Las razones por las que pidieron a Suecia investigar la compra de los aviones Gripen por parte de Colombia

La compra de los 17 aviones de combate Gripen por parte del Gobierno colombiano —una adquisición valuada en 16,5 billones de pesos— no solo abrió discusiones políticas en Colombia. También despertó inquietudes que terminaron en Suecia, país de origen del fabricante SAAB y sede de una estricta institucionalidad anticorrupción.

Este 18 de noviembre, el exsecretario de Transparencia de la Presidencia y fundador del Instituto Anticorrupción de Colombia, Camilo Enciso, envió una carta a la Unidad Nacional Anticorrupción de Suecia. En ese documento, el exfuncionario del Gobierno Santos solicitó evaluar la posibilidad de abrir una investigación preliminar por el posible delito de soborno extranjero.

Enciso sostiene que podría existir un vínculo entre negocios de defensa de origen sueco, beneficios otorgados a personas cercanas al poder político en Colombia y hechos ocurridos en territorio sueco. Además, argumenta que diversas informaciones públicas, tanto de medios colombianos como suecos, levantan sospechas suficientes para pedir que el Ministerio Público de Suecia examine si hubo ofrecimiento o entrega de ventajas indebidas a funcionarios públicos extranjeros con el propósito de influir en decisiones de contratación militar.

Los argumento para pedir la investigación por la compra de los aviones Gripen

Una de las piezas que el documento expone la denuncia del fallecido exviceministro de Defensa de Colombia, Ricardo Díaz. Según la revista Semana, Díaz aseguró que recibió una oferta de dinero en 2022 para favorecer la compra de tres helicópteros. La denuncia se inserta en una descripción más amplia sobre la forma en que intermediarios, empresas con relaciones históricas con el sector defensa y figuras políticas habrían buscado influir en procesos de adquisición de aeronaves. Aunque este episodio ocurrió antes de la elección del fabricante sueco SAAB, Enciso lo presenta como un antecedente que daría cuenta de un entorno proclive a presiones indebidas.

“Entre los supuestos intermediarios figuraba un coronel retirado del Ejército colombiano (Eduardo Mejía), quien, según Díaz, transmitió que trabajaba con Camilo y Ángela Benedetti, hermanos de Armando Benedetti, actual ministro del Interior de Colombia. Tanto Camilo como Ángela son personas con conexiones políticas e influencia en altos círculos gubernamentales”, explicó Enciso.

¿Verónica Alcocer tuvo algún papel en la compra de los Gripen?

Enciso menciona particularmente a la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer. “Semana informó que tanto el coronel retirado como un asesor presidencial (Juan Fernández) le dijeron al señor Díaz que la primera dama, Verónica Alcocer, tenía un ‘interés especial’ en la adquisición de tres helicópteros en ese momento. Su presunto interés se mencionó, al parecer, como una forma de legitimar o aumentar la presión sobre el viceministro para que autorizara la compra”, dice Enciso.

Para Enciso, la prolongada presencia de Alcocer en Estocolmo debería llamar la atención de las autoridades del país escandinavo. De acuerdo con el medio sueco Expressen, Alcocer habría vivido en un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, asistiendo a clubes exclusivos y relacionándose con círculos sociales de alto nivel. Ese contexto adquiere relevancia porque, según Enciso, coincide con la fase decisiva del contrato de los Gripen, anunciado por el presidente Gustavo Petro en noviembre de 2025.

El documento lo expresa así: la permanencia de Alcocer en Suecia, sumada a los reportes sobre su estilo de vida y al momento en que Colombia cerró la compra, “crea un vínculo plausible de que los beneficios podrían haberse canalizado a través de Suecia o intermediarios con sede en Suecia en relación con la transacción de la aeronave”. Enciso no afirma que exista una prueba concluyente, pero sí sostiene que la coincidencia justifica examinar si hubo flujo de beneficios, regalos, hospedaje, servicios o financiación proveniente de individuos o empresas radicadas en Suecia hacia Alcocer.

En ese mismo sentido, la carta advierte que cualquier ventaja proporcionada desde territorio sueco a una persona con capacidad de influencia podría caer de lleno bajo la legislación del país escandinavo. Enciso recuerda que la definición sueca de funcionario público extranjero es más amplia que la formalidad del cargo: basta con que una persona tenga capacidad de incidir en decisiones estatales para que la norma la cobije. Por eso, subraya que el supuesto “interés especial” atribuido a Alcocer en la compra de helicópteros y su cercanía con el presidente la ubican dentro del alcance jurídico del delito de soborno extranjero.

Tanto la OCDE como la ONU han advertido que las adquisiciones militares son particularmente vulnerables al soborno: involucran montos multimillonarios, intermediarios de difícil trazabilidad y decisiones políticas de alto nivel. En ese escenario, la presencia de actores suecos —empresas, residentes o intermediarios financieros— podría activar obligaciones internacionales para Suecia. El propio Enciso recuerda que, como Estado parte de la Convención Antisoborno, el país está obligado a “garantizar investigaciones y enjuiciamientos eficaces” y a cooperar con otros países en caso de indicios de soborno transnacional.

La posible existencia de documentos o archivos para ver si hubo corrupción

Finalmente, el exfuncionario sostiene que la posibilidad de que existan documentos, comunicaciones, registros financieros o evidencia relacionada con la estancia de Alcocer en Suecia hace urgente que las autoridades suecas actúen. Enciso asegura que ese tipo de información es altamente perecedera y que retrasar la apertura de una investigación podría facilitar la pérdida de material relevante.

En conjunto, el documento plantea que la combinación de denuncias previas de posibles presiones indebidas en Colombia, la coincidencia temporal entre la presencia de la primera dama en Estocolmo y el cierre del contrato de los Gripen, y el compromiso legal de Suecia de investigar casos de presunto soborno a funcionarios extranjeros, constituye una base suficiente para que la Fiscalía Anticorrupción del país escandinavo evalúe el inicio de una investigación preliminar.

La Contraloría también exige explicaciones al Ministerio de Defensa

A la presión internacional que podría derivarse de un eventual examen de las autoridades suecas, ahora se suma un frente de control interno. La Contraloría General de la República envió una comunicación formal al Ministerio de Defensa solicitando copias completas del expediente contractual de la compra de los 17 Gripen, incluidos los documentos de la fase precontractual y todo el soporte técnico y jurídico que justificó la selección de SAAB.

En la carta dirigida al ministro Pedro Arnulfo Sánchez, el organismo de control advierte que conoció por la prensa los detalles del acuerdo y que, en ejercicio de su responsabilidad constitucional, requiere revisar de manera integral cómo se efectuó la negociación. La solicitud incluye también el contrato suscrito con la empresa que asesoró al Ministerio de Defensa durante el proceso, así como las evaluaciones comparativas hechas sobre las diferentes alternativas de aeronaves, entre ellas los F-16 y otros modelos considerados, antes de optar por los Gripen.

“Es importante recalcar que la reserva de información o documentación no es oponible a la Contraloría General de la Nación en el ejercicio de sus funciones de control Fiscal”, dijo el organismo.