El Gobierno se alista para convertirse en el mayor accionista de la Nueva EPS

Este viernes se conoció que el Gobierno será el accionista mayoritario de la Nueva EPS con el 51 por ciento de las acciones. Esta decisión responde a que las cajas de compensación accionarias –Colsubsidio, Cafam, Compensar, Confenalco Valle, Confenalco Antioquia y Confandi– cedieron parte de su participación al Estado, que hasta ahora era un poco más del 50 por ciento.

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El presidente Gustavo Petro reaccionó a la información confirmada por Blu Radio y Caracol Radio. En su cuenta de X, el mandatario, aunque no se refirió directamente al anuncio, respondió a un comentario del profesor de Economía de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quien afirmó que comprar la Nueva EPS equivaldría a que la nación “asuma las deudas billonarias que generó la administración desde que fue intervenida”.

Según el mandatario, el Gobierno es dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS desde su fundación y se trata de “una de las deudas escondidas”, como ocurrió con el subsidio a la gasolina.

“Esta propiedad de la mitad de la deuda por parte de la nación, sin control de la entidad, pues estaba en manos de privados y es lo que llevó al desastre financiero a través del ordeño de los recursos públicos que les transferían, es irreversible”, dijo.

El jefe de Estado afirmó que los “controladores privados” de la entidad, entre ellos familias políticas reconocidas, sabían desde el principio de la transformación del Instituto de Seguros Sociales en Nueva EPS “que por cada peso que se apropiaran, la mitad de la deuda generada sería de la nación, y solo restaría esperar un presidente que nacionalizara la otra mitad de la deuda, como ya piden algunos congresistas y ‘expertos’”.

Petro se refirió a la situación como un robo al Estado y al sistema de salud por decenas de billones de pesos por parte de “poderosísimas familias de Chapinero alto”.

Blu Radio informó que el trámite para que el Gobierno se convierta en el accionista mayoritario actualmente se encuentra en proceso de firmas.

Las deudas de la Nueva EPS

La Nueva EPS, que cuenta con más de 11 millones de afiliados, fue intervenida por el Gobierno el 3 de abril de 2024 por una crisis financiera que ponía en riesgo la entidad. Sin embargo, la intervención no habría dado buenos resultados.

Un informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), publicado en septiembre, confirmó que la Nueva EPS es la entidad promotora de salud que más recursos adeuda a los centros médicos que atienden a sus afiliados. Junto a Sanitas y Famisanar, con corte a junio de 2025, concentra cerca de 7,8 billones de pesos: el 71,3 por ciento del total de la deuda de las EPS del régimen contributivo que siguen en operación. De hecho, según el informe, la Nueva EPS fue la entidad que presentó el mayor incremento en los recursos adeudados entre diciembre de 2024 y junio de 2025, al registrar un aumento de 1,7 billones de pesos.

También en septiembre, la Contraloría publicó un informe con hallazgos obtenidos tras un operativo de policía judicial en las instalaciones de la EPS para recaudar información técnica, administrativa, jurídica y financiera no disponible en los sistemas administrados por la Superintendencia Nacional de Salud. La diligencia incluyó entrevistas, inspecciones, toma de evidencias físicas e imágenes forenses de las vigencias 2022, 2023, 2024 y del primer semestre de 2025, que sumaron más de 4.000 archivos.

Tras un análisis preliminar, la Contraloría detectó:

• 15,27 billones de pesos en anticipos pendientes por legalizar (corte a junio).
• 13,2 billones de pesos en facturas de servicios de salud sin revisión o validación.
• 21,37 billones de pesos acumulados en cuentas por pagar.
• 11,1 billones de pesos por subestimación en la constitución de la reserva técnica no liquidada y liquidada.
• Falta de soportes contractuales que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el decreto 441 de 2022 para acuerdos de voluntades entre aseguradores y prestadores.

Pacientes Colombia expresó su preocupación ante el informe, pues el nivel de endeudamiento comprometería la sostenibilidad financiera de la entidad y del Sistema General de Seguridad Social en Salud.