¿Puede existir un fracking sostenible? Las verdades, mitos y grises detrás del debate ambiental

La discusión sobre el fracking volvió al centro del debate electoral luego de que José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, publicara un video junto a la ambientalista Sandra Bessudo en el que ambos sostienen que es posible desarrollar esta técnica sin comprometer la protección ambiental para enfrentar la disminución en las reservas de gas.

Bessudo, directora de la Fundación Malpelo y la voz que le habla al oído a la campaña De La Espriella-Restrepo sobre medioambiente, aseguró en un video, delante de un campo verde forrado de frailejones, que los avances tecnológicos permitirían reducir los impactos ambientales negativos siempre que la actividad se mantenga alejada de “ecosistemas estratégicos” como páramos, acuíferos o selvas.

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Las declaraciones reactivaron una discusión que lleva más de una década en Colombia. CAMBIO contrastó esas afirmaciones con la evidencia científica disponible y la opinión de expertos en el sector.

La técnica de fracking consiste en excavar un pozo vertical para alcanzar la formación de rocas donde hay gas y petróleo en formaciones rocosas poco porosas. La roca se fractura inyectando agua a alta presión con compuestos químicos que sirven para que el hidrocarburo se haga más fluido y para mantener abierta las fracturas y así capturar el gas y el petróleo.

¿Se puede hacer fracking sin dañar el medioambiente?

Para muchos detractores del fracking, el debate no empieza bajo tierra sino en la superficie, con el agua. Cada pozo exige la inyección de entre 7,5 y 26,5 millones de litros de agua limpia mezclada con arena, según Scientific American. En una época marcada por la escasez hídrica, esa cifra se ha convertido en uno de los argumentos más poderosos de quienes cuestionan la técnica.

A esa cantidad de agua se le agregan entre 1 y 5 por ciento de compuestos químicos para optimizar la presión, reducir la fricción en las tuberías y facilitar la extracción. Aunque se desconoce la totalidad de ellos por considerarse secreto industrial, científicos estadounidenses identificaron más de 100 compuestos que incluyen benceno, plomo, arsénico, mercurio y algunos elementos orgánicos.

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Basándose en los artículos académicos disponibles y en la experiencia internacional que había hasta ese momento, la comisión de expertos que encargó el Gobierno Duque en 2019, detectó cinco riesgos principales: una mayor competencia por el agua, posibles afectaciones a cuerpos superficiales y acuíferos por derrames accidentales, fallas en la integridad de los pozos y problemas asociados al manejo de las aguas residuales generadas durante el proceso.

Con estas consideraciones, el ingeniero de petróleos Andrés Gómez, coordinador para Latinoamérica de la iniciativa Por un Tratado sobre Combustibles Fósiles, sostiene que cualquier proyecto de fracking implica impactos ambientales inevitables. Por esa razón, considera que es imposible hacerlo de una manera sostenible, como dice el exministro Restrepo. "El fracking es intensivo en el uso de energía y agua y, con el paso del tiempo, la contaminación asociada se vuelve cada vez más preocupante", dijo a CAMBIO.

Uno de los principales argumentos a favor del fracking suele ser el caso de Estados Unidos, país que ha logrado aumentar sus reservas de petróleo y gas, en parte, gracias a la extracción a punta de fracturación hidráulica. Sin embargo, Gómez considera que esa situación no es replicable en Colombia, por las diferencias en las condiciones geológicas y ambientales que hay entre las extensas zonas desérticas de Texas o Dakota del Norte y el Valle del Magdalena Medio (la zona con proyección más prolífica para esta actividad), donde hay sistemas de humedales y de bosques secos tropicales.

Del otro lado del debate están quienes, como Bessudo, consideran que el fracking puede desarrollarse con mitigaciones que lo hacen menos dañino. Uno de ellos es el geólogo Amat Zuluaga, director del Observatorio de Transición Energética del Caribe, quien sostiene que los riesgos pueden suavizarse mediante una regulación estricta, monitoreo permanente y controles técnicos robustos, una idea que también compartió la comisión de expertos en 2019.

Para Zuluaga, prohibir la actividad por los riesgos que representa no se justifica; en cambio, opina que es viable si el Estado tiene la capacidad de vigilar la ejecución y exigir el cumplimiento de altos estándares ambientales. “No estamos exentos de que pasen cosas, pero cuando se hacen unos controles eficientes, los riesgos son muy mínimos”, dijo el geólogo a CAMBIO.

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Aunque el debate científico sobre el fracking está lejos de estar saldado, las revisiones académicas internacionales enfatizan en riesgos potenciales para los ecosistemas y las comunidades cercanas a las zonas de explotación, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá. La magnitud de estos impactos, sin embargo, varía según factores como la geología local, la regulación vigente y los estándares técnicos aplicados en cada proyecto.

En Colombia, el fracking no está explícitamente prohibido, pero en este momento no hay proyectos ni pilotos activos debido a la suspensión de licencias ambientales y la política anti-fracking del Gobierno Petro. Ese panorama podría cambiar con la llegada de una administración como De la Espriella.

¿El fracking pone en riesgo a los páramos?

La importancia simbólica de los páramos quedó en evidencia cuando José Manuel Restrepo visitó el Parque Natural Vista Hermosa de Monquentiva para hablar del plan ambiental de su campaña. Aunque hace un par de semanas el mismo De La Espriella dijo que su gobierno haría fracking “a lo que dé”, la fórmula vicepresidencial desmintió que su gobierno fuera a afectar a los páramos con esa técnica extractivista.

Zuluaga explicó en CAMBIO que las áreas de interés para el fracking en Colombia están lejos de esos ecosistemas porque “en los páramos no hay roca generadora, no hay petróleo, no puede haber hidrocarburos en zonas con rocas metamórficas”.

Las zonas con potencial para desarrollar hidrocarburos no convencionales suelen ubicarse cerca del nivel del mar y no en la alta montaña. Además, recordó que los páramos cuentan con protección legal en Colombia con la Ley de Páramos, que prohíbe las actividades extractivas allí.

Pero para los críticos del fracking, el debate no se limita a los páramos. La principal preocupación se centra en los posibles impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas de regiones donde sí existen formaciones con potencial para la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Si Colombia le diera rienda suelta, la atención se concentraría en la formación La Luna, en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, cerca de Barrancabermeja y del sur del Cesar y con una extensión de más de 32.000 kilómetros cuadrados.

Defensores del fracking estiman que los recursos recuperables en esa subregión alcanzan hasta 18 TCF (billones de pies cúbicos) de gas natural y entre 4,6 y 8 mil millones de barriles de petróleo.

Sin embargo, los ambientalistas advierten sobre los riesgos por contaminación que podría sufrir la red hídrica de ese valle en caso de implantar proyectos de fracking. En ese punto del país, la ANLA ya ha identificado presiones sobre los recursos hídricos por cuenta de la confluencia entre proyectos de hidrocarburos y la agroindustria, entre otros factores.

En el Valle Medio del Magdalena hay en total 732 puntos de agua subterránea, conformados por 417 aljibes, 220 pozos y 95 manantiales, localizados en mayor parte en o cerca del municipio de Barrancabermeja; y un 79 por ciento de los puntos de agua subterránea inventariados por la ANLA están en estado de producción, lo que resalta la importancia de los acuíferos como fuente de abastecimiento para las comunidades y los cultivos.

¿Hay tecnologías nuevas para reducir los riesgos ambientales del fracking?

En los últimos años, la industria del fracking ha incorporado tecnologías que, según sus defensores, permitirían reducir algunos de los impactos ambientales más cuestionados. Zuluaga destaca las mejoras en los sistemas de monitoreo y control, que incluyen herramientas para verificar la integridad de los pozos, detectar posibles fugas de metano y supervisar la actividad sísmica mediante redes especializadas y protocolos de respuesta temprana. También hay experiencias internacionales que usan agua salada en lugar de dulce.

A su juicio, estas innovaciones no eliminarían los riesgos inherentes, pero podrían reducirlos significativamente.

Sin embargo, para algunos expertos el debate no puede limitarse a los avances tecnológicos. La docente de gestión ambiental July García, del Politécnico Grancolombiano, considera que no es posible trasladar automáticamente las experiencias de otros países al caso colombiano. Explicó que, aunque algunos países han aplicado esquemas rigurosos de regulación y control, las condiciones territoriales, ambientales y sociales de Colombia son distintas. 

García coincide con el ingeniero Andrés Gómez en que cualquier intervención generará algún nivel de afectación sobre el territorio, por lo que —para ellos—, hablar de un "fracking sostenible" resulta difícil de sostener.

Uno de los ejemplos más citados de avances tecnológicos en el fracking es el uso de dióxido de carbono (CO₂) como inyectable para reducir así la cantidad de agua requerida durante el proceso de fracturación. Esa tecnología ha sido probada en proyectos piloto en China, donde hay estudios reportan mejoras en la productividad y una menor demanda del recurso hídrico. Sin embargo, sigue siendo una alternativa experimental que enfrenta desafíos técnicos relacionados con el monitoreo de las fracturas y costos más elevados que los métodos convencionales.

Para García, cualquier decisión sobre el desarrollo de yacimientos no convencionales en Colombia debería evaluar no solo la tecnología disponible, sino también factores como la biodiversidad, el manejo del recurso hídrico, la capacidad institucional y la aceptación de las comunidades. 

"Colombia, al considerarse como uno de los países más biodiversos del mundo, exige que cualquier iniciativa sea evaluada con un alto nivel de rigurosidad técnica, considerando no solo los impactos directos del proyecto, sino también los posibles efectos acumulativos y sinérgicos sobre los ecosistemas, los recursos naturales y las comunidades", concluyó la experta.