Empecé en el periodismo en 1995. Ese año llegué como practicante a la corresponsalía de Televisión Española para la zona andina y el Caribe. Aprendí como se aprendía entonces, haciendo de todo. Fui asistente de producción, hice sonido, fui camarógrafo y entré al oficio en medio del Proceso 8.000, cuando el país estaba sacudido por el escándalo de la financiación de la campaña presidencial de Ernesto Samper.
En la televisión abierta convivían cerca de 14 noticieros en el Canal Uno y en el Canal A. Cada uno tenía línea editorial, propietarios, intereses y cercanías distintas con el poder. Muchos estaban ligados a familias políticas, expresidentes o grupos influyentes, pero aun así existía una pluralidad que hoy parece lejana. El país podía ver una misma crisis desde varios puntos de vista. El oficio, sin embargo, nunca ha sido fácil. Las redacciones apenas dejaban atrás el horror de Pablo Escobar y sus atentados criminales y, en ese entonces, a mediados de los años noventa, se sentía una presión enorme por la sombra del DAS y de un poder que intimidaba y vigilaba.
A finales de esa década llegó el cambio que muchos periodistas leímos como una gran oportunidad laboral. Fue la entrada de los canales privados. Caracol y RCN salieron al aire el 10 de julio de 1998. La televisión colombiana cambió de modelo. Antes, el Estado era propietario de los espacios televisivos que alquilaba a programadoras. Con los canales privados, dos empresas pasaron a tener canales completos. Para muchos periodistas, camarógrafos, sonidistas y editores, la expectativa era más empleo, más oportunidades y más y mejores espacios para contar historias.
Lo que vimos fue distinto. Los grupos económicos concentraron la pauta, los contenidos y la distribución. Los pequeños noticieros, muchos de los cuales funcionaban en casas de Teusaquillo o Chapinero, empezaron a quedarse sin oxígeno. La plata que antes se repartía entre varias empresas terminó circulando dentro de los mismos conglomerados. Prácticamente, de un bolsillo al otro.
Vi esa crisis. Vi gente despedida. Vi periodistas curtidos salir sin saber qué hacer. Vi noticieros cerrar. Recuerdo historias de trabajadores que se quedaron esperando pagos que nunca llegaron. En algunos casos, según se contaba entre colegas, a varios terminaron pagándoles con muebles, sillas o escritorios. Era la quiebra de un modelo y también la quiebra silenciosa de muchas vidas laborales. El país ni se enteró. Para la mayoría fue apenas el cierre de unos programas. Para muchos periodistas fue el comienzo de una pérdida que jamás se recuperó.
Desde entonces, el deterioro económico del periodismo ha sido una constante. Cada vez las oportunidades parecen ser más escasas y menos lustrosas. Los periodistas con más experiencia, que antes eran el corazón de una redacción, empezaron a ser caros para empresas en crisis. Muchos fueron sacados del sistema y reemplazados por jóvenes mal pagos, sobrecargados y obligados a producir para televisión, radio, web, redes sociales y video al mismo tiempo. Las redacciones se achicaron, pero la demanda de contenido sigue creciendo y las condiciones son más complejas.
En 2025, según la FLIP, W Radio y Caracol Radio dejaron por fuera de sus equipos a 42 periodistas y empleados de distintas áreas y niveles. RCN anunció la fusión de su Cadena Básica con La FM, con despidos y con el cierre de la histórica marca RCN Radio. El Tiempo rescindió el contrato de al menos 80 trabajadores, de los cuales se estima que cerca del 10 por ciento eran periodistas. El Espectador recortó cerca de 30 personas y disolvió su Unidad de Investigación, integrada por 13 periodistas. Ese mismo año, la Encuesta Nacional de Libertad de Expresión 2025, realizada por la FLIP y Cifras & Conceptos, encontró que el 56 por ciento de los trabajadores de medios encuestados tenía ingresos inferiores a tres millones de pesos mensuales y que solo el 44 por ciento contaba con contrato a término indefinido. El 62 por ciento dijo que el desgaste emocional lo había llevado a autocensurarse, abandonar temas o considerar dejar la profesión.
Al complejo panorama económico se le ha sumado otra seria amenaza: las bodegas digitales.
La crítica a los medios y a los periodistas hace parte del oficio. Hay que aceptarla, responderla cuando corresponde y aprender de ella. Otra cosa es la operación coordinada para destruir a un periodista como individuo. Esos ejércitos digitales insultan, señalan, perfilan, marcan políticamente y acusan de vendido, de mafioso, de agente extranjero o de enemigo. Buscan convertir al reportero en blanco.
Uno va aprendiendo a no responderles a bots, a haters, a esas miles de cuentas anónimas que solo buscan arrastrarlo a discusiones sin salida. Pero esos ejércitos logran hacer daño. Los periodistas empiezan a limitar su participación en redes, no por falta de rigor, sino por el costo emocional y profesional que viene después de cada revelación.
La FLIP y Linterna Verde estudiaron durante un año y medio el acoso digital contra periodistas en Colombia. Analizaron tendencias como #CaracolMiente, ‘prensa Mossad’ y ‘muñecas de la mafia’. En el primer caso revisaron cerca de 20.000 trinos. En el segundo, la palabra ‘Mossad’ tuvo más de 8.600 menciones en X en un día, 28 veces por encima del promedio. En el tercero, la expresión ‘muñecas de la mafia’ produjo cerca de 300.000 menciones entre el discurso presidencial y los días siguientes. La Corte Constitucional terminó interviniendo. En la Sentencia SU-432 de 2025 acogió las pretensiones de 16 mujeres periodistas y pidió al presidente Gustavo Petro abstenerse de usar expresiones estigmatizantes contra ellas.
Hoy, las bodegas operan de manera más efectiva en un terreno más fértil: redacciones debilitadas, periodistas aislados, medios con menos capacidad jurídica y audiencias polarizadas. En ese ecosistema aparece una zona muy gris. En Colombia hay influenciadores, opinadores digitales y operadores de redes que, mientras mantienen vínculos contractuales o políticos con entidades públicas, participan en campañas de ataque contra periodistas. La gravedad no está en la contratación estatal, que es una figura legal y necesaria para muchas labores públicas, sino en el uso de esas posiciones o cercanías para insultar, acosar, estigmatizar, señalar o amplificar hostigamientos contra reporteros. Ese margen ambiguo permite que algunas agresiones se presenten como opinión personal, aunque terminen funcionando como parte de estrategias políticas.
El tercer golpe es el más duro: la violencia física, las amenazas, los asesinatos, los desplazamientos y el exilio.
Las cifras del periodo reciente son graves. En 2024, la FLIP registró 530 ataques contra 330 comunicadores en todo el país. Hubo 215 amenazas, 20 desplazamientos forzados, cuatro exilios, dos secuestros y tres periodistas asesinados por razones vinculadas con su oficio: Jaime Vásquez, en Cúcuta; Mardonio Mejía, en Sucre; y Jorge Méndez, en Norte de Santander. Los casos de desplazamiento pasaron de dos en 2023 a 20 en 2024, un aumento del 900 por ciento. Las agresiones cometidas por grupos criminales o delincuenciales subieron de 81 en 2023 a 122 en 2024, un incremento del 51,8 por ciento. Ese dato explica lo que muchos periodistas regionales repiten en privado: la guerra volvió a controlar información.
En 2025, la FLIP documentó 469 agresiones contra 305 periodistas. Las amenazas fueron la agresión más frecuente, con 192 casos, el 41 por ciento del total. Más de cien periodistas fueron intimidados en 29 de los 32 departamentos del país. Ese año asesinaron a Óscar Gómez Agudelo en Quindío, Gustavo Chicangana sobrevivió a un intento de homicidio en Guaviare y el edificio donde funcionan RCN Radio, RCN Televisión y La República en Cali fue atacado con explosivos. Catorce periodistas tuvieron que desplazarse dentro del país y siete salieron al exilio.
El arranque de 2026 confirmó que el proceso electoral agravó el riesgo. Entre el 1 de enero y el 15 de mayo, la FLIP documentó 150 agresiones contra la prensa en Colombia. De ese total, 44 estuvieron relacionadas con el cubrimiento electoral, un aumento del 175 por ciento frente al mismo periodo de 2022. Los hechos más frecuentes fueron amenazas, obstrucciones al trabajo periodístico, estigmatizaciones, acciones arbitrarias en redes sociales y acoso.
El periodo del Gobierno Petro merece una mirada específica. El Gobierno recibió un país con violencia histórica contra periodistas, con presencia de grupos armados, impunidad y deterioro de la prensa regional. Esa herencia no exime al Estado de su responsabilidad durante estos años. En mayo de 2026, Reporteros Sin Fronteras señaló que la agenda de protección a la prensa llegaba al final del mandato con tareas inconclusas. La organización documentó al menos ocho periodistas asesinados por razones vinculadas con su oficio durante la Presidencia de Gustavo Petro, entre ellos Rafael Moreno, Mardonio Mejía, Jaime Vásquez, Óscar Gómez Agudelo y Mateo Pérez Rueda.
Este 6 de junio de 2026 asesinaron en Cúcuta a Cristian Herrera Nariño, periodista judicial, exdirector de Q’Hubo, antiguo reportero de La Opinión, miembro del consejo directivo de la FLIP y defensor de la libertad de prensa en Norte de Santander. Tenía amenazas desde hacía años y contaba con protección estatal. Con su crimen, la cifra histórica llegó a 171 periodistas asesinados en Colombia por razones vinculadas con su oficio desde 1977. En menos de un mes, el país había perdido a Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, y a Cristian Herrera, asesinado en Norte de Santander. Dos periodistas regionales en territorios atravesados por violencia, corrupción y grupos armados.
Cuando un periodista es asesinado, desplazado o forzado al exilio, pierde él, pierde su familia, pierde su medio y pierde su comunidad. La ciudadanía deja de saber qué está pasando con la plata pública, con la seguridad, con la contratación, con la salud, con la educación, con las economías ilegales y con los abusos de poder. Cada reportero silenciado deja un territorio con menos información.
Por eso me preocupa la facilidad con la que desde sectores políticos se pretende decidir quién es periodista y quién no. Se mete a todos en la misma bolsa. Se habla de “periodismo hegemónico”, de “periodistas enmermelados”, de “medios vendidos”, como si cada medio no fuera distinto y cada periodista no tuviera una historia, una trayectoria y una responsabilidad propia. Esa generalización es peligrosa.Convierte a los reporteros en enemigos.
El periodismo exige método, contraste, archivo, fuentes, edición y responsabilidad . Puede equivocarse, y cuando se equivoca debe responder. Pero destruir el periodismo porque incomoda al poder afecta directamente el derecho ciudadano a estar informado.
Treinta años después de haber entrado a este oficio, veo una misma línea de deterioro: menos medios, menos trabajo estable, salarios bajos, más ataques digitales, más amenazas, más periodistas desplazados y más colegas asesinados. Al mismo tiempo, veo reporteros que siguen saliendo a la calle, corresponsales que siguen enviando notas desde territorios difíciles, editores que siguen haciendo su trabajo con pasión y entrega, fotógrafos que siguen llegando donde otros no llegan y periodistas jóvenes que todavía creen que este oficio vale la pena.
Vale la pena. Porque cada vez que cierra un medio, cada vez que una ‘bodega’ logra callar a un reportero, cada vez que un periodista sale de su región por miedo o renuncia al oficio porque de algo hay que vivir, cada vez que matan a uno y el crimen queda impune, el país pierde información para tomar mejores decisiones. Defender a los periodistas no es defender un gremio. Es defender esa luz que permite ver lo que otros quieren mantener en la sombra, esa luz que cuando se prende espanta a las cucarachas, esa luz que, por estos días, parece ponerse más tenue.
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