Antes de que empiecen las elecciones presidenciales, Petro ya anunció quién tiene la culpa si su candidato pierde. No es nuevo: en su gobierno, la responsabilidad siempre es de otro. Esta vez le tocó al sistema electoral.
Hay una estrategia tan antigua como la política misma: si crees que no puedes ganar, cuestiona las reglas del juego antes de que empiece el partido. Gustavo Petro la aplica con una consistencia que, si no fuera tan peligrosa para nuestra democracia, casi merecería un aplauso.
Desde hace meses, el presidente viene construyendo un relato en el que nos advierte que ahí viene el lobo: el sistema electoral colombiano está amañado, el software que consolida los votos es una caja negra al servicio de sus enemigos, y si su candidato pierde las elecciones presidenciales, ya sabemos de quién será la culpa. No la suya. Nunca la suya.
Petro afirmó que, pese a una sentencia del Consejo de Estado que conminó a la organización electoral a contar con un software de escrutinio propio, auditable y bajo control estatal, la empresa privada Thomas Greg & Sons mantiene un papel central en la logística electoral, el preconteo y algunos componentes tecnológicos del proceso. Suena grave. Pero hay un problema con esa narrativa: la orden se ha cumplido al menos parcialmente, pues desde 2022 la organización electoral cuenta con un software de escrutinio nacional de propiedad estatal, desarrollado por Indra y administrado por el Consejo Nacional Electoral. Además, fue bajo este mismo modelo electoral —con jurados, formularios E-14, preconteo, escrutinios, contratistas privados y controles partidistas— que Petro fue elegido presidente con más de 11 millones de votos en segunda vuelta. ¿El fraude convenientemente solo opera cuando sus candidatos pierden? (Ver nota al final la columna)
Lo más llamativo es que el mandatario aseguró tener “pruebas de la persistencia del fraude electoral” pero sus afirmaciones tienen matices o inconsistencias. En otras palabras: denuncia sin probar, acusa sin sustentar, alarma sin evidencia alguna. El patrón, por cierto, es idéntico al que ha usado con el software Pegasus, con el trágico accidente del avión Hércules del Putumayo y con decenas de situaciones en las que primero dispara y luego apunta. En el Gobierno Petro, la responsabilidad siempre es de otro: del uribismo, de las cortes, de los medios, de fuerzas oscuras, del Gobierno anterior. Ahora le tocó el turno al sistema electoral. Qué sorpresa.
La Registraduría Nacional ha sido pedagógicamente paciente: el software no cuenta votos, los consolida. Son cosas distintas. Hay testigos electorales de todos los partidos presentes en las mesas. Hay formularios E-14 firmados. En las elecciones al Congreso del 8 de marzo de 2026, la diferencia entre el preconteo y el escrutinio fue de menos del 1 por ciento, un indicador evidente que desvirtúa la posibilidad de un fraude electoral. Pero los datos no importan cuando la narrativa está en construcción y en marcha veloz.
“En otras palabras: denuncia sin probar, acusa sin sustentar, alarma sin evidencia alguna”.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a Petro rectificar sus afirmaciones, al considerar que sus advertencias sobre presunto fraude son “infundadas” y constituyen “una amenaza de perjuicio irremediable” que pone en duda la confiabilidad de la organización electoral sin fundamentación debida, comprometiendo la estabilidad social del país. Fue obligado a rectificar. Lo hizo, con la boca pequeña, y días después siguió en las mismas.
Recordemos también que este sistema electoral es el que, en 2016, bajo la supervisión de un gobierno que deseaba fervientemente que ganara el Sí, contó los votos del plebiscito por la paz con las Farc y validó el triunfo del No por un apretado margen. Si hubiera querido favorecer a alguien, habría sido al establecimiento de entonces. No lo hizo.
“Ojalá Petro tenga la altura de aplicarse el mismo estándar que le pidió al dictador venezolano”.
La trampa en la que no debemos caer es simple: cada vez que Petro grita fraude, sin pruebas, nos invita a pelear su batalla por él. A dividir el debate entre quienes le creen y quienes no, en lugar de discutir lo que realmente importa: el país que entrega y el que quisiéramos recibir.
El propio Petro le exigió a Nicolás Maduro que reconociera su derrota electoral, cuando la oposición venezolana demostró técnicamente que había ganado y Maduro se aferró al poder mediante un fraude real, documentado y comprobado. Ojalá Petro tenga la altura de aplicarse el mismo estándar que le pidió al dictador venezolano.
No digo que vaya a quedarse en el poder por la fuerza, porque no lo creo. No es un dictador. Pero no se irá sin insistir en que hubo trampa si su candidato —Iván Cepeda— pierde. Preferirá que la historia lo recuerde como el presidente que quiso seguir transformando el país pero no pudo, no porque el pueblo no lo quisiera, sino porque le hicieron trampa. Allá él si se cree sus propias mentiras. Lo que no puede permitirse es arrastrarnos con ellas.
Colombia tiene una Registraduría seria, una tradición electoral respetable y mecanismos de control probados. Si en unas pocas mesas de las más de 102.000 que se instalan en el país hay irregularidades, los canales existen para impugnarlas. Eso no define una elección presidencial.
“Ya estamos advertidos. Si el candidato del Gobierno pierde, vendrá el grito de fraude”.
Ya estamos advertidos. Si el candidato del Gobierno pierde, vendrá el grito de fraude. El riesgo real no es ese grito en sí, sino que nos distraiga durante cuatro años que Colombia necesita dedicar enteros a recomponer el rumbo: corregir decisiones equivocadas, enfrentar la herencia fiscal y recuperar el tiempo perdido. No podemos llegar a esa tarea con la cabeza puesta en el cuento del lobo. Aquí el lobo nunca llegó.
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Nota:
Conviene entender cómo funciona el sistema electoral para no caer en el cuento del lobo. Nadie —ni ninguna empresa ni ningún software— cuenta los votos en Colombia. Los cuentan físicamente los jurados de votación, mesa por mesa, y los registran en el formulario E-14, que queda en papel y firmado. Luego esos datos se transmiten, digitalizan y consolidan para el preconteo, que es el resultado preliminar que el país ve la noche de elecciones. Es vistoso e inmediato, pero no tiene valor jurídico definitivo.
El resultado oficial nace del escrutinio, que es un proceso jurídico, escalonado y verificable. La crítica de Petro parte de un hecho real: una sentencia del Consejo de Estado, derivada de irregularidades en elecciones anteriores, conminó a la organización electoral a contar con un software de escrutinio propio, auditable y bajo control estatal. Petro sostiene que esa orden no se ha cumplido. La verdad es más matizada: se cumplió parcialmente. Desde 2022 existe un software de escrutinio nacional de propiedad estatal, desarrollado por Indra y administrado por el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, en etapas logísticas, de preconteo y de escrutinio territorial siguen participando contratistas privados, entre ellos Thomas Greg & Sons.
Pero incluso allí el salto de la preocupación técnica a la acusación de fraude es enorme. En Colombia hay actas físicas, formularios E-14, testigos de partidos, medios reales y efectivos de reclamación, comisiones escrutadoras, observación electoral y trazabilidad documental. El software puede transmitir, consolidar o facilitar la información; no reemplaza las actas ni decide la elección. Como afirmó Frey Muñoz, subdirector de la Misión de Observación Electoral (MOE), “alterar un software para modificar los resultados en un sistema con trazabilidad basada en documentos electorales sería muy palpable”.
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