Cuatro respuestas de Gustavo Petro que contrastan con la realidad

El presidente Gustavo Petro escogió el programa 6AM de W Radio para intentar recuperar la narrativa en uno de los momentos más difíciles de su gobierno. Llegó a la entrevista con varios incendios abiertos al mismo tiempo: la fallida ‘Paz Total’; el escándalo de corrupción de la UNGRD y dos de sus ministros capturados; el caso Juliana Guerrero, la joven de su círculo más cercano imputada por presuntos títulos falsos; y la nueva ofensiva política contra Thomas Greg & Sons y el software electoral, a pocas semanas de las elecciones. Durante casi una hora, Petro defendió decisiones, negó responsabilidades y relativizó cuestionamientos judiciales y administrativos que hoy golpean a varias personas de su entorno. El problema es que, al contrastar sus afirmaciones con documentos oficiales, fallos judiciales, registros públicos y actuaciones de las autoridades, varias de sus respuestas no resisten verificación completa o terminan contradiciendo hechos ya acreditados.

Guerrero y los títulos: lo que Petro dijo y lo que registran los hechos

“La señora Juliana Guerrero hasta el día de hoy no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad”, afirmó Petro. La frase, construida en doble negación, es políticamente útil porque evita una afirmación categórica, pero entra en tensión con lo que ya establecieron la propia institución educativa, el Ministerio de Educación y la Fiscalía.

La Fundación Universitaria San José aseguró en un comunicado oficial que “no existe evidencia de actividad en la plataforma virtual, desarrollo de clases ni evaluación alguna” en los programas que Guerrero supuestamente cursó. Por esa razón, el consejo directivo anuló de manera unánime sus títulos en noviembre de 2025. Después, el Ministerio de Educación abrió investigación formal contra la institución mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025.

La Fiscalía fue todavía más contundente durante la audiencia de imputación de cargos contra Guerrero el pasado mes de marzo de 2026. Allí sostuvo que Guerrero “nunca fue a clase”, no presentó evaluaciones ni cumplió con las pruebas de Estado requeridas legalmente para graduarse. Por esos hechos le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Petro también aseguró que Guerrero no podía ser viceministra porque “no tenía 25 años”, dando a entender que nunca fue una candidata real para el cargo. Pero los registros públicos cuentan otra historia. El 14 de agosto de 2025, la Presidencia de la República publicó oficialmente su hoja de vida en el portal de aspirantes para el cargo de viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad. La propia Guerrero reconoció después que el presidente le había ofrecido el cargo como reconocimiento a su trabajo político. La hoja de vida fue retirada semanas más tarde, cuando el escándalo por los títulos volvió inviable el nombramiento.

La UNGRD: el presidente que primero defendió y luego dijo que actuó de inmediato

En la entrevista, Petro sostuvo que, en cuanto conoció las denuncias sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, actuó con decisión y que su gobierno nunca protegió a los responsables. Pero la cronología pública muestra una secuencia distinta.

El 25 de enero de 2024, cuando el escándalo por los carrotanques de La Guajira ya ocupaba titulares nacionales, Petro participó en un acto público en Micay, Cauca, y defendió al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, quien llevaba más de un mes suspendido por decisión de la Contraloría General, no del Gobierno.

“La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD, ¿y dónde está el director? Suspendido. Si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia”, dijo entonces el mandatario.

La frase es incómoda para el Gobierno. Fue la Contraloría, no la Presidencia, la que suspendió a Olmedo López el 5 de diciembre de 2023, por no responder requerimientos sobre la reconstrucción de Mocoa y Piojó y no asistir a las audiencias de seguimiento a las que fue convocado por el organismo de control. Petro ratificó formalmente esa suspensión, pero semanas después salió a defenderlo en público. Y el 28 de febrero de 2024, con el escándalo de los carrotanques de La Guajira copando los titulares, fue la propia UNGRD la que emitió un comunicado asegurando que el presidente había pedido "enfáticamente" la continuidad de su director en el cargo. López renunció al día siguiente. Siete meses más tarde fue imputado por cinco delitos de corrupción en contratación estatal. Hoy es uno de los principales colaboradores de la Fiscalía en el caso.

El presidente también cojeó en la entrevista con el caso del que la Fiscalía denominó como el cerebro del escándalo de la UNGRD: el exdirector del DAPRE –y quien fungió también como director de inteligencia– Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia. Los periodistas le preguntaron por el funcionario de la embajada de Colombia en Nicaragua que gestionó la residencia de González y Petro respondió que había salido cuando se conoció el dato. Cuando los periodistas le señalaron a Petro que el funcionario no había sido retirado sino reubicado, el presidente respondió: “Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”. Amanecerá y veremos.

Laura Sarabia y Daniela Andrade, otra respuesta difícil de entender

En la entrevista también salió Laura Sarabia. Petro la señaló de haber puesto a "una amiga" en una notaría —en referencia directa a Daniela Andrade Valencia—, la llamó "codiciosa" y, en un giro que generó reacciones inmediatas, dijo que mandarla como embajadora a Londres en realidad no fue un premio, sino un castigo: "Si a mí me mandan a una embajada, yo siento que me castigaron. Simplemente te alejaron del poder", dijo. La declaración es difícil de sostener. La embajada de Colombia ante el Reino Unido es históricamente el segundo cargo diplomático mejor remunerado del escalafón, con un salario base de 8.000 libras esterlinas mensuales —más de 42 millones de pesos al cambio de 2023—, además de gastos de representación, alojamiento y otros beneficios, cifra que pudo haber variado tras el ajuste salarial decretado en 2025. 

Sarabia, sin carrera diplomática de carrera y con 31 años, recibió ese cargo en octubre de 2025 —su quinto puesto en el Gobierno Petro— después de una salida polémica de la Cancillería por el escándalo del contrato de pasaportes con Thomas Greg & Sons. Que el presidente llame "castigo" a eso, mientras la mantiene en el cargo pese a los señalamientos que él mismo ha hecho públicamente sobre su conducta, es una contradicción que no pasó desapercibida.

En cuanto a Daniela Andrade Valencia, los hechos son concretos: fue vicepresidenta de Contratación Derivada de la Fiduprevisora y firmó los pagos de los $46.800 millones en la compra de los 40 carrotanques para La Guajira, contratos hoy en el centro del escándalo de la UNGRD. La Procuraduría la incluyó como investigada. Pese a eso, en julio de 2024 el Gobierno la nombró encargada de la Notaría 36 de Bogotá, una de las más lucrativas del país. Andrade es, además, pareja de Jaime Ramírez Cobo, asesor de Presidencia y enlace con el Congreso, también señalado en el caso UNGRD. El presidente, al referirse a ese nombramiento en la entrevista, lo atribuyó a Sarabia, diciendo que fue ella quien la puso en ese cargo. Sin embargo, es difícil de entender que el presidente, después de dos años de ese nombramiento, no haya hecho nada al respecto si es que no estaba de acuerdo con el mismo.

El software electoral: una crítica con soporte judicial que Petro extiende más allá de los hechos

En la entrevista, Petro repitió una tesis que lleva años sosteniendo: "El software que se usó en el fraude del 2014 contra el partido MIRA es el mismo que se usa hoy. La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Thomas Greg & Sons."

La base del argumento sí tiene respaldo judicial, aunque no en los términos amplios en que lo presenta Petro. En 2018, el Consejo de Estado encontró irregularidades en el escrutinio de las elecciones legislativas de 2014 que afectaron al partido MIRA y terminaron modificando la asignación de curules. Como consecuencia, el tribunal exhortó a que la organización electoral contara con un software propio para consolidar los datos del escrutinio. Según el registrador Hernán Penagos, esa instrucción se cumplió: la Registraduría adquirió un software desarrollado por la firma española Indra y lo entregó al Consejo Nacional Electoral, que es la entidad encargada de operarlo. Por eso, aunque es legítimo recordar el antecedente del MIRA, no es exacto concluir que Thomas Greg & Sons controle hoy el software de escrutinio definitivo. El registrador Hernán Penagos lo confirmó públicamente.

Sobre el control de los datos de los colombianos, el registrador Penagos fue directo en declaraciones a El Espectador: "La información de los colombianos no ha estado en manos de ninguna empresa privada." Explicó que es la empresa francesa Idemia, con más de veinte años trabajando con la Registraduría, quien provee el soporte tecnológico para los datos de identidad, pero que el manejo y control de esa información es responsabilidad exclusiva de los funcionarios de la entidad. Thomas Greg & Sons tiene contratos de logística electoral, no de administración de datos.

Después de varios meses sin conceder entrevistas, el presidente Petro se animó de nuevo a defender su gestión en los micrófonos. Sin embargo, su posición fue tibia con casos que no admiten medias tintas.