La radiografía del sistema de salud tras el terremoto: ¿puede un sector desfinanciado atender la emergencia?
El sismo del 10 de agosto dejó 378 centros de salud golpeados y miles de pacientes nuevos. Pero llegó a un sistema que ya venía desfinanciado, con hospitales que no cobran lo que les deben y aseguradoras en pérdidas. CAMBIO consultó a expertos y gremios para saber si el país tiene con qué responder.
Por: Juan David Cano
Dos semanas después del terremoto, el sistema de salud colombiano tiene un inventario de daños preciso y una factura que nadie ha calculado. El más reciente balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) registró 378 centros de salud afectados, 4.592 personas heridas, 329 fallecidas y 234 desaparecidas en 16 departamentos y 494 municipios.
Esa demanda nueva, que incluye traumas, cirugías, rehabilitación, salud mental, no cayó sobre un sistema en equilibrio. Las EPS llegaron al 10 de agosto con patrimonios negativos, pérdidas acumuladas y una deuda con los hospitales y clínicas que su gremio calculó en varios billones de pesos. La pregunta que CAMBIO les puso a expertos y gremios del sector es si un sistema con esas cuentas puede absorber el choque.
Un hospital al 245 por ciento de sobreocupación al que le faltaban, como a muchos, varios insumos para atender heridos
Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), los departamentos afectados concentran entre el 45 y el 55 por ciento de la oferta habilitada del país, es decir, camas, salas, ambulancias, prestadores, junto al 47 por ciento del talento humano en salud y entre el 25 y el 30 por ciento de los afiliados; equivalentes a cerca de 14 millones de personas.
Así, casi la mitad de la capacidad instalada del país quedó, en mayor o menor grado, dentro del área del desastre. Y una parte de esa mitad tuvo que seguir operando con daños:
“Mantener la operación en crisis con una situación ya de por sí difícil en materia de liquidez, requiere de medidas urgentes para garantizar la continuidad de la atención”, dijo Juan Carlos Giraldo Valencia, director general del gremio.
El caso del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó, el único centro público de mediana complejidad del Chocó, resume las dos crisis superpuestas. Su agente interventor, Ovidio Garrido, informó una sobreocupación del 245,2 por ciento y las camas de cuidados intensivos llenas, mientras la red de primer nivel y la red privada de la ciudad reportaron en su momento servicios cerrados.
Varios profesionales de la salud en el Chocó y en el Valle del Cauca también informaron sobre una lista de insumos urgentes que se repetían con insistencia precisamente porque faltaban gasas, suturas, unidades de sangre, reactivos, entre otros implementos para atender a los heridos.
Y Garridó coronó la crisis con otro dato en Blu Radio: “Le debemos dos meses al personal de OPS y al personal de especialistas”. En otras palabras, el hospital que ahora debía absorber la emergencia también era el mismo que llevaba dos meses sin pagarles a sus especialistas.
¿De dónde sale la plata?
Pero la situación financiera de hospitales y clínicas no sería tan crítica si no fuera por las deudas acumuladas que tienen en jaque al sistema y cuyo origen está, en buena medida, en el flujo de recursos desde el Estado hacia las EPS.
El Estado le gira a cada EPS un valor anual por afiliado, la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Con esa plata, la EPS contrata la red de hospitales, clínicas y laboratorios, y les paga por lo que atienden. Si la EPS no paga, el hospital opera con su propio bolsillo hasta donde aguante.
La atención de las víctimas directas del terremoto, en principio, no pasa por ahí. Se financia con la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (Ecat) y los prestadores le cobran directamente a la Adres, la entidad que administra los recursos del sistema, sin que el dinero cruce por las cuentas de las EPS.
Eso acorta el riesgo, pero no lo elimina, pues el Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene las cuentas en rojo y la cartera apretada. Según el mandatario, el déficit fiscal, el exceso de gastos del Estado frente a sus ingresos, estaría rondando al 7,8 por ciento del PIB, lo que equivale a cerca de 150 billones de pesos que le faltan al país para sanear sus finanzas.
Además, hay otros afectados invisibilizados. El paciente con cáncer, el de diálisis o el hipertenso del mismo municipio siguen dependiendo de su EPS, ahora con menos infraestructura disponible, con su red desviada hacia la urgencia y con los mismos problemas de caja de antes. Ese es el punto exacto en el que la crisis vieja se convierte en un problema nuevo.
Con qué números llegó el sistema al 10 de agosto
La falta de recursos desde el Estado a las EPS ha llevado a que estas entidades deban varios billones de pesos a los hospitales y clínicas. El estudio de cartera número 55 de la ACHC, elaborado con información de 232 instituciones a diciembre de 2025, reveló que la deuda entre estos agentes llegó a 25,7 billones de pesos, 1,7 billones más que seis meses antes. De ese total, 12,6 billones corresponden a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, con una morosidad del 65,6 por ciento.
En otras palabras, cerca de la mitad del activo de las IPS serían cuentas por cobrar. Plata que figura en los libros, pero que no está en la caja con la que se pagan nóminas, proveedores y reposición de equipos, justo lo que exige una reconstrucción. ¿Cómo garantizar la atención si faltan recursos? Ese es el dilema que golpea a las IPS.
“Las cifras que revela el estudio de cartera número 55 son un fiel reflejo de la profunda falta de liquidez con la que están teniendo que operar las instituciones prestadoras de servicios de salud”, afirmó Giraldo en su momento.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) también entregó a CAMBIO su balance e la crisis.
“A junio de 2026, que son los últimos datos oficiales disponibles, las EPS acumulaban pérdidas por 22.6 billones de pesos en términos agregados. Esto supone que su defecto patrimonial se multiplicó 3.4 veces en los últimos cuatro años”, dijo Mario Fernando Cruz Vargas, presidente ejecutivo de Acemi.
Y además reveló que algo más del 90 por ciento de esas pérdidas pertenecen a las entidades intervenidas. "La situación es especialmente grave en las EPS que fueron intervenidas en el pasado periodo de gobierno, que concentran algo más del 90 por ciento de estas pérdidas. En el caso de las EPS afiliadas a Acemi, la situación financiera, aunque compleja, es de una magnitud inferior y algunas pocas han alcanzado un equilibrio precario en el último año. En este sentido, la respuesta al terremoto merece un análisis detallado de cada EPS".
Un sistema en el que quien financia pierde plata y quien atiende no cobra a tiempo: ese es el problema principal frente a la emergencia.
¿Qué piden las EPS para lograr absorber toda la crisis?
Para Cruz la emergencia se está atendiendo y enumeran remisión de pacientes hospitalizados, traslado de equipos médicos desde otras ciudades, entrega de medicamentos a domicilio y uso intensivo de telemedicina, pero reconoce que el costo es inmenso.
“Sin duda, supone una carga adicional a los problemas que arrastramos del pasado, pero en situaciones como estas, la vida y la salud de los afectados están por encima de esas consideraciones financieras”, respondió el gremio.
Además de admitir el costo de esa decisión, reconoce que hay pacientes que no salen en el balance de la UNGRD y que también serán afectados debido a esta sobresaturación del sistema.
“Ocurren en casos como estos, que hay ‘víctimas invisibles’ de la tragedia, por ejemplo personas que no pudieron acceder sus citas o tratamientos de manera oportuna o a los que se postergó una cirugía”, agregó.
Por eso, hay recomendaciones que hace el gremio para sostener este esfuerzo y evitar mitigar los impactos: plata nueva; créditos blandos para reconstruir infraestructura, una figura que permita a los damnificados sin ingresos conservar su afiliación al régimen contributivo y un cálculo correcto de la UPC.
"Para la emergencia por el terremoto se requerirán de recursos de crédito, ojalá con condiciones favorables para la rehabilitación o renovación de las infraestructuras y equipamientos afectados, la estructuración de asociaciones público-privadas para estos nuevos proyectos, la habilitación de la figura de activos por emergencia para que las personas afectadas que no pueden hacer sus aportes mantengan su afiliación al régimen contributivo, la inyección de algunos recursos extraordinarios bajo el amparo de la emergencia económica recientemente decretada y el adecuado cálculo de la UPC y los presupuestos máximos para el próximo año", dijo.
La respuesta de los hospitales: solo con estas cinco medidas
Por su parte, la ACHC pone condiciones. En una carta a la ministra de Salud pidió cinco medidas dentro del marco de la emergencia declarada por el decreto 1261 del 19 de agosto: un pago por disponibilidad que sostenga la nómina de las IPS con servicios limitados; crédito blando de Findeter para reconstrucción; activar la resolución 2769 de 2025, que permite a la Adres servir de garante ante los bancos descontando de los giros mensuales; prelación en el giro directo del 90 por ciento de la UPC para las IPS de las zonas golpeadas; y usar de manera excepcional las reservas técnicas de las EPS, cerca de 6,4 billones de pesos, según reportó la Supersalud a junio de 2026, para fondear esas medidas y pagar cartera vieja.
Ninguna de las cinco es una medida de emergencia en sentido estricto. Todas apuntan a la liquidez que el sector reclamaba desde antes del sismo, lo que revela cómo lee el gremio la pregunta: sin resolver lo viejo, no hay cómo pagar lo nuevo.
¿Y cómo está el frente de los medicamentos?
Finalmente, Afidro, el gremio de laboratorios farmacéuticos de investigación, descartó para CAMBIO por ahora que el abastecimiento sea hoy el cuello de botella.
“Hoy la cadena de medicamentos, dispositivos médicos e insumos tiene capacidad de respuesta y lo que ha pasado hasta hora es muestra de ello. Con las entidades territoriales, humanitarias y Presidencia de la República ha habido un buen ejercicio de identificación de las necesidades para poder entregar lo que los pacientes requieren, para que los medicamentos e insumos que se necesitan lleguen oportunamente, en las cantidades adecuadas, a los territorios más afectados”, respondió.
Pero advirtieron que "la situación debe monitorearse permanentemente, porque la demanda puede cambiar rápidamente y pueden presentarse presiones puntuales sobre determinados productos”.
Pero entonces, ¿puede el sector? La respuesta depende de una sola variable
Con todo este panorama, Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de Salud, concluyó que el sistema sí puede absorber la demanda, pero necesita financiación.
“Uno consideraría que el sistema hoy está en capacidad de absorber ese incremento de la demanda. Será necesario posteriormente la rehabilitación y fisioterapia de sus pacientes una vez hayan sido atendidos en la fase aguda”, dijo a CAMBIO.
Y condiciona esa capacidad a que entre el dinero que el sistema ya venía pidiendo antes del terremoto.
“El diagnóstico había estimado en alrededor de 10 billones de pesos las necesidades financieras del sistema de salud de manera inmediata para el plan de choque, con lo cual se corregiría en gran medida la situación inmediata de iliquidez”, explicó.
Galán agregó que la atención psicosocial y el estrés postraumático exigirán recursos adicionales sobre un área que, según él, ya venía rezagada, y su costo sigue en fase preliminar. Y sostiene que la vulnerabilidad no es reciente.
“Durante los últimos cuatro años el tema de atención de emergencias en el sector salud se dejó de lado. No solamente la vigilancia epidemiológica, sino el enfoque para fortalecer el sistema ante amenazas semejantes a esta (...). Eso no se hizo”, afirmó.
Las tres voces llegan por caminos distintos al mismo punto. Acemi dice que están atendiendo, pero piden recursos para sostenerlo. La ACHC pide cinco mecanismos que existían antes del sismo y no se habían activado. Galán dice que el sistema aguanta la urgencia si se ejecuta un plan de choque del mismo tamaño.
Ninguno de los tres tiene todavía la cifra de lo que cuesta el terremoto en salud, y el propio Gobierno estima el impacto económico general en al menos 30 billones de pesos.
Mientras esa cuenta se calcula, los expertos proponen tres señales para saber si el sistema está aguantando o empezando a ceder: si se congestionan más los servicios de urgencias, si aumentan las quejas y reclamos, y si se dificulta todavía más el acceso a los servicios en las regiones golpeadas. Variables que el Gobierno de turno debe vigilar si quiere garantizar el derecho a la atención en salud de todos los colombianos afectados por esta tragedia.
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