
Corte Suprema condenó al exsenador José Ignacio Mesa por nexos con las autodefensas
El alto tribunal condenó al excongresista del partido Cambio Radical a más de seis años de prisión y una multa equivalente a 3.000 salarios mínimos legales. Además, la Corte inhabilitó a Mesa para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Por: Jonathan Beltrán
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 76 meses de prisión al exsenador del partido Cambio Radical José Ignacio Mesa por el delito de concierto para delinquir agravado. En su decisión, el alto tribunal también negó suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria.
La Corte Suprema logró establecer que el exsenador colaboró con organizaciones al margen de la ley a cambio de recibir apoyo económico y electoral para sus candidaturas a la Alcaldía de Envigado y al Senado de la República. En ese sentido, el excongresista fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante los próximos seis años.

“De acuerdo con la investigación, Mesa Betancur se adhirió a la organización al margen de la ley conocida como Autodefensas Unidas de Colombia, particularmente, con la estructura denominada 'Oficina de Envigado', a través de su cabecilla Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, y Gustavo Upegüi”, explicó la Sala Especial de Primera Instancia.
En su investigación, la Corte estableció que Mesa ofreció sus labores como funcionario público para promover los intereses de las Autodefensas y apoyar su proyecto de expansión. De hecho, se conoció que el exsenador habría respaldado prácticas ejecutadas por la organización ilegal para permear múltiples esferas del poder a nivel local y regional.
#FalloContraExcongresista: Por nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia, la #SalaEspecialDePrimeraInstancia de la @CorteSupremaJ condenó al exsenador José Ignacio Mesa Betancur. Fue procesado por concierto para delinquir agravado.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) May 13, 2025
El alto tribunal reveló que la concertación entre Mesa y la estructura ilegal que operaba en Medellín y varios municipios del Valle de Aburrá se mantuvo entre 1994 y 2006. Asimismo, se determinó que las Autodefensas respaldaron múltiples candidaturas del político antioqueño para garantizar la continuidad del control ejercido sobre el territorio.
La 'Oficina de Envigado' financió campañas electorales de José Ignacio Mesa: Corte Suprema
En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia informó que el excongresista recibió apoyo económico y electoral de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová con el compromiso de promover asociaciones delictivas en Antioquia. Según el alto tribunal, la entrega del dinero habría sido coordinada por Juan Carlos ‘El Tuso’ Sierra.

“El delito de concierto para delinquir agravado tenía como fin ulterior obtener apoyo económico y político de la Oficina de Envigado para cristalizar sus aspiraciones electorales, como parte del respaldo de esa organización a candidaturas de líderes políticos adeptos a su ideal de cooptar el poder y beneficiarse de su injerencia en la actividad legislativa”, explicó la Corte.
Por otra parte, el alto tribunal indicó que la financiación de campañas electorales le permitió a la Oficina de Envigado mantener el control sobre el tráfico de drogas, el sicariato y el constreñimiento ilegal. En ese sentido, reiteró que Mesa contribuyó al objetivo de esa organización de lograr la cooptación del poder mediante representación en la rama legislativa.

En su sentencia, la Corte Suprema enfatizó en que la organización ilegal aprovechó su control territorial en el departamento de Antioquia para garantizar que Mesa alcanzara los votos requeridos para su elección. Además, se estableció que los aportes de las Autodefensas para esta y otras campañas en la región podrían ascender a los 50 millones de pesos.
Finalmente, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte resolvió que Mesa tendrá que pagar una multa de 3.000 salarios mínimos legales vigentes por las irregularidades cometidas durante el desarrollo de sus funciones públicas a favor de organizaciones al margen de la ley.
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