Colombianos con dificultades económicas destinan hasta el 90 por ciento de sus ingresos para comprar medicamentos: Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo presentó un nuevo informe sobre el estado del sistema de salud en el país, en el que alertó por el aumento en las reclamaciones y las dificultades para acceder a medicamentos de primera necesidad. Según la entidad, en muchos casos los pacientes deben asumir el costo total de tratamientos continuos ante la falta de oportunidad en la atención.

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El informe, realizado mediante una encuesta aplicada a más de 3.400 usuarios del sistema en diferentes regiones del país, reveló que los problemas en la disponibilidad de medicamentos ha afectado de forma progresiva a los hogares del país. Para la entidad, esas dificultades se traducen en problemas de salud mental, deterioro en la calidad de vida y complicaciones médicas de alto riesgo.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la situación es especialmente crítica en zonas rurales, territorios dispersos y comunidades étnicas, donde las limitaciones de conectividad y transporte agravan todavía más el acceso a los servicios de salud. Las limitaciones para acceder a atención básica han derivado en más de un millón de tutelas interpuestas entre 2020 y lo corrido de 2025.

La entidad encontró que las mayores vulneraciones registradas en el sistema de salud se presentan en Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia. En esos territorios reportó un agravamiento por nuevas barreras para acceder al sistema de salud provocadas por la presencia limitada de programas especializados y las dificultades de los pacientes para movilizarse hasta los pocos servicios disponibles.

“Encontramos que el factor principal para la presentación de acciones de tutela no es la entrega de medicamentos, que es el punto en el que se ha profundizado. La primera es la negación de la prestación del servicio de salud y la segunda corresponde a la atención asistencial ineficiente e inoportuna en los territorios”, explicó la defensora Marín sobre el informe.

La escasez de medicamentos: el punto crítico del sistema de salud

La Defensoría advirtió que uno de los desafíos más críticos del sistema es garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a los tratamientos necesarios en cada uno de los casos. En diferentes regiones del país, usuarios reportaron un patrón recurrente de negación, entrega incompleta o fraccionada de medicamentos fundamentales para el manejo de enfermedades crónicas.

La encuesta reveló que la dificultad en la entrega de medicamentos no solo afecta la continuidad de los tratamientos médicos, también genera largas filas y desplazamientos forzados en los puntos de dispensación, elevando los costos y el sufrimiento de pacientes que durante años han debido asumir cargas económicas y emocionales adicionales para su propia atención.

La defensora Iris Marín explicó que los problemas en el acceso a fármacos integra una problemática financiera transversal, marcada por las deudas de EPS a clínicas y hospitales que enfrentan graves riesgos de sostenibilidad. En ese sentido, la entidad advirtió que la falta de flujo de recursos adecuados y oportunos genera un ciclo que provocó mayor insuficiencia de recursos.

Entre los medicamentos analizados se encuentran algunos de uso recurrente para el tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión —Metformina, Valsartán y Losartán—, así como otros usados en salud mental y salud materna, como Quetiapina, Ácido Valproico y Ácido Fólico.

La Defensoría concluyó que la compra mensual de estos productos puede representar entre el 7 y el 90 por ciento de los ingresos de los usuarios, dependiendo de su ubicación y nivel socioeconómico. En total, la entidad identificó un total de 584 medicamentos distintos que no están siendo entregados, y advirtió que cerca del 48 por ciento de los casos reportados aún no tiene solución.

Los cambios estructurales propuestos por la Defensoría

En su informe, la Defensoría resaltó la importancia de fortalecer los canales de comunicación resolutivos a nivel territorial para abordar eficientemente las dificultades del acceso a medicamentos debido a que una gran parte de las gestiones administrativas se mantiene centralizadas en Bogotá, lo que retrasa las decisiones y respuestas regionales.

En respuesta a las dificultades logísticas y de financiamiento, la Defensoría recomendó implementar acciones urgentes para resolver las fallas en la disponibilidad de medicamentos en los puntos de dispensación. En ese sentido, pidió priorizar atender las irregularidades derivadas de cambios en gestores farmacéuticos o problemas en la infraestructura logística.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también advirtió que la problemática de la falta de recursos y el cumplimiento de compromisos de pago por parte de las EPS son aspectos prioritarios. Para la funcionaria, resulta urgente implementar mecanismos efectivos para reducir las deudas del sistema que permita garantizar un flujo constante de recursos para la adquisición oportuna de medicamentos.

En el cierre de su informe, el organismo reiteró la necesidad de tramitar una reforma a la salud que asegure equidad, sostenibilidad financiera y enfoque diferencial. Asimismo, pidió al Gobierno nacional definir mecanismos de conciliación de deudas entre actores del sistema y crear un plan para monitorear de forma continua el suministro de medicamentos y servicios.

“El Gobierno no debe negar su responsabilidad en establecer transiciones menos inciertas y traumáticas en su propuesta de transformación del sistema, en su deber de garantizar el derecho a la salud y en su obligación de escuchar todas las voces”, concluyó la defensora del Pueblo en la presentación del informe oficial.