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Armando Benedetti y Efraín Cepeda
Armando Benedetti a la izquierda y Efraín Cepeda a la derecha
Poder

Los políticos y empresarios salpicados por el exsenador Álvaro Ashton por presuntos nexos con los paramilitares

Entre los señalados figuran congresistas, exalcaldes y contratistas que, según Ashton, facilitaron la cooptación del poder político y económico en la región Caribe por los paramilitares.

Por: Juan David Cano

El exsenador Álvaro Ashton Giraldo volvió a poner nombres sobre la mesa. En su comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el político barranquillero reconstruyó un entramado de poder que entrelazó a congresistas, empresarios, funcionarios públicos y paramilitares durante los años más oscuros de la parapolítica en la Costa Caribe.

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El exsenador Álvaro Ashton, compareciente ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Crédito: JEP.

Sus declaraciones, escuchadas en febrero pasado y divulgadas ahora por la JEP, describen con detalle cómo el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC se convirtió en un actor político más, con influencia sobre contratos, presupuestos nacionales y elecciones locales. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas decidió mantener a Ashton bajo el régimen de sometimiento al considerar que sus aportes son sustanciales para la verdad histórica y judicial.

Un mapa del poder bajo la sombra de las AUC: Benedetti y Efraín Cepeda salpicados

Según Ashton, detrás de la fachada institucional de los partidos políticos se tejió una alianza silenciosa que permitió a los paramilitares financiar campañas, imponer candidatos y controlar el uso de los recursos públicos. “Todos los partidos que se organizaron a raíz de la reforma constitucional de 2003 eran justamente para ir orientado el propósito fundamental de las autodefensas, que era el de la refundación del país de tomarse desde arriba el poder”, dijo Ashton.

El excongresista aseguró que varios líderes conservadores y liberales participaron en ese engranaje. Habló de acuerdos electorales, reparto de presupuestos nacionales y respaldo legislativo a iniciativas que favorecían los intereses de las autodefensas. Entre los mencionados aparecen nombres tradicionales de la política costeña, así como empresarios con peso en la contratación pública.

Los testimonios incluyen referencias a Efraín Cepeda, David Char, Jorge Gerlein, Armando Benedetti y otros dirigentes con trayectoria parlamentaria. También mencionó a exmandatarios locales como Guillermo Hoenigsberg, exalcalde de Barranquilla, y Trino Luna, exgobernador del Magdalena, junto a contratistas y empresarios señalados de servir de puente económico con el Bloque Norte de las AUC.

Los nombres señalados por Álvaro Ashton y lo que dijo de ellos

  • Efraín Cepeda Sarabia: Habría tenido contactos y entendimientos políticos con sectores ligados a los paramilitares en Atlántico, según Ashton.
  • Armando Benedetti Villaneda: Promovió en el Congreso artículos de la Ley de Justicia y Paz que favorecían a las AUC.
  • David Char Navas: Presuntamente recibió apoyo económico y electoral de grupos vinculados al Bloque Norte.
  • Mario Varón Olarte, Jaime Cervantes, Jorge Gerlein y otros senadores: Supuestamente participaron en gestiones presupuestales que terminaron beneficiando a proyectos impulsados por los paramilitares.
  • Guillermo Hoenigsberg Bornacelly (exalcalde de Barranquilla).
  • José Pérez Orozco (exjefe de planeación de Barranquilla).
  • David Name Terán (empresario, dueño de Condesa): Señalado de participar en acuerdos políticos con las AUC.
  • Trino Luna Correa (exgobernador del Magdalena): También implicado en pactos políticos con los paramilitares.
  • Neyla Soto Ruiz, “La Sombrerona”: Mencionada como parte de esos acuerdos en el Magdalena.
  • Rosa Stella Ibáñez (exalcaldesa de Soledad): Relacionada con desvíos de recursos que habrían favorecido a las autodefensas.
  • Alfredo Noya Zabaleta (exsecretario de Educación de Soledad): Asociado al mismo caso de desvío de fondos.
  • Álvaro Araujo Castro y Tarquino Pacheco Camargo: Mencionados por su papel en alianzas políticas afines al paramilitarismo.
  • Óscar Darío Pérez, Óscar Arboleda y Jorge de Jesús Castro: Identificados por Ashton como promotores de la reforma política de 2003, que según él fortaleció la influencia de las AUC.
  • Empresario Juan García Estrada (alcalde encargado de Barranquilla): Involucrado en vínculos administrativos con paramilitares.
  • Roberto Castillejo (asesor de Cormagdalena): Llamado “asesor de las AUC en temas ambientales”.
  • Julio Gerlein Echeverría, Edgardo Navarro, Edgardo Osorio y Javier Haddad: Mencionados como financiadores o aliados económicos del Bloque Norte.
  • Miembros de la logia masónica de Barranquilla: Según Ashton, la organización fue usada como punto de encuentro entre empresarios, políticos y emisarios del paramilitarismo.
  • Jesús Orlando Barón (mayor del Gaula Militar): Citado como ejemplo de la infiltración de las AUC en organismos de seguridad.

Universidades, hospitales y empresas bajo control

El relato del exsenador también toca las instituciones públicas. Ashton advirtió que las redes paramilitares extendieron su poder hacia la Universidad del Atlántico, el Hospital Materno Infantil de Soledad y la empresa de servicios Triple A. A través de contratos y nombramientos, explicó, las AUC buscaban legitimación social y control territorial, utilizando los recursos de la educación y la salud para consolidar su influencia política.

“Hoy (…) la Universidad del Atlántico está padeciendo esas consecuencias gravísimas que generó la complicidad que tuvimos con esas organizaciones al margen de la ley”, dijo Ashton.

Su reconocimiento y las consecuencias judiciales

En una parte clave de su declaración, Ashton reconoció su responsabilidad política y moral: “Contribuí a la expansión y consolidación de esos grupos al margen de la ley”, dijo, y pidió perdón público a los ciudadanos de Barranquilla.

La JEP consideró que sus aportes son novedosos y verificables, por lo que decidió mantener su sometimiento y, al mismo tiempo, remitir copias de sus declaraciones a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para que determinen si hay lugar a nuevas investigaciones penales.

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