“El problema de la universidad, como pudimos comprobar en Mayo del 68, no es un problema de los estudiantes y de los profesores, sino que es un problema del conjunto de la sociedad, en la medida en que se ponen en cuestión tanto la relación entre la transmisión del conocimiento como la de explotación: tus brazos, si eres barrendero; tus capacidades intelectuales, si eres ingeniero; tus capacidades de seducción, si eres modelo; todo el resto no solamente no le interesa, sino que ni siquiera quiere oír hablar de ello. Todo lo que habla en nombre de ese resto no puede sino alterar ese orden productivo”, escribe Félix Guattari en La revolución molecular, un libro en el que discute, como lo hace en general su obra, esa idea liberal de que podemos considerar las instituciones como libres de control, vigilancia o ideología.
Las universidades colombianas no están por fuera del debate social e ideológico como ha querido imponer el sentido neoliberal para todo lo que se le antoja debe ser excluido de cualquier impugnación. Para quienes creen que la técnica tiene el predominio absoluto y científico, incontaminado y estadístico, nada se puede debatir bajo la idea de que en lugares como las universidades hay independencia, y todos tenemos el derecho a nuestra libertad de expresión.
Cualquier posición que ponga en duda el alcance de la libertad de cátedra, consagrada por la Corte Constitucional como “el derecho garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y evaluación que según su criterio, se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los educandos” (Sentencia C-424/25), y la responsabilidad que les asiste a los maestros y maestras de no mentir y no argumentar falazmente en público, es considerada como una intromisión inadmisible. Para la misma Corte, sin embargo, dicha libertad no es “un derecho absoluto, sino que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la convivencia y la libertad de conciencia, entre otros” (Sentencia T-092/94). Y para la ética, un maestro o maestra debe aspirar a guardar rigor, o en todo caso, si va a opinar, a decir con claridad que se trata de una ocurrencia, y no de un argumento cierto, que es lo que ha pretendido hacer el profesor de la Universidad de los Andes, Daniel Mejía, con sus acusaciones ideologizadas y mendaces contra el candidato Cepeda.
El tuit del profesor Mejía se produjo tras la intervención pública de Iván Cepeda en Medellín, el sábado 27 de marzo. Replicando un tuit del gobernador Andrés Julián Rendón, afirmaba: “No señor Cepeda, no se equivoque. Lo que realmente nos perturba a millones de colombianos es que una persona como usted, que no ha hecho otra cosa en su vida que defender criminales, secuestradores, terroristas, abusadores sexuales de menores de edad, y reclutadores de niños, pueda llegar a la presidencia. Eso es lo que nos preocupa. Porque no queremos que nuestro futuro esté otros 4 años en manos de criminales. Eso es lo que nos perturba” [sic]. A lo que yo respondí: “¿Dirá algo @Uniandes @EconomiaUAndes ante la mendacidad y falacia de uno de sus profesores? ¿O seguimos enseñando el país así?”.
Algunas profesoras, amigas y colegas, vieron en mi trino un llamado a coartar la libertad de expresión o a pedir cabezas; algún colega de radio me espetó que “si abría esa puerta tendría qué saber a dónde terminaría” [sic]. Le respondí que si esa hipótesis era una amenaza. De ahí en adelante, la polémica se centró en por qué yo no condenaba al presidente de la República, o por qué mi sesgo no me permitía ver que estaba llamando a la censura, con este llamado o pregunta a la universidad.
Mi respuesta es que quisieron leer a través de la emoción algo que me parece legítimo discutir. El profesor Mejía escribió al día siguiente en X algunas preguntas que creo que tienen respuesta, y que me permito transcribir:
¿Quién ha defendido, protegido y respaldado públicamente a criminales como Jesús Santrich e Iván Márquez? Recordar que estos dos terroristas fueron los principales líderes de las Farc que incumplieron el acuerdo de paz de 2016 y siguieron delinquiendo y traficando cocaína.
Iván Cepeda defendió, como millones de colombianos, el proceso de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con las extintas Farc. Y claro que tuvo reuniones con los altos mandos de esa guerrilla como congresista y facilitador de los diálogos. Es cierto que señaló el entrampamiento, durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez —en la que trabajó el profesor Mejía como director de Políticas Públicas—, al que fueron sometidos tanto Santrich como Márquez, y que los hizo tomar la peor decisión posible, que fue, por supuesto, condenada públicamente por Iván Cepeda.
¿Quién ha sido el arquitecto de la fracasada Paz Total, estrategia bajo la cual se han hecho concesiones desbordadas a grupos criminales y se le han brindado salvoconductos jurídicos para seguir delinquiendo? Todas las evaluaciones de la llamada paz total muestran que esa estrategia ha sido un rotundo fracaso, ha fortalecido a los grupos criminales y ha aumentado los niveles de violencia en el país.
La premisa es falsa: el arquitecto es un Gobierno conformado por quienes llegaron al poder democráticamente. Es decir, no es un cabecilla, como sugiere el profesor. La estrategia ha sido un fracaso para muchos, y aunque él sostenga que todas las evaluaciones así lo señalan, podríamos hablar de cómo otras dimensiones de la paz han llegado a los territorios colombianos. Es una pregunta que se puede discutir sin insinuar arquitectos con planes maquiavélicos, como sí ocurrió con el exfiscal de autos.
¿Qué candidato presidencial ha guardado un silencio cómplice y ensordecedor frente a los graves actos terroristas, homicidios de líderes sociales, reclutamiento de menores, y muchos otros delitos cometidos por las disidencias de la Farc, el ELN y otros grupos criminales?
No he visto tal silencio. Durante treinta años, Iván Cepeda ha acompañado a las víctimas del conflicto en Colombia. No en vano cientos de asociaciones y movimientos de víctimas hoy lo respaldan.
En particular, ¿qué candidato presidencial no ha dicho absolutamente nada frente a las revelaciones de la Fiscalía según las cuales las disidencias de las Farc ordenaron el asesinato de Miguel Uribe?
“Expreso mis condolencias y solidaridad con la familia, amigos y copartidarios del senador de la República y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Espero que los autores de su asesinato sean sancionados penalmente, y que en Colombia desaparezca la violencia de la política”: Iván Cepeda Castro.
Sobre la posdata a este tuit, en la que, con sorna, me dedica lo siguiente: “si el exministro de Petro, @jdcorreau, quiere seguir acusándome, de manera infantil y muy ‘canceladora’, por opinar esto ante la universidad en la cual trabajo, y ante la universidad donde estudié el doctorado, adelante. Pero pierde su tiempo si lo que busca es que @EconomiaUAndes @uniandes me despida, me ‘cancele’, o censure mis opiniones en una red social…”, le contesto: me asiste el derecho de impugnar a la universidad donde cursé mi pregrado en Literatura. Y sobre su complejo de tener que llamar infantil a aquello que le parece no está a “su altura”, eso dice más de su relación con la infancia que de la mía. Finalmente, usar mi presunto deseo de cancelación para excusarse de mentir públicamente, mientras enseña temas de seguridad a estudiantes, con argumentos como los que usa en sus tuits, solo habla de sí mismo: “Más nos vale el más valer, / Que el resto ortigas lo tapan, / Y el deber sólo se cumpla / Para que huelguen palabras”: Pessoa.
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