Aerocafé: la seguridad privada y otros contratos que generan cuestionamientos sobre la gerencia

Después de décadas de frustraciones y sin que haya despegado la primera aeronave, Aerocafé suma cada cierto tiempo un nuevo enredo a su accidentada historia. Esta vez, los señalamientos son por unos contratos que, según testimonios de extrabajadores, habrían sido firmados sin el cumplimiento de algunos requisitos.

Fernando Merchán, gerente del Patrimonio Autónomo de la empresa, es cuestionado por contratar un millonario esquema de seguridad y otros tres gastos relacionados con estrategia publicitaria. El lío incluye despidos sin justa causa y controversias internas.

CAMBIO conoció de los casos de tres extrabajadores del área jurídica de la empresa que habrían sido sacados por no estar de acuerdo ni aprobar la firma de los contratos. Dos de ellos aceptaron dar sus testimonios de forma anónima.

El proyecto del aeropuerto Aerocafé es una obra de la que se habla en Colombia desde finales de la década de 1970. Pero solo hasta junio de 2021 fue firmado un contrato con la empresa española OHLA (antes OHL) para la fase 1 (lado aire) por cerca de 32 millones de euros. Un año después el Gobierno nacional lo liquidó unilateralmente por los incumplimientos.

En diciembre de 2025, la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Aeropuerto del Café – Aerocafé, que se creó para administrar los recursos y dirigir la ejecución del proyecto, adjudicó la Etapa 1 al Consorcio Aeropuerto del Café SK –que conforman las empresas KMA Construcciones y Solarte Nacional de Construcciones (Sonacol).

¿Quién responde por la austeridad y la transparencia?

El tema de los procesos de contratación en el Patrimonio Autónomo de Aerocafé es que este tiene una autonomía casi total sobre los recursos y no está obligado a seguir los parámetros de la contratación pública, sino que se rige por el derecho privado, usando como guía el manual de contratación de la Aerocivil.

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Lo irónico es que la Aerocivil es el fideicomisario que constituyó el patrimonio autónomo de Aerocafé, lo que quiere decir que es un proyecto que se financia con dinero público. Por lo que, de alguna manera, se tiene que tener en cuenta la austeridad y la eficiencia del gasto.

El primer extrabajador de Aerocafé que habló con CAMBIO señala, según su criterio como experto en contratación pública, que en la actual administración del patrimonio “se perdió de vista la transparencia y la planeación en la contratación, porque todos los contratos o necesidades tienen que venir justificadas y guardar relación directa con el desarrollo del proyecto, que es la construcción del aeropuerto”.

El caso de la seguridad de Merchán

Fernando Merchán es gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé desde marzo de 2025. Antes estuvo en la gerencia de la Asociación Aeropuerto del Café, que es el promotor regional del proyecto. El extrabajador del área jurídica de Aerocafé recuerda que fue el mismo Merchán quien, a comienzos de 2025, empezó a hablar en las reuniones de amenazas en su contra y que temía por su vida por su rol en la compañía. Pero, al mismo tiempo, en esas conversaciones a muchos, según cuenta, les quedaba la sensación de que el director manifestaba sus posibles intenciones políticas para el futuro.

Luego Merchán manifestó ante su equipo la necesidad de contratar un esquema de seguridad privada que cumpliera ciertas características. Así quedó consignado en varias de las actas del Comité Fiduciario, una especie de junta u órgano rector de la empresa.

Clave en este punto es que este tipo de contrataciones en el sector público están determinadas por un análisis de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que es la entidad ante la cual se deben hacer las solicitudes de estudio de riesgo de funcionarios públicos.

La primera petición del gerente para firmar el contrato de seguridad llegó el año pasado al escritorio de este abogado en el departamento jurídico de Aerocafé, quien se negó a aprobarlo porque consideró que no se podía hacer sin el concepto de riesgo de la UNP. Luego, la gerencia hizo una petición a la UNP, pero esta se tardó en responder y, según Merchán le dijo a CAMBIO, la UNP informó que por tratarse de este tipo de empresa no era de su competencia y que debía tramitarse ante la Policía Nacional.

La petición para el contrato fue asignada a otro abogado de Aerocafé, el primero de los que habló con CAMBIO, y quien también manifestó que no estaba de acuerdo porque consideró que el nivel de riesgo del gerente no estaba soportado como para contratar por cuatro meses y por más de 100 millones de pesos un esquema de seguridad. “El jurídico, sin embargo, terminó aprobando el contrato bajo una supuesta presión”, según cuenta el extrabajador.

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El contrato de la seguridad para Merchán, para el segundo semestre de 2025, quedó establecido en un monto de 126 millones de pesos. Y el objeto del mismo fue “garantizar su protección y desplazamiento seguro en el desarrollo de sus funciones en el marco del proyecto del Aeropuerto del Café Etapa I”.

Para la vigencia de 2026, la gerencia volvió a presentar la solicitud al área jurídica, en donde, otra vez, surgieron críticas que quedaron evidenciadas en las discusiones del Comité Fiduciario, en donde se determinó que el ordenador del gasto era quien debía decidir y que había que contar con un concepto de riesgo de la UNP. Nunca se aprobó de manera explícita la firma del contrato.

Ante la falta de un estudio de la UNP, la gerencia contrató otro con una empresa privada de seguridad. La que, finalmente, argumentó un posible riesgo de Merchán. Ese estudio fue usado como soporte para la aprobación. El encargado de la revisión, sin embargo, no firmó el visto bueno al considerar que no se cumplían los requisitos mínimos y que esto podía traer problemas a Aerocafé con los organismos de control. Y sin que haya una decisión judicial que relacione ambos hechos, coincidencialmente, al día siguiente le fue terminado el contrato laboral al trabajador, un despido sin justa causa y con derecho a una millonaria indemnización.

En su testimonio, el segundo abogado que habló con CAMBIO, quien afirma que también reviso el contrato, dice que siempre insistió en la necesidad de acudir a las autoridades administrativas y judiciales correspondientes y su primera recomendación fue hacer la solicitud a la UNP al ser la entidad competente, junto con la Fiscalía y la Policía.

Según cuenta el extrabajador, el jefe jurídico y el gerente dieron la orden de “sacar el contrato”, pero él se negó a tramitarlo “porque la entidad competente era la UNP y el tema no tenía relación con el objeto del proyecto”.

“Ese contrato se adjudicó a la misma persona que hizo el estudio previo, lo cual genera dudas, en contratación estatal es problemático que quien realiza el estudio termine siendo el contratista. El tema se llevó al comité fiduciario, que no es instancia de decisión. Allí, incluso la representante del Departamento Nacional de Planeación dijo que no estaba de acuerdo y que debían acudir a las entidades competentes. Sin embargo, el contrato salió bajo el argumento de que era un tema interpretativo. Yo revisé las actas y no hubo aprobación explícita; quedó condicionado a que la autoridad competente determinara si procedía o no. Este año intentaron tramitar otro contrato similar, argumentando razones políticas, por lo que me negué y dije que, si me obligaban, renunciaba”, señala el abogado.

Más grave aún, el abogado dice que antes de que lo despidieran sin justa causa, advirtió que el contrato de seguridad fue empezado sin aprobación de pólizas y sin acta de inicio. “Existe un correo en el que el gerente instruye a la empresa a activar el esquema de seguridad de inmediato. Eso, según el manual de contratación, es una transgresión clara”, explica.

Una primera respuesta del gerente

CAMBIO contactó a Merchán y le preguntó sobre el contrato de seguridad privada. Después de un detallado resumen de la historia, los inconvenientes históricos del proyecto y de una explicación de su rol actual, el gerente afirmó que desde que estaba en la Asociación Aeropuerto del Café, en Manizales, fue objeto de múltiples amenazas por la reputación negativa del proyecto y por las críticas que hizo a la anterior administración, que le “generaron varias demandas, una persecución judicial y problemas de seguridad”.

El gerente señaló que debido a esto fue que le pidió a la UNP el análisis de esas pruebas en febrero de 2025, “cuando la entidad respondió que no era su competencia”. Además, dijo que la Policía nunca respondió por lo que decidió mandar a hacer el estudio con una empresa privada.

“Esto hizo que generara una nueva petición a la UNP, de la que aún no he recibido respuesta. De ahí que le pedí al Comité Fiduciario la autorización para contratar la seguridad. La empresa ganadora de la invitación pública hizo su estudio y concluyó que hay unos riesgos graves en mi vida. Con base en eso vuelvo al Comité, en octubre del año pasado, y les pido que autoricen la contratación”, dice Merchán. Como prueba de esto presentó las copias del acta número 73 y 76 de las reuniones del Comité.

Pero luego de revisarlas, CAMBIO pudo determinar que en ninguna de estas dos actas hay una autorización explícita a contratar el servicio, más allá de que en estas reuniones se discutió ampliamente el tema del presupuesto y la viabilidad jurídica. Incluso el presidente del Comité pidió aclarar que tampoco se autorizó el vehículo blindado y que lo aprobado en una reunión de junio fue solo fue el ajuste del rubro de transporte.

Merchán insistió en que las posibles irregularidades denunciadas del contrato son consecuencia de versiones distorsionadas y que todas las decisiones que se han tomado para este esquema han sido avaladas y con los respaldos suficientes.

“Estoy manejando un fondo de casi 1 billón de pesos, recibo casi cinco llamadas anónimas a la semana de diferentes entidades o personas. Hay gente que me pide reuniones para ofrecer servicios o tierras o me hace invitaciones, que me ve como si fuera la persona que van a poder corromper y no me rijo bajo esos principios. Hay un apetito por ese negocio tan gordo en términos de recursos”, agregó.

Sobre los despidos de los trabajadores del área jurídica, Mechán dijo que son decisiones autónomas de los directivos del área y que él, ha sido respetuoso frente a esas decisiones por lo que no podría decir exactamente a qué se debe cada retiro. Y respecto a los señalamientos que lo vinculan con algún tipo de aspiración política, el gerente señaló que ahora mismo está concentrado en que el Aeropuerto del Café se entregue después de 50 años.

Los otros contratos ruidosos

Hay otros casos de contratación de la actual gerencia que han sido cuestionados por los extrabajadores y de los cuales hicieron advertencias jurídicas y financieras. De estos llaman la atención tres contrataciones que, según opinión del primer extrabajador, “a pesar de que tuvieron ejecución deficiente en 2025 fueron firmados otra vez para la vigencia 2026”. El centro de la discusión es que, según denunció el abogado, aunque en el papel tienen actividades diferentes, “en la práctica parecen estar ocupados todos en cuidar la imagen del gerente y sus aspiraciones políticas”.

El primero de los contratos es el celebrado con la empresa Crear Soluciones Empresariales S.A.S., por un valor que ronda los 80 millones de pesos. El objeto es la asesoría en comunicación organizacional, con actividades como el manejo de medios y relaciones institucionales, preparación de mensajes clave, discursos y vocerías, acompañamiento a la gerencia, monitoreo de medios y detección de fake news, entre otras.

En la misma área está el contrato con Mitsuki Comunicaciones S.A.S., por 37 millones de pesos, con un plazo de ejecución de tres meses. Entre sus actividades está la visibilización en medios de comunicación, posicionamiento institucional y estratégico, y apoyo en la difusión de piezas comunicacionales. Y el tercero cuestionado es el firmado con el líder social Carlos Ramírez Salina, por 48 millones de pesos, a seis meses de plazo, para prestar servicios de acompañamiento social y comunitario.

Lo que para el extrabajador “son actividades difusas y difícilmente medibles”, por lo que insistió en que pareciera que el objetivo es ayudar a la buena imagen del gerente. “Son varios con el mismo objeto y que en su momento se dijo que podrían traer sospechas ante la Contraloría porque puede ser visto como fraccionamiento, disfrazado con palabras distintas. Si uno se pone a mirar como el detalle de la ejecución, se supone que son para que le informen al gerente Merchán cuando salga una noticia negativa de él o del Patrimonio y tratar de controvertirla”, dijo el extrabjador.

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El segundo extrabajador de Aerocafé que dio su testimonio dice que también le parecen cuestionables los contratos “de carácter publicitario”, porque no guardaban relación con el objeto del proyecto. “Yo trabajé en las 4G y nunca vi contratación de publicidad para estructuración de proyectos”, dice.

Este abogado también contó que, ante los anuncios de la Contraloría General de hacer unas visitas y una inspección a la empresa, le ordenaron de manera verbal y por audio averiguar sobre la vida del contralor delegado para infraestructura. “Lo entendí como una intención de perfilarlo. Me negué. Solo dije que podía consultar información pública en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), nada más. Ese audio lo tengo y ya está en manos de la Contraloría”, cuenta.

CAMBIO tuvo acceso a dicho audio en el que se escucha al interlocutor decirle al abogado que el gerente quiere tener información de los antecedentes del contralor delegado, de los casos que ha tenido a cargo y “cosas que se puedan evidenciar en redes”. “Vos me puedes ayudar como armando un perfil del hombre para presentárselo al gerente esta noche”, se escucha en la grabación.

Además, según su denuncia, al haber presuntos despidos injustificados, se podría estar hablando de un posible detrimento patrimonial, pues las indemnizaciones se pagan con recursos públicos. Y también, dijo, dentro de la empresa se dan constantes cambios de roles a los trabajadores que se atreven a cuestionar procedimientos irregulares, por lo que podría ser acoso laboral.

Sobre estos contratos de publicidad y comunicaciones, Merchán se defendió y dijo que por más que se diga otra cosa, las actividades de cada uno y los informes que presentan los contratistas son distintos.

“El propósito del de Crear Soluciones es administrar nuestra página web, nuestras redes sociales y generar interacción con las comunidades teniendo en cuenta que este proyecto ha sido catalogado un nido de corrupción. El de Mitsuku es para promover notas en medios de comunicación a través de Free Press de las entidades que hacen parte del patrimonio; y el de Ramírez es para que este trabaje como enlace con las comunidades y los funcionarios de la zona de influencia del proyecto”, detalló a CAMBIO.

En medio de las controversias por los contratos de Merchán, hace tres semanas el Ministerio de Transporte anunció que Aerocafé entró en fase de construcción con la ejecución de la primera etapa de la pista e invitó a la ciudadanía a conformar veedurías para vigilar el proceso. Mientras tanto, el ruido alrededor del proyecto parece venir de todos lados, menos del aterrizaje y despegue de los aviones.