Primicia: a juicio Iván Ramírez Quintero, Edilberto Sánchez y otros siete militares por torturas en el Palacio de Justicia

La Fiscalía General de la Nación acusó a nueve exmilitares por las torturas que sufrieron las personas que lograron salir con vida del ataque al Palacio de Justicia, pero que luego fueron llevadas a la Casa del Florero, calificadas de sospechosas y trasladadas a guarniciones militares en donde fueron víctimas de integrantes del Ejército Nacional el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace 40 años.

Este proceso se da por los casos de los entonces estudiantes de la Universidad Externado, Yolanda Santodomingo Albericci y Eduardo Matson Ospino, así como el abogado Orlando Quijano y el funcionario público José Vicente Rubiano, entre otros.

¿Quiénes son los exuniformados del Ejército llamados a juicio por la Fiscalía?

Los implicados son el general en retiro Iván Ramírez Quintero, quien en ese momento era coronel y director del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, COICI. Ramírez está condenado por la desaparición forzada de Irma Franco y en la Corte Suprema de Justicia se definirá si esa condena se mantiene y si incluye también el caso de Carlos Rodríguez, trabajador de la cafetería del Palacio de Justicia.

CAMBIO conoció que también fue acusado el entonces coronel Edilberto Sánchez Rubiano, comandante del B2 del Ejército, quien tiene una condena en firme a 40 años de prisión por la desaparición forzada de Irma Franco, y quien a pesar de tener una orden de captura vigente, no ha sido detenido.

Igualmente, fueron llamados a juicio los entonces subalternos de Sánchez Rubiano en el B2 Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardín Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia y Antonio Rubay Jiménez Gómez. Ellos también están condenados a 40 años de prisión y el único detenido es Antonio Jiménez, cuya captura se materializó en Yopal el 18 de octubre de 2024.

La acusación también va dirigida en contra del entonces coronel Fernando Blanco Gómez, quien era el segundo de Sánchez Rubiano en el infame B2 de inteligencia; y en contra del exmilitar Gustavo Arévalo Moreno. Ambos están condenados por el caso de Franco. Por último, fue acusado el sargento (r) del Ejército Bernardo Alfonso Garzón.

“Es una decisión histórica”, representante de las víctimas del Palacio de Justicia

“Es una decisión histórica, por la cual las víctimas han esperado por cuatro décadas y que válida la verdad que siempre han defendido”, dijo el abogado Rafael Barrios Mendivil, cofundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) que representa a las víctimas mencionadas. 

“Insistimos en la necesidad de que la justicia investigue a fondo la cadena de mando que permitió este patrón de tratos crueles y tortura, tal como lo argumentamos desde la parte civil. La defensa de los derechos humanos en Colombia exige el esclarecimiento total de estos hechos y la sanción de todos los responsables, especialmente de quienes dieron la orden,” agregó.

La decisión de la Fiscalía destacó la importancia de los documentos del Ejército que se han recopilado en este caso en relación con el Plan Tricolor 83 que las autoridades habían dispuesto previamente como forma para reaccionar en caso de un grave ataque en el país. Es un documento que, según decisiones de la Corte Suprema, fue usado a raja tabla por los militares y que permitió analizar la cadena de mando y las directrices que, según la Fiscalía y los abogados de las víctimas, llevaron a la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Dicho plan fue activado por altos mandos como Ministro de Defensa, Comandante de las Fuerzas Militares y la Brigada XII.