Asesinatos, atentados y estigmatización del Gobierno: CIDH retrata un año peligroso para el periodismo en Colombia
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión documentó, en 2025, asesinatos, amenazas de grupos armados, acoso judicial y un patrón sostenido de descalificación por parte del Ejecutivo contra medios y periodistas.
Por: Juan David Cano
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó un capítulo extenso de su Informe Anual 2025 al periodismo en Colombia. Según la entidad, el ejercicio periodístico en el país “continúa siendo de alto riesgo”, con un registro de asesinatos, amenazas, atentados contra instalaciones de medios y lo que el organismo describe como un patrón de estigmatización sostenida por parte del poder político, que agrava el entorno en el que trabajan los comunicadores.
Tres periodistas asesinados en el año
El informe documenta el asesinato de tres periodistas durante 2025. El 24 de enero, Óscar Gómez Agudelo fue atacado por un sujeto armado en Armenia, Quindío, mientras se dirigía a la emisora Rumba del Café 92.1 FM, donde conducía el program_a La Comunidad por la Comunidad_. También administraba el portal Infórmate Quindío, desde el cual cubría temas de gestión pública, corrupción y economías ilegales.
El 20 de enero, en Maicao, La Guajira, fue asesinado Diomedes Farid Manrique, locutor de Olímpica Stereo y Frontera Estéreo. El 28 de marzo murió en Envigado, Antioquia, la periodista María Victoria Correa Ramírez. En ambos casos, el informe señala que “hasta la fecha no se ha establecido si sus muertes están vinculadas con el ejercicio de su labor periodística”, pero ambos murieron ese año.
Atentados con explosivos contra medios
El informe registra además atentados directos contra instalaciones de medios de comunicación. El 5 de julio, el periodista Gustavo Chicangana Álvarez, director de Guaviare Estéreo, y su esposa fueron víctimas de un ataque armado frente a su residencia en San José del Guaviare. Chicangana contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2013 y había denunciado nuevas amenazas durante 2025 y solicitado el refuerzo de su esquema de seguridad antes del ataque. Dos personas fueron detenidas.
Sobre el cierre del año, la RELE registró dos atentados con artefactos explosivos contra sedes de RCN Radio: el 16 de noviembre en Cali y el 25 de noviembre en Pasto. Aunque ninguno dejó heridos, ambos causaron daños materiales. Organizaciones advirtieron que los ataques “buscan generar temor y afectar el derecho de la población a estar informada”.
Amenazas de grupos armados: una práctica extendida
Un estudio citado en el informe, realizado en 34 municipios, mostró que el 24 por ciento de los medios recibió amenazas para suspender coberturas y que el 35 por ciento evitó publicar información por razones de seguridad. La autocensura, señala la Relatoría, se ha consolidado como “mecanismo de autoprotección entre periodistas locales”.
Los casos son concretos. La periodista Yuliana Sánchez, directora de Noticias ColombiaTV en San Vicente del Caguán, narró en el informe las amenazas que recibe: “Le vamos a cortar la cabeza”, le dijeron por teléfono, incluyendo advertencias sobre su hijo de tres años. En el departamento del Caquetá, al menos ocho periodistas estarían siendo amenazados por disidencias de las Farc. El periodista Andrés Campuzano, del medio Cofradía para el Cambio, recibió entre abril y mayo mensajes que incluían un video junto a su hijo, con la advertencia de que la próxima imagen sería “en un funeral”, tras publicar reportajes sobre el Clan del Golfo en Chocó y Antioquia.
Las disidencias de las Farc también amenazaron públicamente al equipo periodístico de Noticias Caracol tras difundir una investigación sobre presuntos vínculos entre integrantes del grupo y funcionarios del Estado, específicamente Wilmar Mejía y el general Juan Miguel Huertas. Las disidencias incluso llegando a calificar a los periodistas de “actores del conflicto armado”.
Estigmatización desde el poder
La Relatoría dedica un apartado específico a la descalificación sistemática de la prensa por parte de funcionarios públicos, en particular del presidente de la República. El informe documenta que Gustavo Petro ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos”, “cooptados” u “oligárquicos”, entre otros términos. La CIDH señala que estos calificativos tienen “el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias, incluidas medidas que podrían derivar en censura”.
“Los reportes recibidos confirman la existencia de un patrón de estigmatización contra medios de comunicación que informan sobre asuntos de interés público o cuestionan la gestión gubernamental, lo que estaría fomentando un entorno cada vez más hostil y permisivo frente a la violencia contra la prensa, y contribuyendo de manera significativa al deterioro de las garantías para el ejercicio de la libertad de expresión en el país”, explica el informe.
Un caso concreto es el de la periodista Diana Saray Giraldo, a quien el presidente llamó “criminal” en julio de 2025. Giraldo le respondió públicamente: “Usted ha alentado una y otra vez la violencia contra periodistas, que podría trasladarse de las redes sociales a la realidad”. En agosto, la periodista Paola Herrera anunció su retiro del periodismo tras una campaña de hostigamiento en redes que, según ella misma señaló, fue detonada por señalamientos públicos del mandatario. El informe también recoge declaraciones del entonces jefe de Despacho de la Presidencia, Alfredo Saade, quien llamó al periodismo “miserable, generador de odio, que se embriaga con sangre humana”.
La Relatoría advierte que estos hechos “no ocurren de manera aislada, sino en un contexto de estigmatización sostenida y baja tolerancia del poder ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos”.
“La Oficina advierte que, aunque en septiembre de 2024 el Gobierno nacional suscribió la Directiva Presidencial No. 7, que establece lineamientos para optimizar la implementación de las obligaciones internacionales de Colombia en materia de libertad de expresión, especialmente en la interacción entre el Poder Ejecutivo y el periodismo, a un año de su expedición persiste un patrón de estigmatización y descalificación de la prensa por parte de funcionarios públicos, particularmente del presidente de la República”, concluye el informe.
Acoso judicial como forma de censura
El informe también documenta una serie de procesos judiciales impulsados contra periodistas investigativos. Entre los casos registrados están el del periodista José Manuel Vega, exiliado con su familia tras tres procesos penales impulsados por un funcionario de Valledupar al que cuestionó en una publicación, situación que llevó al cierre del medio El Periódico Prensa Libre. La periodista Lorena Beltrán enfrenta cuatro acciones de tutela de médicos investigados en sus reportajes. El medio Vorágine fue denunciado penalmente por la Sociedad Colombiana de Pediatría tras publicar investigaciones sobre sus vínculos con la industria de ultraprocesados.
“El uso del derecho penal como una forma de represalia e intimidación contra periodistas que investigan asuntos de elevado interés público constituye un medio indirecto de censura”, recuerda el informe.
A pesar de las falencias, el informe anota avances. En 2025, el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por el asesinato de los periodistas Julio Daniel Chaparro y Jorge Enrique Torres (1991), así como por el de Jaime Garzón.
Por otro lado, la Corte Suprema ratificó la condena por el asesinato del periodista Luis Antonio Peralta Cuéllar en El Doncello, Caquetá. En el caso de Claudia Julieta Duque, un exdirector de Inteligencia del DAS fue condenado a doce años y seis meses por tortura agravada. Y en el caso de Jineth Bedoya, la Fiscalía vinculó formalmente a exaltos mandos militares y del sistema penitenciario por los hechos de 2000, aunque la periodista ya había anunciado, en abril de 2025, que desistía “irrevocablemente” de su búsqueda de justicia ante la “inoperancia” del ente acusador.
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