Lo dicen con una seriedad pasmosa. Lo he oído en reuniones, en televisión y lo he leído en documentos sesudos: la izquierda no sabe de seguridad, mientras ese sería el punto fuerte de la derecha. A la luz de estos cuatro años de gobierno de Gustavo Petro, podría conceder la primera parte de la afirmación. Una política de seguridad no se reduce a combatir la corrupción ni a ordenar bombardeos cuando el caos arrecia, como lo hace el presidente. Al mismo tiempo, el programa de Iván Cepeda, aunque se fija en lo estructural, no responde a la urgencia de recuperar territorios como el Cauca y el Catatumbo, más allá de los diálogos humanitarios.
Pero si la izquierda no sabe de seguridad, en cambio la derecha tampoco. Porque si miramos hacia el pasado, los gobiernos de derecha lo que hicieron fue la guerra. Y nos dejaron como herencia nueve millones de víctimas; medio millón de civiles asesinados; cientos de miles de desaparecidos; y extensos territorios bajo control criminal.
Una de las causas de este fracaso es que, durante años, los gobiernos de derecha, bajo la consigna de derrotar a las guerrillas, delegaron la seguridad en civiles armados, incluidos actores ilegales y narcotraficantes. El fenómeno paramilitar no fue una excepción sino un rasgo estructural de la contrainsurgencia en Colombia, como lo ha documentado la JEP. Y lamento decir que tuvo alto grado de consenso dentro del establecimiento.
Quienes idealizan a la derecha también omiten que las “fuerzas armadas más civilistas del continente” acumulan un récord de condenas internacionales por violaciones de derechos humanos, comparable con el de países que vivieron dictaduras. El punto culminante son los 7.837 asesinatos fuera de combate, cometidos por soldados que, según Álvaro Uribe Vélez, actuaban para engañarlo a él.
Esas políticas supuestamente “eficaces”, le fallaron a la gente. Resultaron un poco mejor cuando buscaron la paz, y peor cuando apostaron por el militarismo. Porque la seguridad no consiste en exhibir cadáveres como trofeos, sino en proteger la vida, la libertad y los derechos.
Si la derecha realmente supiera de seguridad, su principal candidata debería demostrarlo. Pero el programa de Paloma Valencia recicla fórmulas del pasado, poco sensibles a los cambios del país.
Partamos de un hecho: en 2002, Álvaro Uribe Vélez recibió un país con niveles extremos de violencia, y en pocos meses todos los indicadores bajaron. Lo que Paloma parece ignorar es que la principal contribución a esta reducción provino de la negociación con las AUC. Aunque el cese al fuego paramilitar fue sangriento y el proceso tuvo disidencias, como el Clan del Golfo, aquel desarme pactado se sintió como un alivio.
En Colombia, las mayores reducciones de la violencia han coincidido con procesos de paz: el periodo de la Asamblea Constituyente, la negociación con los paramilitares y el acuerdo con las FARC-EP. De ahí que una propuesta cuyo centro es “fortalecer la fuerza pública” deba demostrar que puede lograr resultados similares solo por la vía militar, sin acudir al diálogo.
También sorprende que recurra a otra fórmula fallida de control territorial. Valencia plantea una secuencia lineal: primero control militar, luego presencia social del Estado. La experiencia, desde los tiempos de su abuelo, ha mostrado que ese orden no logra consolidar el control ni evitar la expansión de grupos armados. Eso de soldados haciendo de maestros y enfermeros suena bien en el papel, pero es difícil de sostener dentro de nuestro orden legal.
En el plano fiscal, su programa tampoco cuadra. Propone aumentar el gasto en defensa hasta en veinte billones de pesos, mientras promete bajar impuestos. Sin nuevas fuentes de ingreso, eso implicaría recortes en gasto social o un desequilibrio fiscal peor que el actual. Que lo diga Uribe, que tuvo que imponer un impuesto al patrimonio con el que recaudó 2,5 billones de pesos para la seguridad democrática. Tampoco es una novedad que vaya a destinar 4 por ciento del PIB para este sector, ya que ese es, más o menos, el promedio actual. ¿Cómo va a financiar entonces 60.000* soldados y policías nuevos?
Habla también de un nuevo Plan Colombia, una promesa que se queda en el aire pues eso depende de Trump, quien no ha dado señales de querer invertir otros diez mil millones de dólares en este feudo. Entre otras cosas, porque ya el problema se extendió por el continente. La candidata de la derecha haría bien en revisar la evidencia sobre ese plan pues, aunque tuvo éxito relativo como programa contrainsurgente, sus resultados contra el narcotráfico son bastante débiles. Paloma dice que no impulsará la erradicación voluntaria de coca, pese a que se ha demostrado que es la estrategia con resultados más duraderos y que es un derecho adquirido por las comunidades cocaleras en el acuerdo de paz.
Llama la atención que su programa guarde silencio sobre la JEP, tema central de discordia con Juan Daniel Oviedo. Ella se propone sacar a los militares de esa jurisdicción, lo que implica desmantelarla. Ignora que fueron los propios militares quienes hicieron parte de su diseño en La Habana, porque les garantiza la mayor seguridad jurídica.
La apuesta de Paloma deja la sensación de que la derecha no ha aprendido lo suficiente de su propia experiencia. Que sigue midiendo la seguridad en función de resultados militares, del conteo de cuerpos, más que de la protección efectiva de la población. De ahí que la aparición de Uribe como eventual ministro de Defensa sea un corolario dramático para anclarnos en el pasado.
No me detengo en la propuesta de Abelardo de la Espriella, pues exige cambios radicales a la Constitución y difícilmente puede considerarse realista. Olvida algo básico: Colombia no es El Salvador.
Así las cosas, en materia de seguridad no hay nada sólido sobre la mesa, ni de parte de la izquierda ni de la derecha. Solo humo. Y, de nuevo, la niebla de la guerra.
Posdata: toda mi solidaridad con La Silla Vacía. Creo que es un medio serio que está siendo atacado por varios flancos, incluida la Presidencia de la República. La libertad de expresión es un derecho fundamental que debe ser respetado en todo momento.
*Debido a un lapsus en la redacción, se había escrito la cifra de 120.000 soldados y policías nuevos, por lo que este lunes 4 de mayo se corrigió el número. El correcto es 60.000 soldados y policías nuevos.
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