Nueva EPS bajo la lupa: Procuraduría exige a la Supersalud informe sobre su intervención
El Ministerio Público envió un requerimiento formal a la Superintendencia Nacional de Salud para que en tres días hábiles explique si la situación de la aseguradora sigue siendo tan crítica como cuando se tomó la medida.
Por: Juan David Cano
La Procuraduría General de la Nación puso la lupa sobre el futuro de la Nueva EPS. Mediante un oficio formal remitido este 8 de abril a la superintendente ad hoc Luz Marina Múnera, el Ministerio Público exigió una rendición de cuentas sobre el estado real de la aseguradora y la pertinencia de continuar con la medida de intervención forzosa administrativa que recae sobre ella.
La pregunta central que mueve esta solicitud es una sola: ¿siguen existiendo las razones que obligaron al Gobierno a intervenir la entidad? La respuesta, según los documentos que deberá aportar la Superintendencia de Salud, tendrá que estar respaldada por evidencia técnica, financiera y jurídica.
Un balance con más sombras que luces
El organismo de control no llegó con las manos vacías al momento de formular su requerimiento. En el documento se identifican una serie de fallas que, a su juicio, persisten dentro de la entidad a pesar del tiempo transcurrido bajo intervención.
En el terreno financiero, la Procuraduría advirtió que la Nueva EPS no ha logrado cumplir a cabalidad con las órdenes del ente de control en materia de reporte, aunque reconoce avances parciales en la entrega de estados financieros de 2023 y 2024.
Más preocupante resulta el uso recurrente de anticipos a prestadores y proveedores de salud, una práctica que incluye casos derivados de tutelas y desacatos judiciales, lo que desnuda debilidades estructurales en la gestión contractual de la red de servicios.
El procesamiento de cuentas médicas es otro frente que genera inquietudes. Aunque en septiembre de 2025 se puso en marcha un nuevo sistema, la Procuraduría considera que los procesos manuales siguen dominando la operación, generando retrasos, inconsistencias y riesgos para la calidad de la información clínica y administrativa.
Quizás uno de los hallazgos más llamativos del documento tiene que ver con la infraestructura tecnológica de la EPS. El Ministerio Público señala que la entidad opera con sistemas desactualizados, presenta vulnerabilidades en materia de ciberseguridad y depende de un único centro de datos, una concentración de riesgo que podría comprometer la continuidad del servicio.
A esto se suman dificultades en la integración de plataformas de información, lo que limita el control sobre medicamentos y tecnologías en salud. El giro de recursos, además, todavía se realiza de manera manual, un rezago que contrasta con los estándares mínimos esperados para una entidad de este tamaño e impacto.
En el ámbito contractual, el ente de control identificó vínculos comerciales que operan sin contrato formal, falta de estandarización y ausencia de auditorías internas robustas, condiciones que, según la Procuraduría, exponen a la Nueva EPS a riesgos legales, operativos y reputacionales de consideración.
Tres días para responder, el plazo que tiene la Supersalud
Ante este panorama, la Procuraduría fijó un plazo máximo de tres días hábiles para que la Superintendencia entregue toda la información solicitada.
El organismo subrayó que la vigilancia del Estado no se suspende por el hecho de que una entidad esté siendo intervenida, y que el objetivo último de este seguimiento es garantizar el derecho fundamental a la salud de los millones de colombianos que dependen de esta aseguradora.
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