Cuatro respuestas de Gustavo Petro que contrastan con la realidad

El presidente Gustavo Petro escogió el programa 6AM de W Radio para intentar recuperar la narrativa en uno de los momentos más difíciles de su gobierno. Llegó a la entrevista con varios incendios abiertos al mismo tiempo: la fallida ‘Paz Total’; el escándalo de corrupción de la UNGRD y dos de sus ministros capturados; el caso Juliana Guerrero, la joven de su círculo más cercano imputada por presuntos títulos falsos, y la nueva ofensiva política contra Thomas Greg & Sons y el software electoral, a pocas semanas de las elecciones. Durante casi una hora, Petro defendió decisiones, negó responsabilidades y relativizó cuestionamientos judiciales y administrativos que hoy golpean a varias personas de su entorno. El problema es que, al contrastar sus afirmaciones con documentos oficiales, fallos judiciales, registros públicos y actuaciones de las autoridades, varias de sus respuestas no resisten verificación completa o terminan contradiciendo hechos ya acreditados.

Guerrero y los títulos: lo que Petro dijo y lo que registran los hechos

“La señora Juliana Guerrero hasta el día de hoy no se le ha comprobado que no estudió en esa universidad”, afirmó Petro. La frase, construida en doble negación, es políticamente útil porque evita una afirmación categórica, pero entra en tensión con lo que ya establecieron la propia institución educativa, el Ministerio de Educación y la Fiscalía.

La Fundación Universitaria San José aseguró en un comunicado oficial que “no existe evidencia de actividad en la plataforma virtual, desarrollo de clases ni evaluación alguna” en los programas que Guerrero supuestamente cursó. Por esa razón, el consejo directivo anuló de manera unánime sus títulos en noviembre de 2025. Después, el Ministerio de Educación abrió investigación formal contra la institución mediante la Resolución 021551 del 10 de noviembre de 2025.

La Fiscalía fue todavía más contundente durante la audiencia de imputación de cargos contra Guerrero el pasado mes de marzo de 2026. Allí sostuvo que Guerrero “nunca fue a clase”, no presentó evaluaciones ni cumplió con las pruebas de Estado requeridas legalmente para graduarse. Por esos hechos le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público.

Petro también aseguró que Guerrero no podía ser viceministra porque “no tenía 25 años”, dando a entender que nunca fue una candidata real para el cargo. Pero los registros públicos cuentan otra historia. El 14 de agosto de 2025, la Presidencia de la República publicó oficialmente su hoja de vida en el portal de aspirantes para el cargo de Viceministra de la Juventud del Ministerio de la Igualdad. La propia Guerrero reconoció después que el presidente le había ofrecido el cargo como reconocimiento a su trabajo político. La hoja de vida fue retirada semanas más tarde, cuando el escándalo por los títulos volvió inviable el nombramiento.

La UNGRD: el presidente que primero defendió y luego dijo que actuó de inmediato

En la entrevista, Petro sostuvo que, en cuanto conoció las denuncias sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, actuó con decisión y que su gobierno nunca protegió a los responsables. Pero la cronología pública muestra una secuencia distinta.

El 25 de enero de 2024, cuando el escándalo por los carrotanques de La Guajira ya ocupaba titulares nacionales, Petro participó en un acto público en Micay, Cauca, y defendió al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, quien llevaba más de un mes suspendido por decisión de la Contraloría General, no del Gobierno.

“La entidad que debe dirigir eso se llama la UNGRD, ¿y dónde está el director? Suspendido. Si querían suspenderlo, esperen que pase la emergencia”, dijo entonces el mandatario.

La frase es incómoda para el Gobierno. Fue la Contraloría, no la Presidencia, la que suspendió a Olmedo López el 5 de diciembre de 2023, por no responder requerimientos sobre la reconstrucción de Mocoa y Piojó y no asistir a las audiencias de seguimiento a las que fue convocado por el organismo de control. Petro ratificó formalmente esa suspensión, pero semanas después salió a defenderlo en público. Y el 28 de febrero de 2024, con el escándalo de los carrotanques de La Guajira copando los titulares, fue la propia UNGRD la que emitió un comunicado asegurando que el presidente había pedido "enfáticamente" la continuidad de su director en el cargo. López renunció al día siguiente. Siete meses más tarde fue imputado por cinco delitos de corrupción en contratación estatal. Hoy es uno de los principales colaboradores de la Fiscalía en el caso.

El presidente también cojeó en la entrevista con el caso del que la Fiscalía denominó como el cerebro del escándalo de la UNGRD: el exdirector del DAPRE –y quien fungió también como director de inteligencia– Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia. Los periodistas le preguntaron por el funcionario de la embajada de Colombia en Nicaragua que gestionó la residencia de González y Petro respondió que había salido cuando se conoció el dato. Cuando los periodistas le señalaron a Petro que el funcionario no había sido retirado sino reubicado, el presidente respondió: “Nosotros lo echamos. Si me dicen que está reubicado, hoy mismo se va”. Amanecerá y veremos.

El software electoral: una crítica con soporte judicial que Petro extiende más allá de los hechos

En la entrevista, Petro repitió una tesis que lleva años sosteniendo: "El software que se usó en el fraude del 2014 contra el partido MIRA es el mismo que se usa hoy. La Registraduría ni sus empleados saben del software; quien lo tiene es una empresa llamada Thomas Greg & Sons."

La base del argumento tiene respaldo judicial. En 2018, el Consejo de Estado concluyó que hubo situaciones de "sabotaje" en el software de escrutinio utilizado en las elecciones legislativas de 2014, fallas que afectaron 1.412 mesas y llevaron a que el partido MIRA perdiera más de 236.000 votos y tres curules en el Senado. Como consecuencia, el tribunal ordenó que el Estado fuera propietario del software de escrutinio. Pero esa orden, contrario a lo que Petro afirma, sí se cumplió: para las elecciones de 2022 la Registraduría adquirió un sistema de escrutinio desarrollado por la empresa española Indra, que quedó en manos del Consejo Nacional Electoral, no de Thomas Greg & Sons. El registrador Hernán Penagos lo confirmó públicamente al responderle al presidente.

Sobre el control de los datos de los colombianos, la respuesta de las autoridades también contradice a Petro. El registrador Penagos explicó que los datos de identidad de los ciudadanos los administra tecnológicamente la empresa francesa Idemia, que lleva más de veinte años trabajando con la Registraduría, y que esos datos son custodiados exclusivamente por funcionarios del Estado. La Registraduría fue explícita con ColombiaCheck: Thomas Greg & Sons "solo ha tenido autorización para consultar su información, no para administrarla ni controlarla." La MOE, por su parte, no encontró irregularidades en los procesos electorales realizados bajo los servicios de la firma.

Y hay un dato que Petro sistemáticamente omite: Thomas Greg & Sons operó la logística electoral en las dos elecciones que él mismo ganó. La Alcaldía de Bogotá en 2011 y la Presidencia de la República en 2022. Después de varios meses sin conceder entrevistas, el presidente Petro se animó de nuevo a defender su gestión en los micrófonos. Sin embargo, su posición fue tibia con casos que no admiten medias tintas.