Repetir el evento al que Petro no pudo ir por una fuerte gripa costará 3.900 millones

El 11 de octubre de 2024, cuando las víctimas del exterminio de la Unión Patriótica se congregaron desde temprano en la Plaza de Bolívar de Bogotá para escuchar, de boca del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, el reconocimiento internacional del Estado por el genocidio de dicho partido político, un “fuerte cuadro gripal y respiratorio” le impidió al mandatario cruzar las dos cuadras que separan a la plaza de la Casa de Nariño.

La ausencia del presidente no fue menor, pues provocó que no se ejecutara el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de 2022 en la que condenó al Estado colombiano por el exterminio de la UP. Por ese acto, el Gobierno firmó un jugoso contrato de operación logística por 3.700 millones de pesos con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. que incluía tiquetes aéreos, hoteles y alimentación para las víctimas, y la instalación de la tarima, el sonido y los demás aspectos requeridos para Bogotá y Medellín, ciudad en la que hubo otro punto satélite del evento. 

La incapacidad de salud del presidente Petro ahora le cuesta a los contribuyentes colombianos otro contrato por 3.997.805.444 pesos que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado acaba de suscribir con el Canal Regional de Televisión Teveandina SAS, para la realización del acto de reconocimiento internacional que no pudo hacerse ante su enfermedad.

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En su momento, el Gobierno planteó que uno de los ministros presidiera el acto internacional, pero las víctimas de la UP no acogieron la propuesta y consideraron la ausencia del jefe de Estado como un incumplimiento. El Gobierno dice ahora que el hecho de que no se efectuara el evento ordenado por la Corte Interamericana no es culpa suya. 

“Las circunstancias que dieron lugar a la suspensión del acto fueron completamente ajenas a la Agencia, al contratista y al señor presidente de la República”, señala la Agencia de Defensa, dirigida por César Palomino Cortés. 

Según la Agencia, las víctimas fueron las que “decidieron no permitir la continuidad del acto” pues “se abstuvieron de participar en las actividades programadas y adoptaron acciones para impedir el desarrollo de la agenda”.

Garantizarán que Petro asista

Ante dicha problemática, el Gobierno decidió, en concertación con las víctimas, que el nuevo acto de reconocimiento por el exterminio de la UP se efectúe el próximo 9 de noviembre en Santa Marta, en el marco de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se celebrará para esas fechas.

La propuesta de que el evento se efectúe en el marco de la cumbre de la Celac, a la que asistirán delegados de 60 países, vino del despacho del presidente Petro, quien también planteó que el acto se realice en Bogotá y que eventualmente sea presidido por un ministro, en caso de que él llegue a faltar por un motivo de fuerza mayor.

“Mediante comunicación recibida por la ANDJE el 11 de agosto de 2025, los intervinientes comunes confirmaron su acuerdo para que el acto se lleve a cabo en la ciudad de Santa Marta, en el marco de la Cumbre de la CELAC programada para el mes de noviembre del presente año. Esta decisión, por una parte, permitiría garantizar la presencia del señor presidente de la República y, por otra, otorgaría mayor visibilidad al acto”, señaló la Agencia en un documento de octubre.

“No obstante, ante la ausencia de comunicación respecto del ministro o ministra que podría presidir el acto, esta Agencia, mediante radicado 202510007741 del 11 de agosto de 2025, reiteró a los intervinientes comunes la necesidad de informar dicha designación. A la fecha, no se ha recibido respuesta sobre este particular”, añade la entidad.

El nuevo contrato por 3.997 millones de pesos se ocupará del traslado y alojamiento en Santa Marta de 1.060 personas, de listados entregados por las organizaciones de víctimas de la UP. Además, con esos recursos asumirán la participación de aproximadamente 1.500 de asistentes que se esperan.

“El evento se llevará a cabo en noviembre en Santa Marta, no porque las víctimas así lo solicitaran, sino porque esa fue la propuesta que presentó el Gobierno Nacional bajo dos argumentos: 1. Garantizar la participación del Presidente Gustavo Petro y 2. Darle una mayor visibilidad, nacional e internacional, al exterminio de la UP o genocidio -como lo reconocemos nosotros- y al reconocimiento de responsabilidad internacional en su comisión por parte del Estado colombiano”, expresó Carolina Maya, codirectora de la Corporación Reiniciar.

“Para el acto en Santa Marta, las víctimas de la UP representadas por la Corporación Reiniciar esperan que se cumplan los acuerdos que se vienen consolidando en las mesas de concertación con entidades del Estado. Entre esos acuerdos, se ha reiterado, que sea el Presidente quien encabece este acto, como él mismo lo ha manifestado en diversas oportunidades, incluso en espacios como los Consejos de Ministros. Al momento de esta respuesta, las representaciones de las víctimas no hemos expresado nuestra aceptación a que sea un determinado Ministro o Ministra quien haga el reconocimiento”, agregó Maya.

El problema de los recursos

En los documentos conocidos por CAMBIO quedó claro que la falta de recursos en el Gobierno impidió que este evento se realizara en diciembre de 2024, como propusieron desde la Presidencia.

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“El Dapre adelantó reuniones de coordinación interinstitucional y, con el apoyo de varios ministerios, planteó la viabilidad de realizar nuevamente el acto el 9 de diciembre de 2024 en la Plaza de Armas de la ciudad de Bogotá. No obstante, su ejecución no fue posible por la falta de disponibilidad presupuestal para cubrir el traslado y hospedaje de las víctimas convocadas. Esta limitación financiera impidió materializar el acto en la fecha prevista”, señala la Agencia.

Pese a que el Dapre se había comprometido a gestionar el evento, la Agencia de Defensa Jurídica lideró la iniciativa para evitar “un incumplimiento prolongado de la decisión internacional”. El Ministerio de las Culturas y Los Saberes también informó que asumirá la carga económica del componente cultural del acto.

La obligación internacional, dictada por la Corte Interamericana, registra en este momento un año y diez meses de incumplimiento. Si nada extraordinario ocurre, el presidente Gustavo Petro pedirá perdón por el genocidio de la UP en el marco del evento diplomático con sus compañeros de la Celac.

ana.cuesta@cambiocolombia.com.