Más de 3.000 jóvenes colombianos enfrentan riesgo de deportación en Estados Unidos por medidas del Gobierno Trump
Las recientes decisiones en materia migratoria en Estados Unidos han reducido las garantías para los beneficiarios de DACA. Entre cambios legales, pérdida de beneficios y nuevos criterios judiciales, miles de jóvenes, entre ellos colombianos, enfrentan un panorama cada vez más incierto sobre su permanencia en el país.
La situación de miles de jóvenes migrantes en Estados Unidos vuelve a generar preocupación. Cerca de 3.000 colombianos amparados por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) podrían quedar expuestos a procesos de deportación tras una serie de medidas impulsadas por la administración de Donald Trump.
DACA, creado en 2012 durante el Gobierno de Barack Obama, ha permitido por años que jóvenes que llegaron siendo niños permanezcan en el país con permisos temporales de trabajo y protección frente a la deportación. Sin embargo, ese respaldo se ha debilitado progresivamente en el actual contexto político.
Uno de los cambios más significativos proviene de una reciente decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración, organismo adscrito al Departamento de Justicia estadounidense. El tribunal estableció que contar con el estatus DACA ya no es suficiente, por sí solo, para frenar un proceso de expulsión. Esta interpretación marca un precedente que podría abrir la puerta a la reactivación de múltiples casos migratorios.
Colombianos en riesgo: las cifras que preocupan
El impacto no es menor. Se estima que alrededor de 500.000 jóvenes están protegidos por este programa en todo Estados Unidos, incluidos entre 3.000 y 3.500 colombianos, según cifras de organizaciones especializadas en migración y datos oficiales.
Para muchos de ellos, el país norteamericano es el único hogar que conocen, lo que agrava las consecuencias de una eventual deportación, especialmente al no contar con redes de apoyo sólidas en Colombia.
Presión económica y social sobre los dreamers
A la incertidumbre jurídica se suma una presión creciente en el ámbito económico y social. En los últimos meses, el Gobierno ha restringido el acceso de los beneficiarios a seguros de salud subsidiados y ha impulsado acciones para eliminar beneficios educativos, como matrículas universitarias diferenciadas.
Estas decisiones han encarecido significativamente la vida de los llamados dreamers, dificultando su acceso a servicios básicos y oportunidades académicas. Además, los retrasos en los procesos de renovación han llevado a que algunos pierdan sus permisos de trabajo, afectando directamente su estabilidad económica.
En paralelo, las autoridades migratorias han intensificado operativos. Datos oficiales indican que durante 2025 cientos de beneficiarios de DACA fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y varios de ellos terminaron siendo deportados incluso mientras tramitaban la renovación de su estatus.
Un caso que ha encendido las alarmas es el de la activista Catalina Santiago, cuyo proceso migratorio fue reabierto pese a contar con protección vigente. La decisión ha sido interpretada como una señal de que la protección del programa podría ser más frágil de lo que se creía.
Un futuro incierto para miles de jóvenes
Desde el Gobierno estadounidense, el mensaje también se ha endurecido. Funcionarios han advertido que los beneficiarios no cuentan con protección automática frente a la deportación y han sugerido que consideren salir del país de manera voluntaria.
Este conjunto de medidas refleja una estrategia que no apunta necesariamente a eliminar DACA de forma inmediata, sino a reducir gradualmente su alcance y efectividad. Para miles de jóvenes colombianos, esto se traduce en un futuro incierto, marcado por la posibilidad de perder el lugar donde crecieron y construyeron su vida.
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