En apenas un año, uno de cada cinco adolescentes en Colombia sufrió abuso y explotación facilitados por la tecnología

La Oficina de Estrategia y Datos de Unicef–Innocenti, ECPAT International y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) dieron a conocer los resultados para Colombia de la investigación Disrupting Harm, que hace parte del mayor estudio global sobre explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes facilitados por la tecnología, el cual abarca 25 países.

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El estudio encontró que el 21 por ciento de los adolescentes usuarios de internet en Colombia sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual facilitados por la tecnología en un solo año, lo que equivale a cerca de 860.000 menores entre 12 y 17 años. Estos hechos no ocurren únicamente en línea, sino también cuando se combinan interacciones digitales y presenciales.

“Las tecnologías digitales ofrecen oportunidades únicas para garantizar los derechos de la infancia y reducir desigualdades, pero también introducen riesgos que deben ser comprendidos y abordados. Este estudio, ambicioso y riguroso, muestra que es urgente tomar conciencia e implementar medidas de prevención y protección desde todos los frentes”, aseguró Tanya Chapuisat, representante de UNICEF en Colombia.

Para la investigación se realizó una encuesta nacional representativa a 999 adolescentes, así como entrevistas con sobrevivientes, familias, autoridades y profesionales de justicia y servicios de atención.

Los datos evidencian que las niñas y adolescentes son las más afectadas: el 25 por ciento de las encuestadas fue víctima de este tipo de violencia, frente al 17 por ciento de los niños y adolescentes hombres. Además, la niñez en zonas rurales presenta mayor exposición (29 por ciento) en comparación con quienes viven en zonas urbanas (17 por ciento). El estudio resalta que la desigualdad de género y la pobreza son factores que propician estos abusos.

Entre las formas de violencia más reportadas se encuentran: recibir imágenes sexuales no deseadas (15 por ciento), ofertas de dinero o regalos a cambio de fotos sexuales (6 por ciento), presión para compartir contenido sexual (5 por ciento), amenazas de difusión de imágenes íntimas (3 por ciento) y extorsión sexual (2 por ciento). También se identificó el uso de herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes sexuales de menores, una práctica que genera creciente preocupación.

“Para hacer frente a este desafío se requiere una acción conjunta de la sociedad civil, el gobierno, las organizaciones internacionales, las plataformas en línea, los padres y las comunidades. Fomentar entornos en los que los niños se sientan seguros, apoyados y capaces de denunciar es una responsabilidad compartida”, indicó Fabio González Flórez, líder de proyectos en ECPAT International.

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Cerca de la mitad de los casos ocurrieron a través de redes sociales, principalmente Facebook, seguido de WhatsApp e Instagram, mientras que el 14 por ciento se presentó en plataformas de videojuegos. El estudio también señala que la industria de cámaras web y el turismo sexual contribuyen a la explotación de menores en el país, impulsados por necesidades económicas y falta de oportunidades.

Aunque el discurso público suele centrarse en agresores desconocidos, los datos muestran que el 50 por ciento de los casos fueron perpetrados por personas conocidas por la víctima: familiares (22 por ciento), parejas o intereses románticos (14 por ciento) y amistades (14 por ciento). En contraste, el 21 por ciento fue cometido por desconocidos.

“La investigación Disrupting Harm en Colombia aporta datos clave para comprender y responder a este problema. Esta iniciativa impulsa una respuesta más coordinada y eficaz para proteger a los niños en la era digital”, afirmó Mark Beavan, jefe de la Unidad de Delitos contra la Infancia de Interpol.

Barreras para la denuncia

A pesar de que en Colombia existen canales como la línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Te Protejo Colombia o el portal ¡A Denunciar!, el estudio encontró que la denuncia es casi inexistente. En un año, ninguno de los adolescentes encuestados reportó formalmente los hechos.

El 34 por ciento no se lo contó a nadie. Entre las principales barreras están el desconocimiento de los canales, la vergüenza, el miedo al estigma, la percepción de que no era grave o la creencia de que denunciar no tendría consecuencias.

¿Cómo prevenir los casos de abuso y explotación?

La investigación señala que la prevención debe centrarse en transformar los entornos físicos y digitales, evitando trasladar la responsabilidad a los propios menores. Abordar esta problemática requiere acciones coordinadas entre el sistema de protección, las familias y las empresas tecnológicas.

“El informe muestra cómo las normas sociales, las presiones económicas y las lagunas legales alimentan esta crisis. Estos datos ofrecen a Colombia un camino claro hacia leyes más estrictas y sistemas de apoyo centrados en los niños”, indicó Marija Manojlovic, directora ejecutiva de Safe Online.

Entre las recomendaciones se destacan: combatir normas que culpan a las víctimas, mejorar el acceso y la confianza en los mecanismos de denuncia, fortalecer la legislación y articular los sistemas de protección, justicia y educación.

Asimismo, se hace un llamado a las empresas digitales para que incorporen medidas de prevención desde el diseño de sus plataformas, optimicen la moderación de contenidos y refuercen los controles de privacidad.

“Colombia cuenta con recursos importantes para afrontar este problema, como un sólido marco jurídico y personal comprometido. Sin embargo, se requiere inversión sostenida, mayor rendición de cuentas de las plataformas y esfuerzos coordinados para garantizar protección, justicia y recuperación para todos los niños”, concluyó Camila Perera Aladro, especialista en investigación de UNICEF-Innocenti.