A mediados de los noventa, el Proceso 8.000 sacó a muchos estudiantes a la calle. Yo fui uno de ellos.
No recuerdo con exactitud si fue en 1995 o en 1996. La memoria, con los años, mezcla fechas, caras, pancartas y consignas. Pero sí recuerdo la sensación. Colombia estaba partida por una pregunta moral: ¿qué pasa cuando una democracia siente que su origen pudo haber sido contaminado?
Éramos jóvenes. Caminábamos con esa mezcla peligrosa y necesaria de indignación, esperanza y superioridad moral que suele acompañar a la juventud. Creíamos que la decencia podía salir a la calle, levantar la voz y corregir el rumbo de un país.
Tal vez teníamos razón en parte.
Tal vez también nos faltaban años para entender que una cosa es exigir verdad y otra muy distinta es creer que la rabia, por justa que sea, puede reemplazar a las instituciones.
No escribo esto para arrepentirme de haber marchado. Al contrario: me da orgullo haberlo hecho.
Creo que hay momentos en que la ciudadanía cumple una función democrática indispensable: incomodar, advertir, despertar, exigir. Las democracias no se cuidan solo con silencio, obediencia y buenos modales. También se cuidan con ciudadanos capaces de preguntar lo que el poder no quiere responder.
Pero hay una frontera que nunca deberíamos olvidar.
La ciudadanía vigila.
La institucionalidad decide.
En ese movimiento conocí a Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Recuerdo una conversación en particular. Le pregunté quién había escondido la espada de Bolívar. No me respondió con un nombre. Me mandó a leer un libro: Aquel 19 será.
Con los años entendí que esa respuesta decía mucho más que cualquier nombre.
La espada no era solo una espada. Era una herida. Un símbolo. Una justificación. Una memoria. Una advertencia.
El 19 de abril de 1970 quedó instalado en nuestra historia política como una fecha de sospecha. Para unos, fue fraude. Para otros, una derrota convertida en mito. Para algunos pocos, fue la confirmación de que las vías institucionales no bastaban para tramitar la voluntad popular. De esa herida nació parte del relato que años después tomó una espada de una casa museo y la convirtió en emblema político.
No traigo esa historia para igualar épocas que no son iguales. Las fechas no se repiten como copias. La historia casi nunca vuelve vestida igual.
Pero los países sí repiten gestos.
Repiten formas de desconfiar. Repiten lenguajes. Repiten reflejos. Repiten la tentación de pasar de la duda a la sentencia, de la sospecha a la identidad, de la frustración al incendio.
Por eso me inquieta tanto este momento.
Colombia se acerca a otra fecha cargada: el 21 de junio. Una segunda vuelta presidencial siempre despierta emociones fuertes. Más aún en un país cansado, polarizado, desconfiado y lleno de heridas viejas que nunca terminan de cerrar.
Pero el 21 no puede convertirse en otro 19.
No porque no pueda haber dudas. En democracia puede haberlas. Debe haberlas. Las actas se revisan, las reclamaciones se presentan, los votos se escrutan, las inconsistencias se corrigen y las autoridades tienen la obligación de explicar con claridad.
Pedir transparencia no es atacar la democracia.
Exigir rigor no es sabotearla.
Reclamar por los canales legales no es desconocer las instituciones; es usarlas.
El preconteo no es el resultado oficial. Esa precisión importa. No es una sutileza técnica ni una nota al pie. El resultado oficial se define a través del escrutinio, con actas, autoridades, reclamaciones y procedimientos.
Esperar el escrutinio no debilita la democracia. La honra.
Lo que la debilita es convertir cada demora en sospecha, cada diferencia en conspiración y cada procedimiento en campo de batalla simbólico.
Pedir revisión es legítimo.
Insinuar certezas antes de probarlas es irresponsable.
Exigir transparencia fortalece la democracia.
Usar la incertidumbre como gasolina la debilita.
Ahí está la línea delgada.
La democracia se rompe cuando hay fraude. Pero también se erosiona cuando se grita fraude sin pruebas, cuando se responde a la duda con amenazas, cuando se reemplazan los procedimientos por cadenas, los jueces por arengas y las actas por rabia.
Yo marché cuando era estudiante porque sentía que la democracia había sido herida por debajo de la mesa. No quiero traicionar a ese joven diciéndole ahora que se calle, que no proteste, que no pregunte, que no desconfíe nunca.
Le diría algo distinto.
Le diría: protesta, pero no mientas.
Pregunta, pero no incendies.
Desconfía, pero no conviertas tu sospecha en verdad antes de probarla.
Exige, pero acepta que incluso la indignación necesita límites.
Porque una democracia madura no es aquella donde nadie duda. Es aquella donde incluso la duda tiene camino, prueba, trámite y límite.
Ese camino se llama institucionalidad.
Y la institucionalidad no es una palabra fría para discursos de posesión. Es una disciplina colectiva. Es aceptar que mi emoción no reemplaza el acta. Que mi miedo no reemplaza el escrutinio. Que mi preferencia política no reemplaza la ley. Que mi candidato no es la democracia. Que mi derrota no es necesariamente fraude. Que mi victoria no me autoriza a humillar.
Esa disciplina obliga a todos.
A quien va ganando, a esperar con templanza y sin arrogancia.
A quien va perdiendo, a reclamar con pruebas.
A quien gobierna, a medir cada palabra.
A quien se opone, a cuidar la fuerza de cada respuesta.
A los ciudadanos, a no convertir cada chat en un tribunal y cada rumor en sentencia.
Este no es un llamado a votar por nadie. Es un llamado a no maltratar al país, gane quien gane.
Colombia necesita aprender a ganar sin aplastar y a perder sin romper. Necesita aprender a reclamar sin amenazar y a responder sin burlarse. Necesita aprender que la confianza no se decreta, pero tampoco se destruye por desafuero.
El 21 de junio no debería ser una fecha para demostrar quién grita más duro.
Debería ser una fecha para demostrar si aprendimos algo.
Si aprendimos que las actas importan más que las arengas.
Si aprendimos que las instituciones se defienden usándolas, no debilitándolas.
Si aprendimos que la transparencia no es espectáculo, sino procedimiento.
Si aprendimos que la democracia no se sostiene solo con convicciones, sino también con límites.
Hace más de cincuenta años, una generación convirtió una sospecha electoral en una espada escondida.
Hoy, Colombia necesita hacer exactamente lo contrario.
No esconder símbolos.
No inventar enemigos.
No reemplazar instituciones por rabia.
No convertir cada duda en conspiración ni cada resultado en humillación.
La espada pertenece a la historia.
El acta pertenece a la democracia.
El 21 de junio no puede convertirse en una fecha que el país tenga que recordar con vergüenza. No puede ser otro día que después tengamos que explicar con pena, con rabia o con excusas. No puede ser una nueva cicatriz en esa larga historia colombiana de resultados que una parte celebra y otra parte desconoce.
Debe ser otra cosa.
El día en que Colombia votó.
El día en que Colombia contó.
El día en que Colombia revisó.
El día en que Colombia reclamó lo que debía reclamar.
El día en que Colombia aceptó lo que debía aceptar.
Y siguió siendo una democracia.
Aquel 21, si hacemos las cosas bien, no será recordado como el día en que volvimos a empezar la misma discusión.
Será recordado como el día en que, por fin, entendimos que no necesitamos esconder espadas para sentir que defendemos al país.
Nos basta con cuidar las actas.
Nos basta con respetar el proceso.
Nos basta con no incendiar la confianza.
Que no tengamos que explicar con vergüenza aquel 21.
Que podamos recordarlo sin bajar la mirada.
Aquel 21, ojalá, Colombia esté a la altura de sí misma.
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