Pólvora en Colombia: entre el millonario negocio, los retos de la regulación y los quemados

El fuego aparece como un diminuto punto luminoso en el video de la cámara de seguridad; eran las 8:22 de la noche del 7 de diciembre. En segundos se convirtió en una llama que prendió una montaña de icopor y desencadenó un incendio monumental en una fábrica y una bodega de plástico en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. El saldo fue de unas 30 casas y decenas de personas afectadas. Según las autoridades, el siniestro pudo haber sido generado por un volador que cayó sobre el material almacenado. Aún se investiga qué causó la tragedia, pero el episodio abrió la puerta a un sinnúmero de preguntas sobre la fabricación, comercialización y venta de pólvora en Colombia.

La situación es muy compleja porque, aunque está regulada por la ley, el de la pólvora y la pirotecnia en Colombia es un tema con muchas aristas y vacíos que deben ser analizados con responsabilidad. Sobre todo, si se tiene en cuenta que no está propiamente prohibida y alrededor de esta hay un negocio del que dependen unas 25.000 familias y mueve unos 170.000 millones de pesos al año.

Un negocio formal e ilegal (y viceversa)

Para no levantar sospechas, Carlos Martínez* almacena en cuatro casas rentadas los artefactos de pólvora que vende. Y cambia de ubicación cada cierto tiempo esos centros de bodegaje. Vive en uno de los municipios más grandes del Eje Cafetero y hace más de 14 años está en el negocio. Su cadena de distribución es una especie de híbrido: algunas veces compra en sitios autorizados para revender o rehacer productos; y otras veces, compra en fábricas no formalizadas o en lugares que venden insumos de manera ilegal.

Eso es algo que parecería imposible, si se tiene en cuenta la masiva publicidad que hacen las autoridades sobre el control de la pólvora. No obstante, Martínez dice que la realidad del negocio “no es tan estricta”. Incluso en algunos sitios legales consigue insumos que no están autorizados para la venta libre, pero como ya existe una relación comercial de años, se los dan sin problemas. Esto le permite tener su propia red de distribución bien montada, que incluye varios empleados. Uno de sus proveedores y dueño de una fábrica no formalizada, añade, a manera de anécdota, que es una persona que trabaja en la propia alcaldía del municipio.

Es cierto que la comercialización ilegal no es tan difícil como la pintan; sin embargo, explica que hace casi todas las ventas por encargo. Aunque algunas veces con una llamada basta para organizar la entrega, un grupo más pequeño de clientes llega a comprar de manera directa.

En esta temporada los productos más demandados en su negocio son las populares tortas (los artefactos que se ponen en el piso y estallan con luces de colores hacia arriba), las culebras, los voladores, las papeletas, los totes y las chispitas para niños.

No obstante, el negocio tiene sus “riesgos”. Hace dos años, relata Martínez, las autoridades le quitaron un camión con mercancía avaluada en más de 15 millones de pesos que traían de una fábrica ilegal. Eso ha hecho que cada día se preocupen por perfeccionar las técnicas de camuflaje. Una forma simple es transportarla en tanques plásticos debajo de mercancía comprada en tiendas autorizadas. Pero, algunas veces, hay que ser más creativo y usar medios de transporte y rutas novedosas, dice.

Irónicamente, el producto que más cuidado requiere para evitar accidentes, tanto en el almacenamiento como en transporte, son los pequeños totes o traqui-traqui, esos puntos azules que vienen en hojas de papel y se raspan contra el piso. Parecen inofensivos, pero son causantes de casos de intoxicación de niños también. El problema, explica, es que se pueden estallar solos y causar incendios, por eso hay que almacenarlos en sitios seguros. Martínez en estos días los guarda “en el sótano fresco de una casa”.

Al preguntarle sobre las ventas de este año y los reportes de las autoridades de un supuesto incremento del uso de la pólvora, señala que durante todos estos años que él ha estado en el negocio el consumo se ha mantenido y que en los barrios más populares de las ciudades es donde la gente gasta más dinero en pólvora.

Un precio muy caro

Un centro importante del debate está en el número de lesionados y heridos que deja la manipulación irresponsable de los artefactos pirotécnicos cada año en Colombia. Hasta la noche del 19 de diciembre, el país acumulaba 485 casos de quemados, según el balance entregado por el Instituto Nacional de Salud (INS). De estos, 178 son menores de 18 años, y 20 de ellos estaban en compañía de un adulto bajo el efecto del alcohol en el momento del incidente.

Hasta ahora, el día más crítico de la temporada es el 7 de diciembre. En la Noche de Velitas fueron reportados 274 quemados en el país, es decir, el 69 por ciento de los casos. La deshonrosa lista de más casos la lideraba Bogotá con 69, que por primera vez en esta temporada superó al departamento de Antioquia que registraba 66 casos. Más abajo estaban Atlántico con 31, Cauca con 25, Barranquilla con 23, Córdoba con 22, Cali con 21, Santander con 21 y Cundinamarca con 20.

El periodo que está en análisis comprende entre el primero de diciembre y el 11 de enero. En comparación con los mismos días de 2023-2024, hasta ahora ha habido un incremento del 11,2 por ciento en los casos. El 50,1 por ciento de los afectados sufrió quemaduras de grado 1, el 43,8 por ciento de grado 2 y el 6,1 por ciento de grado 3.

El artefacto pirotécnico con el que más se han presentado lesionados en lo que va de esta temporada son los totes (26,5 por ciento), los mismos a los que Martínez les tiene miedo. Seguido de los voladores (21,3 por ciento), otros (20,3), volcanes (9,9) y cohetes (7,2).

En casi el 63 por ciento de los casos, los lesionados han sido quienes manipulan la pólvora, pero el 28 por ciento son personas que solo estaban observando en el momento de la activación del artefacto.

“Necesitamos más que represión”

Con base en las periódicas cifras publicadas por el INS, Carlos Carvajal, presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos (Fenalpi), cree que hay que incluir otras variables para hacer análisis más precisos y tomar medidas.

El vocero de Fenalpi, que representa a formales y artesanales del sector en el país, cree que uno de los principales problemas es que las campañas de prevención y pedagogía están muy anticuadas y apuntan solo a la represión diciendo “No a la pólvora”, cuando, en su parecer, deberían estar enfocadas en contra de la ilegalidad, la informalidad, en la no venta a menores de edad y que los adultos no consuman alcohol cuando manipulan la pirotecnia.

Para Carvajal los informes de INS deberían detallar si los artefactos con los que resultaron quemadas las personas tenían o no instrucciones de uso, si fueron compradas de forma legal o ilegal, a qué tipo de categoría corresponden, si eran de uso profesional, si tenían la información del fabricante en los empaques, si fueron modificados o si se usaron de manera responsable. Con esto, según el presidente de Fenalpi, se tendría un panorama más exacto.

En el país, el 35 por ciento de la pólvora que se comercializa se hace de manera informal, según Fenalpi, por lo que el gremio cree que es urgente seguir trabajando de la mano de las autoridades para regular la cadena de distribución.

La normativa está hecha, pero muchas veces no se cumple. El 14 de diciembre de 2023, el Gobierno nacional expidió el decreto 2174 de 2023 con el objeto de reglamentar el uso, fabricación, transporte, almacenamiento y comercialización de pólvora y productos pirotécnicos, fuegos artificiales o globos aerostáticos, así como las materias primas controladas utilizadas para la elaboración de estos.

Uno de los puntos importantes es que el decreto prohibió toda venta y manipulación de pólvora a niños, adolescentes y a personas en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, en todo el territorio nacional. La ley estableció que, en caso de encontrarse a un menor de edad con algún artefacto, este le será incautado y el menor será puesto a disposición de un defensor de familia o de la autoridad que haga sus veces.

Pero, ni el rigor de esas medidas parece frenar el aumento de casos de pequeños quemados en Colombia. La semana pasada, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Antioquia reportó el caso de un niño de 4 años que resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro y daño ocular al entrar en contacto con un tote, en el municipio de Caucasia.

La norma también estableció duros requisitos para la fabricación, importación y distribución de materias primas controladas por el Ministerio de Defensa. En ese caso se hace necesario un permiso por parte del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos, que debe emitir autorización para el uso y adquisición de materias primas como el clorato de potasio, el perclorato de potasio, aluminio, el fósforo rojo, nitrato de potasio y nitrato de bario. Las personas que incurran en comportamientos relacionados con la pólvora, pueden ser sancionadas con multas equivalentes a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes. Pero, como lo muestra el relato de Martínez, esa cadena tiene falencias.

Las mafias de la ilegalidad cada vez usan nuevas estrategias para burlar la ley. En desarrollo del denominado Escuadrón Antipólvora, en lo corrido del mes de diciembre la Policía Nacional ha incautado más de 22 toneladas y ha desmantelado dos fábricas ilegales (Barranquilla) en desarrollo de 10.885 planes preventivos y de control.

Los departamentos en los que más se ha incautado pólvora ilegal son Santander y Antioquia; y las ciudades Bogotá, Barranquilla y Medellín. Ante esto han sido impuestos 1.389 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia en referencia a la fabricación, tenencia, porte o manipulación de artículos pirotécnicos.

Hace unos días, Fenalpi también alertó con un listado de prácticas peligrosas que implican el uso de pólvora ilegal y que, por sus riesgos, deben evitarse y castigarse de manera social. Entre esas está la conocida como Llamarada del Diablo, que utiliza una caneca industrial de basura para agregar diversos líquidos inflamables, entre ellos la cera y parafina sobrantes de las velas para luego agregar agua y generar una explosión de varios metros de alto. Además, alertó sobre la quema de esponjilla metálica de cocina atada a un cable, de muñecos de año viejo, globos de pólvora y bolas de fuego, que es cuando se envuelven diferentes trapos y se rocían con gasolina para jugar a escapar del contacto con la bola.

Para Fenalpi, en cierta medida, estas prácticas han cogido cada vez más fuerza debido a la constante estigmatización de la actividad pirotécnica, lo que impide diferenciar claramente los productos legales y seguros de los ilegales e inseguros, impidiendo la compra de artículos formales y fomentando el surgimiento de ese tipo de prácticas alternativas.

Para poder cubrir la demanda y tener mayor rentabilidad, Martínez, algunas veces, compra la pólvora y con sus trabajadores hacen de manera artesanal productos como papeletas o culebras. Contrario a lo que la gente cree, dice que vende pólvora todo el año y que algunos de sus mejores clientes son los hinchas de fútbol que compran para cada partido de sus equipos.

La rentabilidad de la pólvora informal varía mucho, pero por lo general es del ciento por ciento de ganancia. Por ejemplo, una culebra que se compra al distribuidor a 12.000 pesos se puede revender hasta en 25.000 pesos.

Si las cosas siguen como van, Martínez confiesa que, en esta temporada de fin de año, que cubre tres meses, puede ganar hasta 50 millones de pesos. Más allá de las campañas, de los operativos y de las cifras de quemados, el negocio sigue encendido en todo el país. Por ejemplo, un volador como el que dicen las autoridades causó el incendio en Bosa se consigue en las calles por solo 3.000 pesos. El problema es que casi nadie sabrá si fue comprado de manera legal o ilegal.

*Nombre cambiado por solicitud de la fuente