Caso pasaportes: Fiscalía imputará cargos al excanciller Álvaro Leyva por el delito de prevaricato
Para el ente acusador, el exministro Leyva firmó tomó varias decisiones contrarias al derecho en el proceso de la licitación para la impresión y el suministro de los pasaportes para los colombianos.
Este 28 de noviembre se conoció que la Fiscalía General de la Nación radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo por sus presuntas actuaciones irregulares en el denominado ‘caso pasaportes’.
“El exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios a derecho en el contexto del proceso de licitación pública cuyo objeto fue suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como el servicio de impresión, almacenamiento y entrega etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica”, comunicó este viernes el ente investigador.
El exministro de destituido por la Procuraduría
El pasado 12 de noviembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad al exministro de Relaciones Exteriores Leyva Durán, por 10 años para ejercer cualquier cargo público, por las irregularidades encontradas en su manejo frente al proceso de licitación de los pasaportes y la empresa Thomas Greg and Sons.
La investigación del ente de control contra el excanciller inició en el año 2023, cuando se consideró como falta gravísima a título de dolo cuando Leyva declaró como desierta de la licitación con Thomas Greg and Sons, aunque cumplía con los requisitos, y también la declaratoria de emergencia manifiesta al finalizar el contrato anterior.
La Sala Disciplinaria Ordinaria concluyó en ese momento que Leyva Durán desconoció los criterios de selección objetiva al anular el proceso debido a la participación de un único oferente que cumplía con los todos los requisitos exigidos por la ley, por lo cual no había motivos legales para cancelar la licitación.
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