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Víctimas y políticos sobre decisión de la JEP
De izquierda a derecha: Sigifredo López, Clara Rojas y Juan Fernando Cristo. Fotos: Pablo David, Colprensa y Archivo particular.
País

“Es una sentencia que contiene impunidad”: los reclamos de víctimas y políticos por sentencia de la JEP

Algunos aseguran que la reciente decisión de la JEP tiene “impunidad”. Otros creen que este fallo histórico llegó muy tarde.

Por: Claudia Quintero

En una decisión histórica, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió la primera sentencia en contra de los siete exintegrantes del último secretariado de las extintas Farc e impuso una sanción de ocho años con restricción de la libertad. Ante esta decisión, que para muchos es “necesaria”, también hay algunos reparos por parte de víctimas y los mismos políticos que por años han defendido los procesos de paz y el sometimiento a la justicia. 

¿Qué definió el tribunal? La JEP sancionó a Rodrigo Londoño Echeverry, presidente de Comunes, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar por los delitos de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, esclavitud y otros hechos. Además de las restricciones a la libertad, se les impuso estar bajo monitoreo, participar en Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (Toar), entre otras medidas. 

“Es indignante”: los reclamos de víctimas y políticos

Una de las primeras voces en pronunciarse fue Clara Rojas, quien estuvo secuestra seis años por la entonces guerrilla de las Farc. Tras su liberación, Rojas se convirtió en una de las voces que defendió a las víctimas y estuvo de acuerdo con los procesos de paz. Para ella, que tiene en sus hombros esa historia, la sanción de la JEP es poco proporcional a los más de 21.000 secuestros que cometieron. 

“Desde mi modesto punto de vista, la parte sancionatoria no se compadece con hechos demostrados de más de 21.800 secuestros. Llama la atención que sigan con todos sus derechos políticos. No hay sanción moral ni ética, las restricciones al parecer no les impiden postularse a ser elegidos durante los próximos ocho años”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter). 

Otro que cuestionó la decisión del tribunal para la Paz fue Sigifredo López, el único sobreviviente del secuestro de los 12 diputados del Valle del Cauca, ocurrido el 11 de abril de 2002.  En diálogo con CAMBIO, López dijo que reciben la decisión “sin sorpresas, pero con indignación”. Primero, porque cree que la sentencia contiene impunidad y termina por revictimizar. 

“Yo siempre estuve de acuerdo con la firma del Acuerdo de Paz y las instituciones que se crearon, como la JEP. Yo creí que se cumplirían los objetivos del Acuerdo, como el aporte con la verdad plena por parte de los comparecientes, que el Estado iba a tomar control de los territorios y que se iba a luchar contra el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros. Pero el Estado no cumplió con sus obligaciones y las Farc tampoco: muchos no dejaron las armas, no contaron la verdad plena. En cambio, negociaron un acuerdo a su antojo, escogieron sus jueces y hoy la JEP no ha descubierto nada”, aseguró. 

Por ejemplo, mencionó que el antiguo secretariado de las Farc nunca reveló quién estuvo detrás del secuestro de los 12 diputados del Valle y del posterior asesinado de 11 de ellos. “Nosotros, con memorandos, fuimos los que contribuimos a encontrar esa poca verdad que se conoce. Las Farc decían que mis compañeros murieron en un enfrentamiento con otro grupo armado y hasta hace menos de un año reconocieron que los diputados fueron masacrados por orden del secretariado”, insistió. 

Para López, una de las cosas que más genera indignación es que los magistrados digan que los comparecientes contribuyeron con la verdad y la reparación de las víctimas. 

El exdiputado también cuestionó los Toar, que son acciones que deben desarrollar los comparecientes de la JEP para reparar a las víctimas. Según López, es necesario que se revisen esos proyectos, porque dice que muchas de las iniciativas que se han avalado no permiten una reparación real. Además, invitó a las víctimas a apelar esta decisión y a acudir ante la Corte Penal Internacional para que se logre una verdadera justicia. 

Íngrid Betancourt, secuestrada en febrero de 2002 por la extinta guerrilla de las Farc, cuando era candidata presidencial, también reprochó la decisión del tribunal. “Es indignante, como colombiana, víctima y ciudadana. No es posible que nos hayan mentido de esa forma, que nos hayan prometido una paz que no permitiría repetición, una justicia donde no habría impunidad y que sí trajese reparación para las víctimas. Nasa de eso se ha cumplido”, aseguró Betancourt en diálogo con la W Radio. 

Otras voces, como la del exministro Juan Fernando Cristo fueron más benévolas con la decisión de la JEP. El exministro del Interior, quien ha defendido los procesos de paz en el país, calificó la decisión de la JEP “como una sentencia histórica”, pero dice que llegó muy tarde y por eso hoy no genera un impacto positivo en la sociedad.

El exembajador Roy Barreras, quien se vislumbra como uno de los candidatos presidenciales de cara a 2026, también calificó la decisión como “histórica e inédita”. Resaltó que una fuerza armada se haya atrevido a someterse “voluntariamente” a un tribunal que luego los castigara. Pero fue claro en decir que una de las consecuencias políticas del fallo es que “las personas sancionadas no puedan participar en las elecciones del Congreso”. 

Figuras claves de la política nacional, como la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se sumaron a las voces críticas a la sentencia del tribunal de Paz. Valencia habló de fallas estructurales en este caso en los siguientes términos: “Los criminales siguen en la política, la decisión llegó tarde, no se otorga cárcel, no hay sanciones económicas y no se ofrecen garantías para desmantelar las economías criminales”.

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