
Compulsa de copias contra jueza tras sospechas de que obstaculizó la recaptura de Emilio Tapia: ya tenía otro proceso por darle la libertad condicional
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico recibió una nueva compulsa de copias contra la jueza que otorgó la libertad condicional a Emilio Tapia en abril. Esta vez., se indagan posibles maniobras que habrían retrasado la orden de captura contra el contratista condenado por el caso Centros Poblados.
Por: Juan David Cano
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico tiene un nuevo frente de revisión sobre la actuación de la jueza primera de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, quien previamente había otorgado la libertad condicional al contratista y empresario Emilio Tapia Aldana, condenado por su participación en los casos de corrupción de Centros Poblados y en el carrusel de la contratación de Bogotá.
La advertencia llegó después de que, a pesar de existir una orden de captura emitida hace 20 días por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Bogotá, la detención de Tapia solo se materializó el pasado viernes en una clínica de Barranquilla. La Comisión advirtió que tiene información de posibles nuevas irregularidades en la dependencia judicial que debía coordinar y hacer efectiva la recaptura.
Esta jueza ya se encontraba bajo investigación disciplinaria por la decisión del 11 de abril, cuando concedió la libertad condicional a Tapia mientras cumplía la condena por su participación en el carrusel de la contratación de Bogotá. Ahora, se evalúa si hubo actuaciones que habrían obstaculizado la emisión de las órdenes necesarias para ejecutar su captura.
La compulsa de copias fue emitida este martes 4 de octubre por la Presidencia de la Comisión Seccional, que examinará si la jueza incurrió en dilaciones injustificadas, omisiones o decisiones contrarias al deber funcional.
Tapia, quien fue condenado a 17 años de prisión por el carrusel de la contratación y nuevamente condenado a seis años y cuatro.meses de prisión por su papel en el desvío de 70.000 millones de pesos mediante anticipos y documentos falsificados para un contrato con el fin de llevar conectividad a colegios rurales, deberá continuar el cumplimiento de su pena sin beneficios.
Crédito: Colprensa.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial también fue informada del caso y está a la espera del avance de las actuaciones locales para decidir si asume directamente el expediente.
Comentar este artículo
Aún no hay comentarios









