“Las víctimas advierten que sus propios hijos hoy están en riesgo de ser reclutados”: magistrada Lily Rueda

El 28 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) divulgó la segunda imputación contra 20 exintegrantes de las extintas Farc en el macrocaso en el que se investigan los horrores asociados al reclutamiento de miles de niños y niñas a los que utilizaron como instrumentos de guerra. 

CAMBIO dialogó con Lily Rueda Guzmán, la magistrada relatora del caso 07, sobre los desafíos de esta investigación y el reconocimiento de los crímenes que llegó, el pasado 2 de marzo, de parte del último secretariado de las extintas Farc.  Un reconocimiento que hicieron en un video y que desató más demandas de las víctimas sobre una “verdad plena, detallada y sin evasivas”.

“Sabemos que hay comparecientes que ingresaron siendo niños, pero ellos no se consideran víctimas de las Farc”: Lily Rueda

CAMBIO: Hace una semana imputaron a 20 comparecientes de las Farc. Antes ya habían imputado a los seis del último secretariado. ¿Cuántos otros máximos responsables faltan por ser llamados en una organización de la que se desmovilizaron más de 13.000?

Lily Rueda: Creo que es bueno hacer una aproximación a la categoría de máximos responsables, que está dentro de nuestro mandato y surge de un aprendizaje de lo que fue la implementación de la Ley de Justicia y Paz. En un proceso de justicia transicional como el nuestro, no era posible investigar todos los hechos y todas las personas, por todos los delitos que realmente sucedieron. La JEP, en su diseño, acoge estas formas de investigación: máximos responsables por patrones de macrocriminalidad, en oposición a investigar hecho por hecho y caso por caso. Esto implica unos desafíos muy reales y que experimentamos en el día a día al responder a las víctimas que vienen, cada una, preguntando por su hecho, por su caso. En los casos, por ejemplo, de desaparición forzada de niños y niñas, sólo en este macrocaso estamos buscando a 498 personas.

Desde que se abrió el caso 07, en concreto, se planearon dos líneas investigativas. Una con los máximos responsables de las políticas nacionales de reclutamiento y luego también con los máximos responsables en el nivel regional. Los primeros que identificamos nosotros fueron aquellos que pertenecieron al antiguo secretariado y llamamos a reconocer a seis de ellos en el 2024. ¿Por qué? Porque a través de la posición que tenían dentro de toda la organización estaban en capacidad de controlar, con acciones y con omisiones, toda la violencia que se dio. Y ahora, recientemente, expedimos otra decisión que identifica a las personas que, por su liderazgo regional, o su participación determinante en los hechos, también pueden ser considerados como máximos responsables. Y llamamos a reconocer 20 personas adicionales que pertenecieron a diferentes bloques de las Farc. ¿Y allí qué dijimos? Que hay una serie de factores: la posición que tenía la persona, unos comandantes de bloque, y otros, de frentes, pero también algunas personas que identificamos que fungieron en unas funciones particulares en relación con organización de masas, con educación, que tenían contacto con la población civil y aprovecharon esa función para cometer actos de reclutamiento. 

CAMBIO: Y se avecina otra imputación…

L.R.: Estamos trabajando exactamente para identificar quiénes son los máximos responsables de las violencias que sufrieron algunos de estos niños y niñas reclutados en el marco de la vida intrafilas en el nivel regional. En 2024, llamamos a reconocer al secretariado e identificamos cinco patrones de macrocriminalidad. El reclutamiento y la utilización de niños y niñas y la incorporación de ese niño o esa niña a las filas, y luego, también, cuatro patrones adicionales relacionados con el contexto de la vida intrafilas. El primero por homicidios, torturas, hechos crueles, degradantes y juicios sin garantías. El segundo, violencia reproductiva. El tercero, violencia sexual, y el cuarto, violencia por prejuicio. En la etapa regional tenemos dos conjuntos de máximas responsabilidades. Uno, el que acabamos de expedir, y otros que estamos, ya digamos, en la última fase de contrastación de este caso, que es quiénes serían los máximos responsables por las violencias que algunos de ellos sufrieron ya dentro de la vida intrafilas.

CAMBIO: En esos patrones criminales, ¿cómo se dio el reclutamiento? ¿Hubo alguna directriz que se aprobara en una conferencia guerrillera? ¿A los menores los enviaban a escuelas de entrenamiento? 

L.R: Nosotros encontramos efectivamente, primero, que el reclutamiento es un fenómeno de macrocriminalidad, que en realidad es complejo y multicausal y por eso fue un gran desafío investigarlo porque no responde, digamos, a una visión simplista. Es una realidad compleja que tiene dos factores que nosotros encontramos importantes de contarle al país. El primero, el contexto de las zonas en donde se dio el reclutamiento, que eran zonas abandonadas por el Estado, empobrecidas, en donde los niños y niñas sufrieron unas carencias profundas en materia de acceso a servicios básicos esenciales. Estamos hablando de educación, agua, electricidad, seguridad, incluso, eran zonas, si no militarizadas, en disputa por actores del conflicto. Eran unas zonas muy complejas en donde esos niños ya estaban, no solamente, por ser niños en situaciones de vulnerabilidad, sino también por esas condiciones estructurales.

Y eso a la vez sucede con una estrategia de la antigua guerrilla de crecer porque tenían los objetivos, como ustedes saben, de tomar el poder por el uso de las armas. Entonces, parte de ese objetivo era crecer y expandirse territorialmente. Y lo hacen en estas zonas en donde los niños están en unas condiciones de vulnerabilidad. Y ese crecimiento se da, así, con órdenes expresas internas que hemos documentado y que se expedían desde el Secretariado hasta los diferentes bloques y a su vez esos bloques bajaban las órdenes a los frentes. ¿Qué es lo importante de tener en cuenta aquí? Que las órdenes de crecimiento vinieron acompañadas de la definición de unos criterios que le llamamos nosotros como de incorporación de personal. ¿Y esos criterios qué decían? Decían: “se va a buscar personas que se unan a la lucha armada y que cumplan las siguientes características: que tengan entre 15 y 30 años. Que tengan voluntad libre de ingreso. Que sean conocidos en la región y que tengan aptitud física y mental para incorporarse a la lucha armada”. 

CAMBIO: Requisitos de ingreso que quedaron en el papel…

L.R.: En la práctica, en ese contexto tan complejo donde vivían los niños y las niñas, a la vez que las Farc crecían territorialmente, estos requisitos y estas condiciones no se siguieron por unas razones particulares. Y lo que encontramos es que efectivamente niños y niñas entre 15 y 17 años fueron incorporados en seguimiento de esa edad de 15 a 30 años. Esto se hizo de acuerdo a las indicaciones internas del Estatuto de las Farc. Pero no solo eso. También incorporaron niños menores de 15 años, en una forma que nosotros consideramos sistemática porque la encontramos en todos los bloques y en todas las estructuras, excepto en Santa Catalina y en Providencia, que fueron las únicas partes donde no hemos documentado reclutamiento. La mayoría fueron menores de 15 años llevados a la fuerza por medio de violencia a la antigua guerrilla. Y a pesar de que había estos requisitos que mencioné anteriormente, no hubo mecanismos efectivos y objetivos para verificar la edad de las personas a ingresar. Hablamos con los comparecientes y con las víctimas que señalaron que no pedían, por ejemplo, documentos de identificación. No verificaban la edad de los niños de manera objetiva. 

¿Qué pasaba en la práctica también? Que cuando llegaba el niño se dio una prevalencia al requisito de aptitud física sobre la edad mínima de ingreso, que estaba en 15 años. Básicamente, si la persona que estaba haciendo el ingreso veía que esa persona parecía apta físicamente para la confrontación, pues lo ingresaba a las filas. También encontramos que no hubo sanciones efectivas ni ejemplarizantes frente al reclutamiento de menores de 15 años, que, recuerde, estaba prohibido dentro de las filas. En realidad, no se trató, en la práctica, como una falta con sanción. Y eso tuvo sus efectos en que más niños y niñas llegaron. También encontramos que hubo mensajes y prácticas que fomentaron y validaron la conducta, y eso se hizo en coherencia con los planes de crecimiento, y encontramos que esos niños llegaron a las filas, los niños menores de 15 años, y se quedaron en ellas. Y fueron utilizados de manera funcional a los propósitos de la organización y de la lucha armada rebelde. Las víctimas nos han contado que ellos se quedaron en las filas y que cumplían diferentes funciones dentro de ellas, incluyendo desde ranchar —que es cocinar o encargarse de las cosas de la cotidianidad como los adultos—, pero también eran, por ejemplo, enviados a combate. Ellos pasaban también por entrenamiento militar. Nosotros hemos documentado diferentes escuelas y las víctimas nos han contado cómo eran esos entrenamientos militares dentro de esos centros. Una de las modalidades de las violencias intrafilas que encontramos documentadas en el primer auto fue que en esos entrenamientos se dieron tratos crueles, se dieron en algunos casos torturas.

CAMBIO: ¿Los picos de reclutamiento, entre 1996 y el 2016, a qué obedecieron? 

L.R.: Nosotros efectivamente encontramos cuatro picos de reclutamiento en el 99, en 2002, en 2007 y en 2013. Y encontramos algo muy particular que nos llevó a una conclusión que fue dolorosa, triste, y es que tanto en zonas de confrontación armada y en momentos de confrontación armada, como en donde no, hubo picos de reclutamiento. Le voy a poner ejemplos. Cuando hubo la zona de distensión en ese momento, en el sur del país, encontramos picos de reclutamiento. Y básicamente lo que nos mostró esa investigación es que cuando había confrontación armada, las Farc necesitaban personal y aumentar su tropa para poder hacer frente a las necesidades del conflicto. Pero también encontramos, por ejemplo, que en la zona de distensión llegaron muchos niños y niñas a las filas. Y nos preguntábamos por qué y encontramos porque había mayor cercanía y contacto con las comunidades y fue más fácil acceder. Entonces, la conclusión que encontramos nosotros es esa, que el fenómeno se dio en diferentes momentos y contextos de la guerra y de la confrontación. También establecimos tres modalidades de reclutamiento. La primera, la más prevalente, con más del 60 por ciento de los casos, fueron llevados a la fuerza y con violencia. El 22 por ciento a través de engaños y el 13 por ciento a través de persuasión. Este es un elemento particular, es decir, aquellas personas que incluso siendo niñas consideraron que la lucha armada era una posibilidad para cambiar las desigualdades estructurales y de violencia que ellos estaban sufriendo en sus casas y en sus territorios.

CAMBIO: Reclutaron niños de hasta seis años.  ¿Cuántos casos de reclutamiento de menores de 15 años —conducta prohibida por el Derecho Internacional Humanitario— están documentados?

L.R.: La mayoría, más del 60 por ciento de las víctimas acreditadas en el caso, fueron reclutadas teniendo menos de 15 años. En el universo provisional de hechos, los niños y niñas reclutados siendo menores de 15 años ascienden a 5.691, lo que corresponde al 30 por ciento de los casos identificados. Por su parte, en la información proveniente de las víctimas acreditadas por la ruta individual, de un total de 1.559 víctimas reclutadas registradas, 968 fueron reclutadas con menos de 15 años, equivalentes al 62 por ciento del total reportado.

“los niños y niñas reclutados siendo menores de 15 años ascienden a 5.691, lo que corresponde al 30 por ciento de los casos identificados”: Lily Rueda

CAMBIO: El macrocaso tiene una aproximación de 18.677 niños reclutados, pero a la vez ustedes anuncian que sólo hay 1.559 casos debidamente reconstruidos. ¿Esos 1.559 casos corresponden a adultos de las Farc que entregaron sus armas en el proceso de paz de 2016 y le contaron a la JEP que ingresaron a la fuerza?

L.R.: Los 18.677 corresponden a lo que llamamos en la jurisdicción al ‘universo provisional de hechos’. ¿Qué hicimos nosotros para construir esos universos? Esta cifra la hicimos pública en 2021. Tomamos todas las fuentes de información que se tienen en el país, oficiales y no oficiales. Tomamos 33 bases de datos de diferentes instituciones y recibimos 93 informes en total de instituciones y de la sociedad civil con hechos de reclutamiento. Con ello, hicimos un proceso muy serio y riguroso en el que encontramos documentados en el país 18.677 niños y niñas reclutados desde 1971 hasta 2016. ¿Con eso qué hicimos? Una metodología de trabajo interno que hemos aplicado desde 2021 porque allí logramos identificar cuándo sucedieron los reclutamientos, en qué periodos hubo más y, en ese sentido, identificamos que de 1996 al 2016 es el tiempo en donde hubo más recrudecimiento de este fenómeno.  ¿Cuál es la diferencia con la otra cifra que se expone? Es la cifra de víctimas que están activamente participando en el caso y que han venido a la JEP y que hemos acreditado. Ellas han venido a contarnos de viva voz historias de reclutamiento. 

Y ahí hay dos tipos de víctimas. Las personas que efectivamente llegaron a las filas y salieron, o siendo niñas o siendo adultas y que consideramos víctimas directas. Y tenemos un grupo de personas también que son familiares de niños y niñas que han venido a la JEP a contarnos la historia de reclutamiento de ese niño o esa niña. La diferencia entre los dos universos es que uno es el histórico que hemos documentado de víctimas y otro es el grupo concreto de víctimas que participan judicialmente en el caso. ¿Cuántas participan activamente en el caso? Tenemos seis colectivos étnicos, cinco pueblos indígenas y un pueblo afrodescendiente, que suman 9.027 víctimas, y tenemos 2.025 víctimas individuales. Con todo este grupo de información, hemos reconstruido de manera detallada la historia de estas 1.559 personas individuales que hemos logrado reconstruir la historia, judicialmente, con su familiar o con ella, como sobreviviente de los hechos. Y hemos logrado identificar factores que son importantes para la investigación, como la fecha de ingreso exacta, la edad de ingreso, la forma de salida del grupo, o si está desaparecido o no.

CAMBIO: Pero, del universo de los 13.000 que entregaron sus armas, ¿alguno relató ser víctima de reclutamiento?

L.R.: Efectivamente, la mayoría de personas que participan en este caso y que hacen parte de estos 1.559 casos debidamente construidos, son personas que salieron del grupo siendo adultas. Pudieron haber sido capturadas por el Ejército, o de diferentes maneras, y no habían contado la historia previamente. Es decir, son personas que se desmovilizaron de una manera diferente a lo que fue la entrega de armas de las Farc en el marco del acuerdo de paz. Recuerde usted que, por allá en el 2015, en el marco del proceso de negociación, hubo un grupo de más de 100 niños que las FARC entregan y que pasan por la ruta del ICBF. Algunos de ellos están acreditados en el caso, pero la gran mayoría de personas que tenemos acreditadas en el caso 07, participantes activamente, no son las personas que salieron en los procesos de entrega ni son las personas que son comparecientes activas dentro de la JEP. Solo tenemos, no te puedo dar detalles sobre eso porque creo que es información confidencial del caso, pero sí tenemos, por ejemplo, dos personas en el 07 que son comparecientes y que en el marco del proceso nos pidieron acreditarse también como víctimas. 

Y hoy tenemos una reflexión más profunda de que ese niño esa niña, más allá de las condiciones en las que se encontrara él, su familia, su contexto, pues algunas víctimas nos han dicho “yo me fui porque quería a los 13, a los 12 a los 14, incluso a los 10 años” por diferentes violencias que habían sufrido. Pero en el ejercicio que nosotros hemos tenido con ellas, han también profundizado que, en ningún caso, una persona menor de 10 u 8 años puede válidamente consentir irse a las filas de la Farc. ¿Qué es importante aquí? Que nosotros respetamos la voluntariedad de las víctimas. Es decir, sabemos que hay personas que fueron a las filas de la Farc siendo niñas, pero no se consideran víctimas de reclutamiento. 

CAMBIO: Es decir, que el delito también está determinado por la voluntad de quien lo padece…

L.R: Para nosotros el delito no está mediado por el consentimiento de la víctima, pero la persona que viene como víctima acá se siente víctima, se considera víctima de la organización. Hay otro grupo de personas, por ejemplo, los comparecientes, algunos de los comparecientes en el caso nos han dicho, “Es que yo también ingresé siendo niño”. Pero la persona no se considera víctima. Y para participar judicialmente dentro del caso, uno de los requisitos es la voluntariedad. Es decir, la persona debe considerarse víctima. Sabemos que hay comparecientes que ingresaron siendo niños, pero ellos no se consideran víctimas de las Farc. Entonces, no nos van a pedir su participación judicial. Solo tenemos excepcionalmente dos personas que sí nos han pedido su acreditación. Entonces, la victimización no depende de eso, pero la participación judicial de una víctima si es voluntaria. 

CAMBIO: ¿Cómo es la frontera entre el caso 07 y el macrocaso 11 en el que se investigan violencias sexuales y basadas en género?

L.R.: Hay algunas víctimas que sufrieron hechos de violencia sexual siendo niñas, hechos que continuaron siendo adultas. Nosotros tenemos pensado, desde la apertura del caso 11, y es algo que estamos evaluando en este momento, sobre si vamos a aplicar la posibilidad de no fragmentar las historias de vida de las personas y de lo que les pasó siendo niñas y siendo adultas. Estos casos tienen que mirarse de manera conjunta bajo la fórmula de una imputación conjunta, pero la sala está estudiándolo en este momento. Ese es un factor importante para nosotros y, por supuesto, también nos permitiría, si todo sale bien, avanzar de una manera más rápida en una imputación más integral para que también se pueda responder un poco más a esa necesidad de no fraccionar tanto las imputaciones. Eso tendría ese doble propósito.

CAMBIO: ¿El reconocimiento de responsabilidad que hicieron, a través de un video, los exintegrantes del último secretariado de las Farc, satisfizo a las víctimas y a la JEP?

L.R.: Yo le he explicado al país y a las víctimas que nosotros habilitamos ahora la posibilidad de un diálogo restaurativo con los comparecientes, particularmente con el antiguo secretariado. Y que el punto de partida fue este reconocimiento de que los hechos sucedieron, de que hubo un daño y una solicitud de perdón a las víctimas. Que este no es el punto de llegada, que es el punto de partida. Y lo que habilitamos ahora, y estamos recibiendo todas las propuestas metodológicas, es el diseño de estos espacios en donde los comparecientes y las víctimas se puedan encontrar para implementar ese diálogo restaurativo. ¿Adónde nos puede llevar ese ese diálogo? Eventualmente, si la sala considera que hay reconocimiento, porque no hemos valorado, digamos, en los estándares jurídicos de este proceso, el reconocimiento del secretariado, esto se evalúa. Después de este proceso interno de encuentro con víctimas y comparecientes, después de una audiencia de reconocimiento, tendremos que ver cómo sería un escenario de reconocimiento de esta naturaleza porque hay unas particularidades que tienen las víctimas, muy propias de este caso, por haber sido violentadas siendo niñas y por el porcentaje que tenemos de violencia de género documentada. Pero tendríamos un escenario de reconocimiento judicial público, importante, para las víctimas y para los comparecientes que, si la sala valora, que habilita la continuación de la vía restaurativa, entonces expediremos una decisión que se llama de resolución de conclusiones y enviaremos el proceso a mis colegas de la sección en donde continúa el juicio, para que se imponga una sanción con contenido restaurativo, una sanción propia. Entonces, lo que hemos hecho y lo que ha pasado en el proceso yo sé que ha costado, ha sido desafiante, ha costado años de trabajo con víctimas y con comparecientes.

CAMBIO: ¿Cómo piensan restaurar a las víctimas de este macrocaso? ¿Qué piden ellas?

L.R.: En la primera decisión sobre el secretariado, hicimos un mapeo del daño. Identificamos unas categorías concretas del daño como nos lo narraban las víctimas. Ellas todas tienen algo que llamamos nosotros como el duelo de la infancia. Una infancia que no pudieron tener. Afectaciones emocionales, físicas, psicológicas, por los daños, por las violencias sexuales y reproductivas que sufrieron. En esta decisión lo que hicimos fue identificar un poco más las necesidades restaurativas. Entonces, dijimos, ¿cómo podría el Estado hacer frente a esos daños hoy en esta puesta de justicia restaurativa? E identificamos unas particularidades. ¿Ellos qué nos piden? Que los programas que diseñemos de justicia restaurativa respondan, de alguna manera, a alguna de estas categorías. Nos han pedido acceso a educación y formación técnica. Recuerde que son personas que no tuvieron la posibilidad de hacer un proyecto de vida desde el entorno educativo porque fueron reclutadas siendo niños. Nos piden que puedan participar en programas de reintegración y reincorporación. Y hay algo particular con las víctimas de reclutamiento. En los esquemas de reparación administrativa, para el Estado, solamente se consideran víctimas quienes salgan del grupo siendo niños y niñas. Las víctimas que salieron de la organización siendo adultas, pero que ingresaron siendo niñas para nosotros son víctimas, pero para la reparación por vía administrativa no. Entonces nos están pidiendo que puedan participar en programas de reintegración y reincorporación, si no pueden participar, por ejemplo, en programas de reparación.

Ellos vienen con unas cicatrices y unas heridas muy profundas de salud mental y físicas, también de haber participado en combates, de haber estado en su niñez en un conflicto armado. Nos han pedido también participar en espacios de diálogo de memoria y de reconstrucción comunitaria. Nos han pedido, y esto lo hemos encontrado en muchos relatos, que las personas que son responsables, los comparecientes, reconozcan la verdad y su responsabilidad, que también sería restaurativo para ellos. Y hay un punto muy importante también que nos han pedido es que los proyectos que diseñemos tengan una visión de prevención del reclutamiento de niños y niñas porque sus propios hijos hoy están en riesgo de ser reclutados, porque continúan en las condiciones de vulnerabilidad y de riesgo. Entonces nos han dicho, “Lo peor que podría pasar y que agravaría todos los daños, es que se lleven a mi hijo en condiciones similares en las que me llevaron a mí y sufra lo mismo que yo sufrí. Me dicen a mí las víctimas”.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.