¿Más desinformación o mejores datos?: los coletazos de la ley de encuestas en plena campaña electoral

Esta semana, y después de cuatro meses, se levantó la veda a las encuestas de intención de voto en el país. Un cambio que llegó casi de sorpresa por la llamada Ley de Encuestas, la iniciativa que se aprobó en el Congreso con los votos de políticos de distintos sectores ideológicos. La norma impactó una campaña que ya había arrancado y en la que compiten más de 70 precandidatos presidenciales.

Durante cuatro meses, la campaña estuvo casi a ciegas y ahora, que se pueden volver a publicar las mediciones, las reglas de juego son otras y no están del todo claras y reglamentadas. Por eso, para firmas encuestadoras y expertos en derecho electoral, el resultado de esa ley que se aprobó a las carreras es agridulce.

Aseguran que en el periodo de la veda se limitó la democracia, se incentivó la desinformación y se le dio espacio y visibilidad a mediciones que no tenían a ningún responsable. Sin embargo, también rescatan algunos elementos que permitirán tener datos más incluyentes y que reflejen la percepción de una gran porción de los colombianos.

CAMBIO habló con autoras de la norma, con encuestadoras y con expertos en el sector sobre el balance que se puede hacer de la llamada ‘Ley mordaza’ en estos meses en los que se ha implementado. ¿Es un avance para la democracia o se afecta el acceso a la información? 

Una ley que impactó una campaña en marcha

Una de las grandes paradojas de esta norma es que tuvo más de 30 coautores, y logró poner de acuerdo al Congreso, que la aprobó por unanimidad. Incluso, la defendieron figuras como las senadoras Angélica Lozano, del Partido Alianza Verde, Paloma Valencia, del Centro Democrático, y Clara López Obregón, del Pacto Histórico. Todas con posturas políticas distintas. 

Es cierto que el proyecto se ha presentado en periodos legislativos anteriores, pero el tiempo en el que se aprobó generó una alarma, porque entró en vigencia en una campaña en marcha. Varios partidos ya habían anunciado a sus precandidatos y tenían toda una ruta para elegir a su ficha definitiva. Por ejemplo, el Centro Democrático arrancó su precampaña desde noviembre de 2024. Es decir, ocho meses antes de la sanción de la norma.  

Este es uno de los cuestionamientos que hace la Misión de Observación Electoral (MOE), porque usualmente las modificaciones de las reglas electorales no deberían tener impacto en un proceso que ya había empezado. Por eso creen que se generó cierta suspicacia entre algunas voces en el sector. 

Además, integrantes de las firmas encuestadoras aseguran que no se les consultó a ellos sobre las modificaciones que traería el proyecto, según César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, y Martín Orozco, gerente general de Invamer.

Ante esas críticas, la senadora Angélica Lozano le dijo a CAMBIO que era una norma que se estaba intentando tramitar desde hacía varios periodos. Es decir, no era desconocida para los congresistas, quienes la aprobaron con mayorías.

Pero, más allá de los cuestionamientos en forma que tiene el trámite de la norma, también hay alertas por los efectos de fondo sobre las elecciones. 

Una precampaña a ciegas y con plata en casas de apuesta

Una de las modificaciones de la norma es que limitó la publicación de encuestas de intención de voto para Presidencia, alcaldías y gobernaciones. Ahora solo se pueden publicar tres meses antes de que inicie el periodo de inscripciones. Justo por esta modificación es que desde julio, cuando se sancionó la norma, se dejaron de publicar las mediciones.

De acuerdo con César Caballero, de Cifras y Conceptos, este primer cambio golpea la democracia. Primero, porque limitó el acceso a la información y esto abrió una ventana enorme de mediciones cuestionables.

“Es una veda absurda, porque quedamos en manos de muchas cosas manipulables, en los que hay datos por los que nadie responde”, aseguró Caballero en diálogo con CAMBIO.

Con esa postura coincidió Martín Orozco, gerente de Invamer, quien aseguró que esas mediciones a las que hoy se les dio paso no tienen ningún sustento técnico ni método científico que los respalde. “Estamos en el peor de los mundos”, insistió.

Un claro ejemplo es que en el periodo de la veda crecieron las apuestas por figuras políticas en plataformas como Polymarket, el mercado más grande de apuestas en línea. La Silla Vacía documentó que desde febrero de este año, en esa plataforma han inyectado recursos 82 cuentas. Pero hay un dato llamativo. De 15 cuentas que han apostado por Abelardo de la Espriella, solo una concentra el 40 por ciento de todo el dinero. Ese usuario, por ejemplo, llegó en agosto de este 2025 y fue quien pidió que se incluyera al abogado entre los candidatos.

Coljuegos, que es la entidad encargada de regular las apuestas en el país, menciona que las apuestas por figuras políticas no están reguladas y representan una modalidad ilegal de juegos de suerte y azar. De hecho, Marco Hincapié, presidente de la entidad, solicitó bloquear los portales que operan apuestas sobre temas electorales en el país.

Un tema clave, porque como dice Alfonso Portela, exregistrador y socio de la empresa Tecnología & Servicios Electorales (T&SE), esas plataformas siempre han estado, solo que ahora toman más protagonismo e intentan mover la intención de voto.

A todo esto se suma un punto adicional que mencionan Orozco y Caballero: la veda limita la posibilidad de que figuras que son menos conocidas en política puedan ganar reconocimiento, porque las encuestas son una oportunidad que tienen los precandidatos de darse a mostrar.

Frente a estos cuestionamientos, Lozano mencionó que no es cierto que se le haya dado viabilidad a las mediciones falsas. Primero, porque dice que siempre han existido y que quienes están apostando en esos mercados son muy pocas personas. “No tienen nada que ver con la ley. La mejor prueba es ahora, que se puede publicar las encuestas y hay mayor rigurosidad”, insistió.

Con esa postura coincidió Hanwen Zhang, doctora en estadística y quien asesoró la construcción de la norma en la mitad del trámite. Para ella, que haya firmas que se salten el proceso de rigurosidad, no implica que la ley no funcione.

El superpoder que queda en manos del CNE

La norma crea una comisión técnica de vigilancia de encuestas que está a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), una entidad representada por “políticos que aspiraron al Congreso y se quemaron”, como le dijo a este medio un congresista que cuestiona la norma y prefirió no ser citado. En este caso, solo el consejero Álvaro Hernán Prada se lanzó al Legislativo en 2022 y no pasó. 

La ley establece que esa comisión debe tener un carácter técnico para estudiar, evaluar, auditar y conceptuar sobre el cumplimiento de las reglas que deben seguir las firmas encuestadoras. Así como asesorar al CNE en la regulación, vigilancia y seguimiento a las encuestas y estudios de opinión política.

Según le explicaron a CAMBIO la senadora Angélica Lozano y Hanwen Zhang, la comisión estará integrada por cinco personas con conocimiento y experiencia en estadística. Los expertos serán seleccionados por el CNE a partir de una lista que envíen las universidades con programas de este tipo y acreditadas en alta calidad.

Pese a que la norma ya lleva cuatro meses de implementarse, este es uno de los pendientes, porque la comisión apenas se está creando. Según Zhang, el CNE ya tiene la lista de personas elegibles.

Pero, además de ser un pendiente, también hay algunos cuestionamientos al poder que se le otorga al CNE con esta comisión. Primero, porque es claro que esa entidad tiene un carácter político y, como le dijo a CAMBIO un exmagistrado, “allí se toman decisiones políticas, más que en derecho”.

La senadora Lozano fue clara en decir que si bien hay críticas al CNE, desde la Constitución de 1991 esa entidad tiene en sus manos la tarea de acompañar a las firmas encuestadoras. Solo que la norma lo que hace es “darles dientes”. En otras palabras, que ahora tenga un carácter técnico.

Unos datos más rigurosos: las bondades de la norma

Pese a estos cuestionamientos, hay voces que destacan algunos elementos de la norma, como la posibilidad de tener datos más rigurosos y fotos de la percepción ciudadana mucho más realistas. ¿Cómo así?

De acuerdo con la senadora Angélica Lozano, una de las claves es que si las encuestadoras quieren hacer una medición nacional, sí o sí deben preguntar en las ciudades que tienen más de 800.000 habitantes, que son seis.

Además, insiste en que ahora el CNE tendrá la obligación de incluir a personas con conocimiento técnico en estadística y esto permitirá hacer un análisis más juicioso de las fichas técnicas que presentarán las encuestadoras.

“Eso hace que una encuesta tenga una cobertura mayor y refleje una realidad. Porque es que venimos de unas encuestas que con un mínimo de población pretenden valorar un país. Por ejemplo, uno no puede decir que con 1.000 personas se puede interpretar a Colombia”, aseguró Alfonso Portela.

Diego Rubiano, coordinador del Observatorio de Democracia de la Misión de Observación Electoral (MOE), resaltó que la norma cumplió con su deber de cerrar el periodo de campaña electoral en el tiempo y tener una armonía con todas nuestras normas, como la ley de garantías y los términos del código electoral. Así se esquivó una campaña electoral permanente, como ocurría antes.

Sin embargo, las encuestadoras aseguran que sus mediciones ahora serán más costosas y esto lleva a que si antes se hacía una encuesta cada mes, ahora será cada tres meses. “Ahí pierde el ciudadano y los candidatos, porque la frecuencia es todo en un país en el que pasan cosas todos los días”, enfatizó Martín Orozco, gerente de Invamer.

Así, como bien lo dijo Diego Rubiano, el balance es, en síntesis, agridulce y hay pendientes que debe solucionar el CNE. Mientras tanto, la Corte estudia una demanda contra esta ley.