Paro nacional de 2021: las heridas abiertas del estallido social | Primera parte

En 2021, Yenny López García hacía parte del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional y de la Veeduría Estudiantil Nacional. Había pasado más de un año desde que comenzó el confinamiento por el covid-19 y, aunque las restricciones ya se habían flexibilizado, el temor a la enfermedad aun era latente. En entrevista con CAMBIO, recordó que durante el paro nacional de ese año, su mamá utilizaba la pandemia para evitar que saliera a protestar, más que por el miedo a que pudiera traer la enfermedad, por la violencia que se vivió en el estallido social.

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“Yo vivía con mi abuela y con mi mamá, ambas con comorbilidades. Entonces empezaron a decirme ‘venga, piense en nosotras’. Pero no era piense en nosotras, era lo que menos les importaba. Era no queremos pensar que si usted sale, entonces la van a matar, va a llegar sin un ojo, sin un dedo o no va a llegar. A mí se me arruga el corazón un poquitico porque yo no estoy haciendo nada malo, pero mi mamá siente mucho miedo”, recordó López.

El nombre de Iván Duque, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, era desconocido para la mayoría de los colombianos hasta que llegó al Senado en 2014. Cuatro años después, con el respaldo del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, ganó la Presidencia en segunda vuelta frente a Gustavo Petro, quien llegaría al poder en las siguientes elecciones.

Su gobierno estuvo marcado por la promesa de “hacer trizas” el acuerdo de paz firmado por su antecesor, Juan Manuel Santos, con la extinta guerrilla de las Farc, y por decisiones en educación pública, finanzas y manejo de la pandemia que derivaron en una ola de protestas. Las más relevantes fueron los paros de 2019 y 2021, así como las manifestaciones de 2020 tras la muerte de Javier Ordóñez por abuso policial.

Aunque todas estuvieron atravesadas por la masiva participación ciudadana y por episodios de violencia, tanto de la fuerza pública como de manifestantes, las de 2021 desbordaron cualquier cálculo. Cinco años después, CAMBIO reconstruye lo sucedido por medio de las cifras recaudadas y del testimonio de víctimas, líderes estudiantiles y representantes de organizaciones sociales.

“El paro fue particularmente violento, en 2021 todos lo vimos. Pero no empezó ahí, veníamos del 2018 y el 2019 donde cada vez que salíamos a protestar había una mutilación ocular, había una desproporción en la fuerza. Veníamos de una ola de represión y violencia dura desde años atrás en el gobierno de Duque”, dijo la líder estudiantil Yenny López García.

¿Qué pasó en el estallido social de 2021? Impactos sociales y económicos

El 28 de abril de 2021 los movimientos estudiantiles, organizaciones sociales y centrales obreras convocaron a una jornada de protestas en contra del gobierno Duque. Hoy, a cinco años, varios protagonistas de este estallido, entrevistados por CAMBIO, coinciden en que el país parecía una olla a presión: la pandemia tenía las cifras de desempleo por las nubes, la pobreza aumentó 6,8 puntos porcentuales y el peso se devaluó. A esos números negativos, se sumó el descontento por la llamada Ley de Solidaridad Sostenible, una reforma tributaria con la que se buscaba recaudar más de 23 billones de pesos para mitigar los costos del covid-19.

A pesar de todo esto, casi nadie imaginó que las protestas duraran cerca de tres meses ni que escalara a los niveles de violencia que alcanzó. Cinco años después, las cifras de lo que ocurrió varían. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021 se recibieron reportes de 63 muertes en el contexto de las protestas, de las cuales 46 fueron verificadas. De estas 44 correspondieron a civiles y dos a policías.

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Una cifra muy similar manejó la Defensoría del Pueblo, que reportó al menos 42 civiles fallecidos. Mientras que organizaciones de derechos humanos como Temblores ONG e Indepaz documentaron al menos 75 homicidios durante el Paro Nacional de 2021. De acuerdo con sus reportes, 44 de estos casos tendrían presunta responsabilidad de la fuerza pública.

Fue un nivel de violencia muy alto contra personas desarmadas que se encontraban ejerciendo su derecho legítimo a la protesta. También fue un escenario de mucha angustia porque vimos personas morir en la calle, personas que perdieron sus ojos, que fueron torturadas o que eran detenidas y no aparecían en cerca de dos, tres días porque habían sido llevadas en patrullas fuera de la ciudad”, contó Óscar Ramírez, presidente del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y de la campaña Defender la Libertad.

En cuanto a personas heridas, los organismos de derechos humanos documentaron múltiples casos de uso excesivo de la fuerza, entre ellos los que más preocupación generaron fueron los traumas oculares. Un informe conjunto de Amnistía Internacional, Temblores ONG y el programa PAIIS documentó al menos 103 casos entre abril y julio de ese año.

El Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (Mocao), en su más reciente informe, aseguró que la Fiscalía General de la Nación registró ese año 79 lesiones oculares, 7 no tenían relación con los hechos y 62 sí estaban directamente vinculadas a las protestas.

Además, se denunciaron violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, violencia sexual y abuso policial. Por ejemplo, Naciones Unidas recibió denuncias de violencia sexual contra al menos 60 personas, de las cuales verificó 16 casos que habrían sido cometidos por miembros de la fuerza pública. De igual manera, la Fiscalía junto a la Defensoría aseguró que se reportaron cerca de 300 personas desaparecidas que fueron ubicadas. Además, dijeron que, para enero de 2023, no había ninguna búsqueda activa.

El estallido social también generó un fuerte impacto económico. Según el Gobierno, hubo pérdidas por al menos 6,2 billones de pesos en las primeras dos semanas y un costo diario cercano a 484.000 millones de pesos. Por su parte, Fedesarrollo calculó que sólo en mayo las afectaciones oscilaron entre 4,8 y 6,1 billones.

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Por último, el gobierno denunció que durante el Paro Nacional de 2021 hubo infiltración de grupos armados ilegales y estructuras criminales en las protestas, a quienes atribuyó hechos de vandalismo, bloqueos y ataques a la infraestructura pública. Lo que generó que se presentaran capturas en todo el país, tanto durante las manifestaciones como posteriores. Sin embargo, las ONGs han denunciado que esto fue un intento por criminalizar la protesta y que la mayoría han quedado en libertad.

En su momento la Fiscalía General de la Nación reportó al menos 1.248 capturas por hechos relacionados con las protestas, con corte a junio de ese año, de las cuales cerca de 995 personas fueron posteriormente dejadas en libertad por falta de pruebas o irregularidades en los procedimientos.

Les compartimos la primera parte de la investigación en video. Espere la segunda entrega la próxima semana.

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