El genocidio de la UP: “Todo pasó frente a nuestros ojos”

En aquellos tiempos, todo el país sabía que iban a matar a Jaime Pardo Leal, el líder de la Unión Patriótica (UP), el hijo de una pareja de campesinos, nacido en Ubaque (Cundinamarca) el 28 de marzo de 1941, el abogado egresado de la Universidad Nacional y el político de estilo desenfadado que irrumpió en las elecciones presidenciales de 1986 para sembrar la semilla que permitiría, en un lejano día, a la izquierda alcanzar el poder mediante el voto.

Todos lo sabían, incluso él. Por eso había comprado varios seguros de vida y abrió una cuenta a nombre de su esposa, Gloria de Pardo, en la que ahorró lo suficiente para un año de mercado para su familia, según sus propias instrucciones.

Lo sabían en las salas de redacción de los medios de comunicación, donde se habían preparado perfiles detallados de los momentos más importantes de su vida, listos para ser publicados cuando lo asesinaran. Por eso, después de pasar un domingo con su familia, cuando le dispararon varias ráfagas a las 3:45 de la tarde del 11 de octubre de 1987, en la carretera que une a La Mesa con Bogotá, la noticia causó estupor, pero no sorpresa.

Los asesinos actuaron con frialdad, con la certeza de que nadie los detendría. Aunque quedó gravemente herido y su cuerpo fue subido con angustia en un bus intermunicipal por sus hijos para llevarlo a un hospital, pocos lograron entender la dimensión de su asesinato. No solo fue una tragedia para su familia, sino para todo un país: los líderes de su talla no se compran en los supermercados; su ausencia deja un vacío imposible de llenar durante generaciones.

Al volver la vista atrás, aún no hay respuestas claras sobre lo que Colombia vivió en aquellos años de violencia, ni cómo pudo ocurrir semejante barbarie: el exterminio sistemático de un partido político.

¡5.733 militantes asesinados!

De acuerdo con el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), 'Todo pasó frente a nuestros ojos. El genocidio de la Unión Patriótica (1984–2002)', al menos 4.153 personas fueron asesinadas, desaparecidas o secuestradas. Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contabilizó 5.733 militantes asesinados entre 1984 y 2016.

Entre las víctimas estuvieron sus dos candidatos presidenciales: además de Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa. Ambos son los rostros más visibles de una lista en la que figuran cinco congresistas en ejercicio —Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Luis Valencia y Manuel Cepeda—, así como alcaldes, concejales, líderes sociales y anónimos militantes. Fue una persecución implacable contra ciudadanos desarmados. Los casos se acumulaban como cuentas de un rosario interminable.

La represión fue perpetrada por una terrorífica combinación de grupos paramilitares, agentes del Estado, narcotraficantes y sectores políticos de la extrema derecha. Mataban en el campo y en las ciudades, de día y de noche.

Sin protección, como Pardo, o incluso fuertemente custodiados, como Jaramillo Ossa, asesinado en el Terminal Puente Aéreo de Bogotá el 22 de marzo de 1990, frente a Mariela Barragán, el amor de su vida, y ante un cerco de 16 escoltas del DAS.

El sicario que lo mató, un joven de apenas 16 años, se abrió paso con sospechosa tranquilidad entre los escoltas, sacó una ametralladora Mini Ingram y le disparó. Fue llevado a la clínica de la Policía Nacional, en la avenida El Dorado, y murió antes de ser ingresado al quirófano tras una demora en el ascensor del centro médico.

Así era Colombia en esa época: hombres que se jugaban la vida denunciando la ofensiva de los escuadrones de la muerte, que hablaban de paz, soñaban con construir un partido político alternativo y se emocionaban con tangos y boleros, agonizaban entre un bus intermunicipal o esperando un ascensor.

La esperanza que surgió en Casa Verde

La UP fue fundada el 28 de mayo de 1985 en el marco de los Acuerdos de La Uribe, un municipio del Meta que, en su zona rural, albergaba a Casa Verde, santuario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP). Estos fueron firmados entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y esa guerrilla.

Betancur, quien durante su posesión el 7 de agosto de 1982 prometió que durante su mandato “no se iba a derramar ni una gota más de sangre”, sostenía que estaban dadas las condiciones para que los integrantes de las Farc dejaran las armas e hicieran política legal.

Las Farc y el Partido Comunista Colombiano (PCC) impulsaron la creación de la UP que fue presentada en sociedad primero en Casa Verde, en un acto considerado como uno de los hechos más esperanzadores de ese año. Ese mismo 1985 se realizó en Bogotá su primera reunión nacional, con presencia de comandantes y militantes de las Farc enviados a la ciudad. Ese gesto contribuyó a que la UP fuera recibida con ilusión en un país que naufragaba en un mar de sangre.

El movimiento tuvo un tránsito notable a la vida política. Se consolidó como una tercera fuerza que se abría espacio entre los tradicionales y anquilosados partidos Liberal y Conservador, que dominaban el poder.

El acuerdo entre el Estado y las Farc incluía una tregua y la conformación de una colectividad legal, amplia e incluyente, que acogiera a todos aquellos comprometidos con la paz. Esa posibilidad fue vista con esperanza por algunos y rechazada con violencia por otros.

Desde su fundación, la UP fue blanco de una campaña sistemática de exterminio que comenzó en las regiones más apartadas del país y luego se extendió a los núcleos urbanos. En 1986, tras brillar en las elecciones, fueron asesinados los primeros congresistas del partido.

“Los enemigos agazapados de la paz”

Desde el Estado se respondía con perplejidad. Nadie sabía cómo se podía detener esa maquinaria de muerte. La explicación oficial era que los autores eran “los enemigos agazapados de la paz”. Con el tiempo, algunos de sus dirigentes se desvincularon de las Farc en un intento por buscar una solución política negociada al conflicto, mientras otros, en medio de la matanza, regresaron a la clandestinidad.

Eran tiempos recios. Había un clamor general para que se les protegiera no solo por el hecho elemental de tratarse de seres humanos, sino porque no se podían echar al traste esos resultados electorales en los que habían logrado 14 congresistas, 275 concejales y cerca del 10 por ciento de la votación presidencial con Pardo Leal. Era la mejor muestra de que por medio de los votos se podían lograr avances jamás obtenidos por los fusiles.

Pero la muerte se hizo costumbre. “Yo tenía mucho miedo de que me asesinaran, pero ya no tengo miedo. Yo sé que me van a asesinar, pero ya no tengo miedo”, dijo, resignado, el senador Pedro Luis Valencia. El 14 de agosto de 1987, sicarios motorizados, vestidos con prendas de la Policía Nacional, derribaron la puerta de su residencia en Medellín y lo acribillaron. Entonces surgió un nombre que cambiaría dolorosamente la historia del país al reivindicar el crimen: Carlos Castaño.

En ese momento, Castaño era un despiadado socio del capo Pablo Emilio Escobar Gaviria, y este, a su vez, de José Gonzalo Rodríguez Gacha, el 'Mexicano'. Se sabe que este último sentía un amor sin límites por el dinero y un odio sin fronteras hacia la izquierda.

El dinero de Rodríguez Gacha financió tanto el equipamiento como la formación de varios comandos paramilitares por parte de mercenarios extranjeros. De allí surgieron los grupos de Fidel Castaño, Víctor Carranza, el propio Rodríguez Gacha y las Autodefensas del Magdalena Medio que después se multiplicaría por todo el país con la sigla de Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Disparar a lo que se mueva

En esa generación de asesinos estaba Alonso de Jesús Baquero Agudelo, alias el Negro Vladimir, autor de asesinatos selectivos y masacres como la de Segovia, Antioquia, el 11 de noviembre de 1988, que dejó en el asfalto a 46 víctimas. Los asesinos entraron al pueblo en varias camionetas disparando contra todo lo que se moviera. El pecado de esa pobre gente había sido darle votos a la UP.

En este proceso se conformaron escuadrones de la muerte que iban de sitio en sitio torturando, desapareciendo y ejecutando a sangre fría. En 1989, Colombia tenía poco más de 33 millones de habitantes, que en su mayoría se informaban por la radio y los periódicos. La televisión comenzaba a abrirse paso; no existían los canales privados, ni internet, ni redes sociales, y cada mañana los ciudadanos se levantaban con el corazón en la mano para escuchar el nombre del muerto más reciente.

Años después se sabría que Castaño recibía información de Alberto Romero, jefe de Inteligencia del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

En ese momento se entrecruzaron los atentados contra civiles —víctimas de carrobombas que la mafia hacía estallar casi a diario— con los crímenes dirigidos contra militantes de la Unión Patriótica. Nadie estaba a salvo.

Los grupos paramilitares —apoyados por integrantes de las Fuerzas Armadas— aprovecharon esa coyuntura para intensificar su guerra sucia contra la UP. Era la época en la que los capos del narcotráfico fortalecían sus negocios.

El narcotráfico consolidó un brutal mercado de violencia, conformó cuerpos de seguridad privados, bandas armadas y capacidad logística para acciones de victimización masiva: desde el sicariato, pasando por actos terroristas, hasta masacres ejecutadas por comandos transportados por vía aérea.

Cuatro candidatos presidenciales asesinados

A finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, muchos creían que no había salidas. Fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales: Pardo Leal y Bernardo Jaramillo (UP), Carlos Pizarro (M-19) y Luis Carlos Galán (Nuevo Liberalismo). El cartel de Medellín explotaba aviones, edificios y periódicos, y Pablo Escobar ofrecía un millón de pesos por cada policía asesinado.

“Pocos días antes, en Montería, capital del paramilitarismo y del anticomunismo, José Antequera había denunciado con valor a Carlos Castaño y a las AUC como promotores de la guerra sucia contra la UP, con la complicidad de oficiales y brigadas del Ejército”, relataría Carlos Lozano, director del Semanario Voz.

“Allí selló su sentencia de muerte. Fue superior el valor de este joven comunista y revolucionario, que, como tantos otros, no vaciló en denunciar a los directos responsables del martirologio de comunistas y luchadores populares”, agregaría sobre el asesinato el 3 de marzo de 1989 del carismático líder Pepe Antequera, asesinado ante cientos de testigos en el aeropuerto El Dorado.

De vuelta al presente, el representante a la Cámara por Bogotá, Gabriel Becerra, destaca la importancia de la decisión del Congreso, que en las últimas horas aprobó el proyecto que declara el 11 de octubre como el Día Nacional de las Víctimas de la UP.

Después de 20 años de lucha, esta fecha clave para la memoria del país ha sido reconocida. La decisión forma parte del cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitido en 2022, que condenó al Estado colombiano por acción y omisión en el exterminio sistemático de la UP.

Recuperar la memoria

El proyecto aprobado fue presentado por la bancada de la UP, con el respaldo del Pacto Histórico. En particular, lo lideraron en la Cámara Gabriel Becerra y Gildardo Silva, y en el Senado, Aída Avella y Jahel Quiroga Carillo. Esta última representa, además, a la Corporación Reiniciar, que ha acompañado a las víctimas de la UP en litigios internacionales, especialmente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

¿Por qué es clave para la memoria del país esta decisión? “Por una razón elemental: lo que ocurrió con la UP no puede quedar en el olvido. Debe permanecer en la memoria de la sociedad colombiana, más aún después del fallo de la Corte Interamericana en el año 2022, que condenó al Estado y lo responsabilizó, por acción y omisión, del exterminio y genocidio contra la UP”, dice el congresista Becerra.

Así se rinde homenaje a Pardo Leal, asesinado un 11 de octubre. Su significado es, ante todo, político. A partir de ahora, a través de una ley de la República, el Estado —y no solo las víctimas, como ocurría hasta ahora— tendrá el deber de organizar una programación oficial para que cada 11 de octubre se realicen actos en los que se recuerde lo que nos pasó como sociedad.

“No se trata de un acto de odio ni de venganza, sino de un momento de reflexión que contribuya a la reconciliación y a la paz en la sociedad colombiana. El objetivo es garantizar que en Colombia nunca más, ni contra quienes somos de izquierda ni contra quienes militan en otras expresiones ideológicas o políticas, vuelva a suceder algo similar a lo que le ocurrió a la UP”, afirma Becerra.

El proyecto fue aprobado por unanimidad en las plenaria de la Cámara y del Senado. A pesar de las diferencias ideológicas y políticas que existen en el Congreso hoy, hubo capacidad para superarlas y reconocer que la herida abierta en la democracia colombiana con el caso de la UP no podía quedar sin reconocimiento.

Nunca más

En el Congreso se reflexionó sobre la necesidad de que nunca más ocurra un genocidio en Colombia, nunca más magnicidios, torturas, persecuciones ni asesinatos. Si aspiramos a ser una verdadera democracia, todo eso debe quedar en el pasado.

Tras la dolorosa guerra sucia, la pérdida de representación legal y exilio de muchos militantes, la UP vuelve a ser protagonista. Tras recuperar la personería jurídica, la UP empezó a reagrupar a sus víctimas, permitió el ingreso de nuevos liderazgos y reactivó su vida política.

Hoy tienen una nueva generación. Algunos ni siquiera habían nacido cuando ocurrió la etapa más dolorosa del genocidio. La UP es fundadora del Pacto Histórico y le otorgó el primer aval jurídico al presidente Petro para su candidatura.

Cuenta con cuatro congresistas (dos senadoras y dos representantes), una concejal en Bogotá, diez ediles, un diputado en Quindío y otro en Tolima. Sus líderes ya no se esconden, ni tienen miedo de que los maten por el solo hecho de pensar distinto.