Los pésimos precedentes del ingreso de la Policía a las universidades

Luego de que un agente de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) saliera gravemente herido durante las confrontaciones sostenidas entre el escuadrón y grupos de manifestantes encapuchados en la Universidad Nacional, de Bogotá, la alcaldesa, Claudia López, solicitó por Twitter al director general de la Policía ingresar a la universidad y arrestar a los responsables del ataque.

Le solicito expresa y públicamente al director de la Policía Nacional que de común acuerdo con la rectoría de la universidad ingrese y detenga a estos criminales que ya atentaron contra la vida de un policía y si los dejan seguir actuando impunemente pueden atentar contra más… https://t.co/D4uPEoULqz

— Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) June 8, 2023

La reacción de los usuarios de redes no se hizo esperar. La Policía no ingresa a las universidades desde un episodio ocurrido dentro de la Universidad Nacional el 16 de mayo de 1984. De acuerdo con los registros, ese día se presentaron más de 500 hechos de brutalidad policial, entre ellos la tortura de al menos 80 estudiantes.

“La solicitud de la alcaldesa es desproporcionada porque el despliegue de la fuerza pública a las instituciones educativas tiene un precedente histórico desastroso. En 1984, cuando la fuerza pública ingresó a la Universidad Nacional, las consecuencias fueron atroces y estos hechos aún permanecen en la impunidad”, aseguró Alejandro Lanz, director de la ONG Temblores a CAMBIO.

Desde entonces, el ingreso de la Policía a las universidades ha sido negado. Recientemente, la Comisión de la Verdad solicitó crear códigos estrictos para prohibir el ingreso y no permitir que hechos así vuelvan a ocurrir.

Lanz añade que la labor de detención de los responsables no le compete a ella y tampoco a la Policía, sino a la Fiscalía: “Le compete a la Fiscalía adelantar las labores de indagación e investigación que permitan identificar a los responsables de este lamentable hecho protegiendo siempre el derecho al debido proceso y guardando la proporcionalidad y razonabilidad de las acciones”.