Peajes en Autopistas del Café, elecciones y presión política ponen en vilo megaproyecto del Eje Cafetero

“No más peajes, no más peajes”. Entre gritos y carteles de protesta, sobre las 9:30 de la mañana, el pasado 15 de mayo un grupo de personas bloqueó varios peajes en las vías del Eje Cafetero. A las protestas, convocadas por el representante a la Cámara Santiago Osorio (Pacto Histórico- Alianza Verde), luego se sumaron varios miembros del Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec). Levantaron las talanqueras y cientos de automóviles, buses y camperos pasaron por las vías sin pagar.

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Para apaciguar las protestas, el Gobierno se reunió con el ‘Comité Antipeajes de Caldas’, y terminó anunciando el miércoles pasado una tarifa diferencial para las comunidades del área de influencia de cinco peajes.

“Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas, allá votan más por Uribe, pero no me importa porque es el corazón de Colombia”, dijo el presidente Gustavo Petro en un extenso trino en su cuenta de X en la tarde del domingo, en el que prometió además que “no habrá más peajes en Colombia” ni se “restringe la libre circulación del pueblo”.

Reduje los peajes de 18.000 pesos a 700 pesos en Caldas, allá votan más por Uribe, pero eso no me importa porque es el corazón de Colombia y tiene el mejor sistema de educación superior de Colombia, los jóvenes no votan por Uribe, pero viejos cafeteros sin pensión los reprimen,… https://t.co/sdDuw7U9qt

— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 24, 2026

Pero ese episodio, que podría quedar como un evento aislado, hoy tiene en ascuas a un megaproyecto vial con una inversión proyectada de 7 billones de pesos para modernizar y ampliar 334 kilómetros en los corredores viales de Armenia-Pereira-Manizales y Calarcá- La Paila: la iniciativa privada (IP) Conexión Centro, la cual podría suspenderse en plena semana electoral.

Este proyecto es una iniciativa de Odinsa Vías, una plataforma de activos constituida por Odinsa (empresa del Grupo Argos) y Macquarie Asset Managment. Hace parte de la quinta generación de concesiones (5G) y actualmente está en su fase de factibilidad, es decir, la etapa de análisis previa a la adjudicación y ejecución de los proyectos.

En medio de las mesas de los últimos días, los manifestantes le pidieron a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) rechazar el nuevo proyecto. En sus palabras, no renovar la concesión de Autopista del Café, la cual termina operación en febrero de 2027, y de paso, terminar ese proyecto de forma anticipada.

Autopistas del Café es una concesión de 215 kilómetros que también ha construido, operado y mantenido Odinsa por alrededor de tres décadas. Es un megaproyecto parte de la primera generación de concesiones viales (1G) de los años noventa, que ha conectado a Caldas, Risaralda y Quindío con el norte del Valle del Cauca. Gracias a ese conocimiento, y el manejo de años, Odinsa Vías, estructuró el proyecto Conexión Centro ante la ANI, el cual propone nuevas obras para la región.

Esta iniciativa privada propone construir 77 kilómetros de segunda calzada, además de la variante de Circasia, de 5,8 kilómetros. Además de 20 intersecciones nuevas en todo el corredor: y al final de la construcción Odinsa Vías tendría a cargo la operación y mantenimiento de 334 kilómetros de calzada alrededor de todo el Eje Cafetero y el corredor La Paila-Calarcá.

¿Qué dice Odinsa?

Gustavo Ordóñez Salazar, director ejecutivo de Odinsa Vías, conversó con CAMBIO sobre este megaproyecto y la situación que enfrenta hoy. Lo más preocupante para Odinsa es que se legitime, directa o indirectamente, una narrativa según la cual una concesión puede terminarse anticipadamente por presión política o vías de hecho, al margen del contrato, del debido proceso, de las competencias institucionales y de los mecanismos legales existentes.

Ordóñez aclaró que esta iniciativa privada viene siendo evaluada por la Agencia Nacional de Infraestructura y recientemente se anunció un posible rechazo a la iniciativa. “Es una decisión que todavía no ha pasado por una socialización con la región sobre el proyecto ajustado que tenemos. Esa socialización estaba prevista para las próximas semanas, una vez superáramos esta coyuntura política de primera y segunda vuelta”, dijo el ejecutivo.

Según Ordóñez, la petición de Odinsa es que “se termine de evaluar correctamente desde el punto de vista técnico, financiero, jurídico y de riesgos”, y así llevarle a la región un proyecto evaluado, junto con los dos escenarios que tienen radicados ante la ANI. “Que sea precisamente la región la que decida cuál es el mejor proyecto para desarrollar la infraestructura que requiere”, dijo.

Odinsa Vías ya entregó los estudios de factibilidad completos y la ANI está terminando de evaluarlo, pero aún no culmina esa evaluación: “Realmente estamos esperando el pronunciamiento oficial de la entidad en los próximos días. Ese pronunciamiento debería estar debidamente motivado”.

Para el directivo de la compañía el momento es inconveniente. “Pensar que se están tomando decisiones de este tipo a partir de manifestaciones que son una realidad en la región no es conveniente dentro de la coyuntura política actual, porque podría prestarse para obtener beneficios políticos en cualquier dirección”, cuestionó.

En caso de que el proyecto sea rechazado y se emita una eventual resolución, el concesionario tendría la posibilidad de interponer un recurso de reposición.

“Nosotros hoy no vemos ningún elemento de riesgo desde el análisis técnico, jurídico, financiero y social que se está desarrollando en el proyecto y en la estructuración que hemos hecho, porque hemos acogido muchas de las solicitudes planteadas a nivel regional desde 2023”, aclaró.

Para el ejecutivo, esto también impacta las condiciones de inversión en el proyecto, que también cuenta con recursos extranjeros.

“Sentar precedentes como este, en los que a partir de unas manifestaciones se induzca el rechazo de una iniciativa sin terminar el debido proceso, es una preocupación para nosotros como originadores y podría convertirse en un mal precedente hacia el futuro”, indicó Ordóñez.

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También aclaró que la autorización de las tarifas diferenciales para residentes cercanos a las vías en cuatro peajes de Caldas: Pavas, Tarapacá I, Tarapacá II y San Bernardo, implicaría que la ANI tendría que compensar el menor recaudo de peajes con cargo al presupuesto nacional o al mismo proyecto, utilizando recursos que podrían destinarse a otras inversiones en la región.

Aunque la inversión total estimada del megaproyecto ronda los 7 billones de pesos, el concesionario ha adelantado inversiones por 30.000 millones que corresponden a todos los estudios realizados para contar con un proyecto a nivel de factibilidad, que es el requisito para que finalmente pueda entrar en un proceso de selección y competencia.

“Por ahora no hay ninguna posición oficial de la ANI frente a la iniciativa privada. Es posible que en los próximos días emitan un documento público o una decisión formal, posiblemente mediante resolución, que confirme lo que se ha anunciado”, le dijo Ordoñez a CAMBIO.  

Una lluvia de cartas

El posible rechazo de la propuesta generó una oleada de cartas a la oficina de la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas y de Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, les solicitó a la ministra y al funcionario evaluar la iniciativa “estrictamente por los marcos legales” y que la decisión sea el resultado de un análisis técnico, jurídico y financiero integral; de igual forma, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), liderada por María Consuelo Araújo, emitió una comunicación pública en la que hizo un llamado “a respetar las reglas de juego contenidas en los contratos de concesión” y a no politizar un diálogo que debería ser “técnico, serio y responsable”.  

Varias voces de la región también mostraron su preocupación. El viernes pasado el Comité Intergremial de Caldas, envió una carta al Gobierno en la que le solicitó continuar la evaluación y socialización regional del proyecto. Lo mismo sucedió con el Comité Intergremial de Risaralda que hizo un llamado a la responsabilidad institucional y a la defensa de la seguridad jurídica de la infraestructura en el Eje Cafetero. Las cámaras de Comercio de Pereira y la de Armenia y Quindío también enviaron misivas solicitando la socialización del proyecto.

El gobernador del departamento del Quindío, Juan Miguel Galvis, llamó la atención sobre cómo este tipo de decisiones no pueden estar fundamentadas por “coyunturas políticas regionales sin que exista un proceso amplio de concertación” por medio de otra carta con destino al despacho del director de la ANI.

Liliana Fernández, alcaldesa del municipio de Caicedonia (Valle del Cauca), pidió que se socializara el proyecto con otros municipios del área de influencia, no solo con el departamento de Caldas. Al igual que el diputado a la Asamblea Departamental de Risaralda Carlos Andrés Gil, y el presidente del Concejo Municipal del municipio de Sevilla (Valle del Cauca), Esteban Gutiérrez Restrepo.

También enviaron cartas al Gobierno el representante a la Cámara por el departamento del Quindío John Édgar Perea (Cambio Radical), la representante por el Quindío Sandra Aristizábal (Partido Liberal) y el representante electo por Risaralda Durguez Espinosa (Centro Democrático).

Aunque no hay nada oficial, voces del sector y del Gobierno hablaron de un posible anuncio este martes 26 de mayo, a cinco días de las elecciones. Si bien el concesionario aún tendría vías legales para seguir avanzando con las fases del megaproyecto, el llamado sobre la mesa está en los riesgos de cancelar un megaproyecto de infraestructura, por motivos políticos, a una semana de la primera vuelta.