no es injusticia sino inteligencia de cara a la realidad del costo de vida en el país, y requiere gobernar pensando en la economía real y no en la próxima elección.
Mientras eso no ocurra, el dueño del café de Pereira seguirá haciendo cuentas a medianoche. Y la taza de café seguirá costando más.
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