Los incumplimientos reiterados que llevaron a la liquidación judicial a Don Jediondo Sopitas y Parrilla

La Superintendencia de Sociedades confirmó que la empresa Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S., reconocida por su oferta de comida típica colombiana, ingresó en proceso de liquidación judicial.

La compañía, con 33 establecimientos activos en Colombia, reportó al 30 de junio activos por 25.601 millones de pesos y pasivos por 25.580 millones, además de 183 trabajadores directos.

La decisión de liquidación se tomó en audiencia celebrada el 25 de agosto de 2025, en aplicación de la Ley 1116 de 2006.

#Comunicado 📢| Proceso de liquidación judicial de Don Jediondo Sopitas y Parrilla S.A.S.

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— Superintendencia de Sociedades (@SSociedades) August 26, 2025

Incumplimientos reiterados llevaron a la liquidación

Don Jediondo se encontraba en reorganización desde agosto de 2022, pero según la Superintendencia incumplió de forma reiterada las obligaciones pactadas en el acuerdo, incluyendo pagos fiscales, de seguridad social y gastos de administración.

Durante la etapa de seguimiento, el juez del concurso adelantó cinco audiencias en las que se verificaron deudas con Colpensiones, DIAN, Porvenir y Protección, así como un incremento en las obligaciones relacionadas con el impuesto al consumo.

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A pesar de los requerimientos y las oportunidades otorgadas por los acreedores, la empresa no logró estabilizar su situación financiera ni demostrar capacidad de pago.

Ante este escenario, la autoridad declaró el incumplimiento definitivo del acuerdo y ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial.

“Se agotaron todos los mecanismos de recuperación”

El superintendente de Sociedades, Billy Escobar Pérez, afirmó que en este caso “se agotaron los mecanismos legales de recuperación previstos en el marco del proceso de reorganización”. Agregó que tanto la entidad como los acreedores sumaron esfuerzos para darle continuidad a la compañía, pero la imposibilidad de superar la crisis llevó a la medida final.

“Esta entidad actuó con diligencia para ordenar la apertura del proceso de liquidación judicial, con el propósito de salvaguardar el orden económico, proteger los activos disponibles y garantizar, dentro del marco legal, la atención prioritaria a los derechos de los acreedores”, señaló Escobar.