El monto del presupuesto 2027: el primer gran pulso del Gobierno De la Espriella con el Congreso
Miguel Gómez, ministro de Hacienda, deberá tramitar el presupuesto ante el Congreso. Crédito imagen: CAMBIO / Fotoilustración Kim Vega.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta esta semana su primera gran prueba en el Congreso: lograr la aprobación del monto de un presupuesto récord para 2027, en medio de las alertas por el deterioro de las cuentas fiscales y las dudas sobre cómo se hará el ajuste prometido. ¿Cuáles son los retos que enfrenta el proyecto?
El Gobierno de Abelardo de la Espriella jugará una de sus cartas claves esta semana en el Congreso, pues el martes se vence el plazo que tienen las comisiones económicas para aprobar el monto del presupuesto general de 2027. Son 634,9 billones de pesos, una cifra histórica que viene acompañada de un gran interrogante: ¿el país tiene cómo sostener esas cuentas?
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, se estrenó en la cartera hace poco más de un mes con dos retos mayúsculos: recibió unas finanzas públicas en cuidados intensivos y con la instrucción del presidente de ajustarlas. A ello se sumó, apenas tres días después de asumir el cargo, la tarea de atender una emergencia económica provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El Gobierno ha insistido en que el presupuesto que radicó hace un par de semanas —luego de que el Congreso devolvió a Hacienda el proyecto que había dejado la administración de Gustavo Petro — “sincera las cuentas” y refleja la realidad de la salud fiscal, con gastos por cerca de 20 billones que no se habían contabilizado y compromisos de deuda adicionales a los que se pedían en el proyecto anterior por 37 billones de pesos.
En resumen, el proyecto que pasará a la palestra de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado esta semana prevé gastos de funcionamiento por 392,5 billones, 155,4 billones para el servicio de deuda y 86,9 billones para inversión. En total, el presupuesto aumenta en 60 billones en comparación con el proyecto de Petro.
Estas cifras, según los cálculos del ministro de Hacienda, dejarán al país con el peor déficit de los últimos años, incluso más profundo que en el año de la pandemia: 9,4 por ciento. Pero Hacienda tiene otro ‘as’ bajo la manga, una reforma fiscal que aún no se conoce, y con la que promete un ajuste de 45 billones en los gastos.
No son unas cuentas atractivas, seguramente el pulso con el Legislativo será complejo, y el ministro medirá su capacidad de negociar mientras la temporada de ‘luna de miel’ entre el Gobierno y el Congreso que caracteriza los primeros meses de todo gobierno.
Unas finanzas en rojo
Es la primera vez que el Congreso le devuelve un proyecto de presupuesto a Hacienda en un año de cambio del Congreso. Lograr la aprobación del monto no será sencillo y las cifras preocupan. Para el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), organismo independiente adscrito al ministerio de Hacienda y encargado de velar por el cumplimiento de la regla fiscal, el nuevo proyecto de presupuesto y la actualización de las metas fiscales “reconocen de manera más realista la magnitud del desequilibrio fiscal, pero evidencia una situación particularmente exigente para las finanzas públicas”.
El CARF ya había advertido en varias ocasiones sobre la salud de las finanzas del país y sobre inconsistencias entre el gasto que incorporaba el presupuesto de Petro y las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento que había presentado también el exministro Germán Ávila apenas unas semanas antes.
“El Comité valora el mayor realismo de las cuentas fiscales, pues constituye un marco más adecuado para dimensionar el ajuste requerido”, aseguró el CARF. Pero esto no es un parte de tranquilidad. El escenario actualizado evidencia una situación fiscal particularmente compleja hacia adelante: el déficit fiscal, estima el Comité, podría llegar a 10 por ciento el próximo año y la deuda neta alrededor de 67,3 por ciento del PIB, muy cerca de la meta de 71 por ciento que está fijada por ley como un límite manejable para la economía colombiana.
Juan David Grillo, director técnico (e) del CARF, le explicó a CAMBIO el riesgo de esta situación. “Es como un hogar. En la medida que los gastos de una familia superan de manera excesiva sus ingresos, esos hogares van a tener que endeudarse más y más. Y llegará un punto en que los prestamistas o las centrales de riesgo empezarán a calificarlo mal porque consideran que esa familia no podrá cumplir con los pagos de deuda, y se convierte en un problema. Son elementos que, como en los hogares, se replican en la nación”, advierte el experto.
Para Grillo, el gran problema que enfrenta hoy el país es que el Estado colombiano “nunca había experimentado un desbalance tan grande entre ingresos y gastos, ni siquiera en la pandemia”.
De hecho, ya algunas calificadoras tienen la lupa puesta sobre las cuentas colombianas. Esta semana Fitch Ratings emitió un comentario sobre el proyecto presentado por el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella y mostró su preocupación por el nivel de déficit y deuda del país.
Para Fitch, el nuevo presupuesto proyecta “una imagen más realista de los desafíos fiscales de Colombia”, pero la calificadora advierte que incluso si se implementan medidas para reducir la brecha presupuestaria, el déficit seguiría encima de sus pronósticos y la deuda mantendría una trayectoria ascendente más pronunciada.
¿Un recorte inminente?
El Gobierno ha prometido una ley fiscal que Gómez bautizó como ‘ley de rescate económico’, para ajustar en 2,2 por ciento del PIB los gastos, lo que implica un recorte de 45 billones el año entrante.
Pero el propio CARF ha llamado la atención sobre los riesgos de esta estrategia, en la que, si bien corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste, la decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República.
En su reporte sobre Colombia, Fitch también se mostró alerta y advirtió que la medida podría enfrentar resistencia política y verse diluida según su contenido. “Un gobierno elegido con una plataforma de reducción de impuestos y mantenimiento del gasto social se enfrenta ahora a unos costos de reconstrucción aún indeterminados y a un Congreso fragmentado, lo que complica la senda hacia la consolidación fiscal”, comentó la firma.
Las pistas que ha dado Gómez sobre el proyecto se suman a las promesas de campaña de De la Espriella de reducir una cuarta parte del Estado. Pero varios expertos advierten que generar ahorros significativos supone que estos recortes se apliquen a partidas rígidas —como los salarios y las transferencias sociales—, que constituyen la mayor parte del presupuesto, lo cual resultará impopular.
Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, menciona que, si el país no recorta su gasto fiscal, podría enfrentarse a un escenario similar al de otros de la región que han enfrentado desbalances fiscales mayores que han afectado no solo sus cuentas fiscales, sino también otros indicadores como su crecimiento o la inflación.
“La medicina está siendo amarga y fuerte, pero a futuro, si no pasamos por un plan de recorte, lo que nos espera es un universo en el que estaremos pagando muchos intereses, y probablemente nos volvamos como algunos países latinoamericanos de los 80, o como Argentina, un caso más reciente, que año a año se está ‘quebrando’ porque no alcanza la plata”, advirtió el académico.
Para el experto, la experiencia internacional ha demostrado que en escenarios en los que los gastos superan los ingresos, han demostrado ser más efectivas las medidas de recorte que los aumentos en impuestos.
Pero la meta de una ley fiscal que reduzca el gasto en 2,2 por ciento del PIB es ambiciosa, “sumamente optimista”, en palabras de Andrés Pardo Amézquita, director de Estrategia Macroeconómica para América Latina de XP Investments, dadas las restricciones políticas que enfrenta la administración y el respaldo mayoritario —aunque limitado— con el que cuenta en el Congreso.
“Incluso si se implementara la totalidad del ajuste de 40 billones de pesos, el déficit fiscal seguiría siendo excepcionalmente elevado”, dice el experto.
Por eso, asegura Pardo, lo más probable que el Gobierno adopte una estrategia de financiación basada en un paquete coordinado con organismos multilaterales, entre los que podrían figurar el Banco Mundial, el Bando Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y, eventualmente, el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“Es probable que dicha estrategia trascienda la mera obtención de nuevos préstamos y combine, en cambio, apoyo presupuestario, financiación condicionada a políticas y recursos vinculados a reformas estructurales”, advirtió el experto.
El reto de convencer al Congreso
Las discusiones sobre el monto del presupuesto se iniciaron hace dos semanas, con una intervención del ministro Gómez ante las comisiones económicas. Gómez defendió su proyecto y aseguró que este no incluye “maquillaje contable” como el de su antecesor.
Lograr el aval de las comisiones es fundamental para el Gobierno, o podría repetirse el escenario del presupuesto de 2025, cuando el Congreso no aprobó el monto presupuesto, se avanzó en paralelo con los debates para evitar un bloqueo del funcionamiento del Estado, y el Gobierno del presidente Petro terminó decretándolo, en un hecho insólito en el ciclo presupuestal. Pero como ese presupuesto tenía un faltante de 12 billones de pesos, quedó desfinanciado, y el gobierno luego se vio obligado a recortarlo.
La semana pasada, el titular de la cartera de Hacienda celebró una serie de reuniones privadas con los coordinadores y ponentes del proyecto para revisar el proyecto y preparar la cancha para la discusión de esta semana que comienza.
Pero incluso los congresistas afines al gobierno han expresado algunos reparos. La senadora del Partido Salvación Nacional Sara Castellanos expresó en una de las discusiones en días pasado que si bien respaldaba el proyecto que presentó el Gobierno, le preocupaba que este estuviera condicionado a una ley fiscal de la que aún no se conoce el texto.
“Hay que saber dónde se va a reducir ese dinero. Para aprobar el presupuesto es necesario que las comisiones sepan dónde se va a hacer el ajuste fiscal. Es necesario que esto no se apruebe a ciegas”, alertó Castellanos durante las discusiones.
El senador Christian Garcés, del Centro Democrático, aseguró a finales de la semana pasada que “no podemos tener” un presupuesto conformado por un servicio a la deuda de 155 billones, funcionamiento 393 billones y de inversión solo 87 billones. Propuso reducir los gastos de funcionamiento y a la par renegociar la deuda que sea posible, con el apoyo de la comunidad internacional y buscando mejores tasas.
“En ningún momento he propuesto no honrar los compromisos y Colombia está lejos de un default. Tenemos que buscar la forma de renegociar la deuda, como siempre se ha hecho”, propuso el senador. El representante a la Cámara por el Tolima, Guillermo Alvira, del Partido Conservador, también se ha mostrado preocupado por la reducción del 14,6 por ciento en el presupuesto destinado al sector vivienda, especialmente en la coyuntura actual.
“Tener una casa propia transforma vidas, cambia la manera de pensar de una familia, mejora su calidad de vida y le permite progresar. Por eso me preocupa profundamente que, en medio de las necesidades que tiene el país, el presupuesto de vivienda se haya reducido”, señaló Alvira.
Hacienda se jugará toda su capacidad esta semana ante las comisiones para buscar un guiño positivo a la cifra de casi 635 billones que propone el gobierno De la Espriella para 2027. Si recibe la aprobación, el proyecto deberá surtir dos debates, primero ante las comisiones económicas y luego ante las plenarias de Senado y Cámara para convertirse en ley. Será la primera prueba con la que se medirá el nuevo Gobierno en el Congreso.
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