“Una pequeña Las Vegas”: los claroscuros de una eventual zona de turismo sexual para Cartagena

No la ha dicho aún públicamente, pero en reuniones privadas de funcionarios de la alcaldía, le han escuchado señalar varias veces a Dumek Turbay que lo que quiere hacer es “una especie de pequeña Las Vegas, en las afueras de Cartagena”. Es decir, una zona especial para la oferta de servicios sexuales. El tema, con sus claros y sus oscuros, desató una marejada de críticas y respaldos, que tienen a la ciudad dividida y la polémica ardiendo, incluso en medio de las fiestas novembrinas.

Turbay dijo que se denominará como “Zona A” a ese sector especial. La idea es que esté ubicado en las afueras de Cartagena, por la Vía la Cordialidad hacia Bayunca, según le contó a CAMBIO una fuente interna de la alcaldía.

Y en su ubicación tendría mucho peso el proyecto del nuevo aeropuerto de la ciudad. No estaría al lado del nuevo terminal aéreo, pero sí relativamente cerca. Y la intención de esto es que “los turistas que lleguen a Cartagena en plan de rumba o de conocer mujeres, se queden ahí en esa zona y no tengan que entrar en el corazón de la ciudad”.

Así como en Las Vegas, Estados Unidos, (en donde los burdeles son legales en algunos de sus condados) explicó el funcionario, los turistas pagarían por un servicio de transporte hasta la zona de esos bares. E, incluso, que se ha pensado en que estos sean transportados de manera directa a una marina para ser movilizados a fiestas o lugares privados en las zonas insulares de la ciudad, como Cholón.

Es posible que muchos de los habitantes de Cartagena, no sepan ubicar en un mapa a Ámsterdam, la capital de los Países Bajos, o que nunca hayan oído hablar de su famoso Barrio Rojo, pero, seguramente, han escuchado repetir ese nombre muchas veces en los últimos días. Esto se debe a que ha sido una de las referencias más citadas para hablar de la propuesta de Turbay.

“Eso, una zona bien organizada, como la que hay en Ámsterdam”, reiteró la fuente. La idea va tan en serio que hace parte del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se está formulando y será presentado al Consejo Distrital el próximo año, con el que se busca cambiar el actual, que ya registra más de veinte años de retrasos.

Desplazamientos, impuestos y controles

La nueva propuesta de Turbay llegó cuatro meses después de las medidas restrictivas tomadas por la Alcaldía de Cartagena dentro de la ciudad amurallada. Las que, entre otras cosas, terminaron por desplazar diferentes actividades lícitas e ilícitas a otros sectores. Eso ocurrió con la prostitución y las trabajadoras sexuales, quienes empezaron a ubicarse en unas zonas residenciales.

Debido a esos operativos en el centro histórico, los miembros de la comunidad de transexuales y travestis, ahora se instalaron sobre la avenida El Bosque, la Transversal 54 y el barrio San Pedro, en inmediaciones de la Bomba El Amparo. Ese desplazamiento, según un propio informe de la alcaldía, ha causado choques y enfrentamientos violentos entre las trabajadoras sexuales y las comunidades. Un caso reciente ocurrió en el sector del puente del canal de San Pedro, donde miembros de la comunidad LGTBIQ estuvieron a punto de ser linchados.

La idea de Turbay es que en la Zona A se aplicará el cobro de impuestos altos para los establecimientos comerciales, para promover una retribución social o de reinversión social por el uso del suelo para ese tipo de actividades. El plan, también, es delimitar bien las actividades de negocios para que participen “empresarios serios”. “Que no sea cualquiera el que vaya a abrir un burdel allá, sino que, entre comillas, sean empresarios con la capacidad económica para tener su negocio en las mejores condiciones. Es decir, que sea un turismo sexual muy bien estructurado, higiénico y, si se quiere, lujoso”, dijeron en la alcaldía.

Entre los detalles revelados por el alcalde también habló de filtros de seguridad, escáneres y hasta verificación de antecedentes de los clientes. La intención, dijo, es minimizar la delincuencia y los casos de maltrato o abusos en la zona.

Turbay insistió en que no se pueden cometer los mismos errores como lo que ha pasado con el Santa fe, en Bogotá. En donde, dijo, se creó una especie de república independiente del delito, la trata de personas y la droga dentro de la ciudad.

No a la zona de tolerancia

Al alcalde no le suena la delimitación de “una zona de tolerancia”, porque cree que sería “un pañito de agua tibia” para la magnitud del problema y considera que puede haber lagunas legales en cuanto a su reglamentación, ya que ese modelo solo limita el control de ingreso de menores de edad, por lo que en su opinión, se queda en una simple recomendación.

“Con la Zona de Adultos solo se permitiría el ingreso a este espacio a mayores de edad con estrictos controles de ingreso con escáneres de cédulas originales, lo que favorecerá la lucha contra la esclavitud sexual, la trata de personas y la pedofilia; además, que evitamos que entren criminales con prontuario o monstruos, y así cuidar la integridad física y emocional de las trabajadoras sexuales”, explicó Turbay. Además, dijo que habría acompañamiento de salud pública por el bienestar, salud e higiene de quienes ejercen la prostitución. Y que la oferta institucional del Distrito también haría presencia con caracterizaciones para acompañamiento integral y psicosocial. En el papel es todo un modelo de eficiencia empresarial que envidiaría cualquier CEO.

“Así como las trabajadoras sexuales y los miembros de la comunidad LGTBI tienen derechos; también las familias con niños que quieren divertirse en el parque o con jóvenes y adultos que hacen ejercicio en ellos”, declaró el mandatario en una entrevista reciente, para respaldar su idea de crear la zona especial.

“Mensaje distinto”

Susana Caraballo, magíster en familia y género, líder de derechos humanos, cree que ante la propuesta de Turbay habría que preguntarse si la construcción de esa zona va a disuadir a los prostituyentes de no viajar a la ciudad con fines sexuales o si, por el contrario, se está enviando un mensaje distinto, porque termina por ofrecer toda una estructura y garantías a los prostituyentes acrecentando la trata de personas y consolidando a la ciudad como un destino con fines de explotación sexual.

Para la investigadora, el hecho de sacarla del centro histórico y trasladarla no hace que los riesgos sean menores para las personas en situación de prostitución y tampoco ataca a la raíz de la trata de personas. “No hay claridad de las condiciones reales de las mujeres en situación de prostitución, su dignidad y la garantía de sus derechos no están en discusión, por lo que es ineludible hablar de los riesgos y las consecuencias que la materialización de esta propuesta tendrá en sus vidas. Muchos comentarios señalan que la prostitución nunca se acabará, pero ¿por qué es impensable una vida diferente para las mujeres?”, cuestionó Caraballo.

La líder de las mujeres cree que Turbay cae en el error histórico al hablar de explotación sexual, descartando las propuestas abolicionistas de la prostitución y centrando el debate alrededor de propuestas exclusivamente regulacionistas o prohibicionistas. Pero, que ya se ha demostrado que ninguna de las dos les da garantías a las víctimas de explotación.

Wilson Castañeda, de Caribe Afirmativo, organización que trabaja por el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, está de acuerdo en que la creación de ese tipo de zonas se debe hacer a través del POT, pero con un proceso de construcción participativa, no impuesto por un gobernante.

El principal inconveniente legal, explicó Castañeda, es que en Colombia no existe algo así, porque lo que permite la norma es que se dediquen ciertos sectores de la ciudad a actividades de uso comercial y ahí están estipuladas las sexuales pagas en un lugar. Pero, se llaman zonas de dedicación especial según la vocación del uso del suelo. Por eso cree que sería inconstitucional la forma en que el alcalde lo ha planteado.

“Termina siendo una práctica excluyente y discriminatoria, porque si Cartagena tiene toda su dinámica de fiesta en el interior de la ciudad, porque una práctica comercial, que son las actividades sexuales pagas, se van a ir fuera de ese espacio. Y él no puede decir que en esta zona va a poner tres policías que pidan la cédula a la gente al entrar o salir, porque eso finalmente termina violando libertades de los ciudadanos”, agregó el experto en el tema.

La posible ubicación cerca del nuevo aeropuerto, según el líder de Caribe Afirmativo, manda varios mensajes equivocados. El principal es pensar que las prácticas sexuales pagas están relacionadas solo con el turismo, cuando también hay una práctica de los propios cartageneros.

Un fugaz buscapiés

Pero, lo más peligroso, según el líder de la comunidad LGTBI, es que Turbay va a vender a Cartagena como un paraíso turístico donde la gente viene, tiene sexo y se va “y eso es como pensar que la ciudad no le pertenece a sus habitantes”. Además, que con la idea del cobro de impuestos en la Zona A, el alcalde parece pensar que las actividades sexuales pagas en Cartagena son fruto de un proceso empresarial agremiado y olvida que, mayoritariamente, son prácticas espontáneas de personas que a título individual, siendo mayores de edad, libremente se dedican a ellas. “Esto, lejos de prevenir el delito, que es lo que estamos pidiendo desde que él se posicionó como alcalde, lo incentiva y eso es muy peligroso”, concluyó Castañeda.

En resumen, los críticos a la iniciativa de Turbay insisten en que el alcalde parece no entender el problema que tiene Cartagena. Porque, dijeron, que en Colombia la Corte Constitucional ha dicho que las personas tienen libertad de ejercer actividades sexuales pagas siempre y cuando sean mayores de edad y lo hagan con libertad, entonces no tiene que ver con servicios de lujo, sino con el libre desarrollo de la personalidad.

El tema de los controles de seguridad en la Zona A genera dos grandes preocupaciones: que restringe libertades, porque hacerlo solo en los lugares de trabajo sexual y permanentemente a quien entra o sale, es un ejercicio de perfilamiento que revictimiza a las personas. “Pero si el alcalde está entendiendo que el cliente es igual a delincuente, eso nos preocupa mucho como organización, porque está poniendo toda la carga de problema de la ciudad en la víctima y no en el victimario”, añadió Castañeda, quien manifestó estar muy preocupado con la forma de la propuesta.

Esta semana Turbay, todo su equipo y la mayoría de los cartageneros pasaron concentrados en las fiestas locales de la Independencia, pero la discusión está abierta y el alcalde dijo que después de la resaca habrá una gran convocatoria de colectivos LGTBI, colectivos de trabajadoras sexuales, expertos, fundaciones y académicos de derechos humanos y políticas públicas de género para que planteen sus ideas, con el acompañamiento de las dependencias distritales, para que en unas mesas de diálogo voten ideas para la estructuración de cómo sería la Zona A.

El camino para concretar el proyecto no pinta nada fácil, porque la prostitución es una práctica muy fuerte en el centro histórico de Cartagena, que hasta ahora ha sabido ganarle la partida y camuflarse de los controles impuestos. De allí que algunos creen que la efusiva y alegre idea de Turbay de la Zona A puede terminar siendo un fugaz buscapiés de pólvora o un corito de fiesta novembrina, con la respuesta asegurada en la tradicional rima que dice “no te rías, no te rías, que la mochila está vacía”.