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Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia, e Iván Velásquez, embajador ante la Santa Sede, enfrentan una orden de captura internacional emitida por Guatemala en el marco del caso Odebrecht.
Poder

¿Por qué Guatemala pide capturar a Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo?

La justicia guatemalteca emitió órdenes de captura internacional contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador ante el Vaticano y exministro de Defensa, Iván Velásquez, por presuntos delitos relacionados con el caso Odebrecht. Sin embargo, el propio panorama jurídico del vecino país podría complicar la ejecución de la orden judicial. Le contamos los detalles.

Por: Juan David Cano

Este lunes 2 de junio, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala anunció que la Sala Tercera de Apelaciones emitió una orden de captura internacional contra varios exfuncionarios relacionados con la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre los nombres más relevantes figuran el exministro de Defensa Iván Velásquez, actual embajador de Colombia ante el Vaticano y excomisionado de la CICIG, y Luz Adriana Camargo, hoy fiscal general de Colombia.

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Ambos fueron señalados por supuestamente participar en una red criminal que favoreció ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht, causando, según el fiscal Rafael Curruchiche, un perjuicio de más de 3.000 millones de quetzales al Estado guatemalteco. La FECI los acusa de delitos como asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión. Por ello, la Fiscalía incluso solicitó activar la alerta roja de Interpol y anunció planes de pedir su extradición.

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Iván Velásquez fue comisionado de la CICIG, una instancia apoyada por la ONU que investigó redes de corrupción en Guatemala entre 2007 y 2019. Crédito: Colprensa.

¿Justicia o persecución política? Las reacciones en Colombia y el exterior

Las reacciones desde Colombia no se hicieron esperar. El Gobierno nacional, a través de un comunicado de la Cancillería, expresó un enérgico rechazo a la medida, que consideró un atentado contra los principios del derecho internacional y los derechos humanos. Para el Ejecutivo, no hay pruebas ni procesos transparentes que justifiquen el uso de mecanismos judiciales internacionales, y se activaron canales diplomáticos para expresar oficialmente ese rechazo.

Human Rights Watch también se pronunció a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, quien calificó la decisión como parte de un patrón del Ministerio Público guatemalteco de usar la justicia para perseguir a quienes han denunciado corrupción. Según esa organización, más de 50 operadores judiciales, periodistas y líderes sociales han debido exiliarse por causas similares.

El origen de la discordia: la CICIG y su impacto en Guatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala fue un órgano independiente establecido en 2006 mediante un acuerdo entre la ONU y el Estado guatemalteco. Su misión era desmantelar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos infiltrados en las instituciones públicas. Durante su funcionamiento, la CICIG, bajo la dirección de Velásquez y en alianza con la fiscal general Thelma Aldana, logró la detención por corrupción de tres expresidentes guatemaltecos: Alfonso Portillo, Álvaro Colom y Otto Pérez Molina.

Sin embargo, ese mismo éxito generó fricciones con sectores políticos. En 2017, el entonces presidente Jimmy Morales declaró a Velásquez persona non grata, aunque la Corte de Constitucionalidad guatemalteca impidió su expulsión. A pesar de esto, la organización cerró en 2019 y desde entonces el gobierno de ese país ha perseguido a quienes lideraron investigaciones contra redes del poder.

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La Fiscalía de Guatemala los acusa de integrar una estructura que habría favorecido a la constructora Odebrecht en licitaciones públicas. Crédito: Colprensa.

¿Es posible que Interpol capture a Velásquez y Camargo?

Aunque Guatemala solicitó a Interpol una circular roja para buscar la captura internacional de los dos colombianos, el cumplimiento de esta medida no es automático ni obligatorio.

Tanto Velásquez como Camargo cuentan con inmunidad internacional como exfuncionarios de la CICIG. Esta protección se deriva del artículo 10 del Acuerdo de Creación de la Comisión, firmado entre la ONU y Guatemala**, el cual establece que el personal internacional goza de inmunidad ante arrestos, detenciones y procesos judiciales por actos realizados en el ejercicio de sus funciones.** La ONU, de hecho, ha reiterado en ocasiones anteriores, como en enero de 2023, que esta inmunidad permanece vigente incluso después de haber dejado el cargo.

Además, Camargo actualmente tiene pasaporte diplomático, lo que le otorga otra capa de inmunidad frente a procedimientos de captura. En el caso de Velásquez, su condición de embajador también le confiere inmunidad diplomática de acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Interpol, por su parte, tiene estatutos que prohíben actuar en casos de carácter político, militar, religioso o racial. Si considera que la solicitud guatemalteca viola estos principios, como ha sucedido en otros casos similares, puede negarse a emitir o difundir la alerta roja, o incluso retirarla si ya fue publicada.

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Camargo y Velásquez gozan de inmunidad internacional por su rol como exfuncionarios de la CICIG, según el acuerdo de creación de esa comisión. Crédito: Colprensa.

Una orden con escaso margen de ejecución: el propio Gobierno de Guatemala rechazó las órdenes de captura

Aunque las autoridades guatemaltecas emitieron con firmeza la orden de captura y anunciaron sus solicitudes de extradición, los márgenes legales para que Luz Adriana Camargo e Iván Velásquez sean efectivamente capturados y llevados a Guatemala son muy reducidos. La inmunidad que les otorga el marco internacional de la CICIG y sus roles diplomáticos actuales hacen prácticamente inviable una detención legal en terceros países.

Pero si esto no fuera suficiente, el propio Gobierno de Guatemala rechazó las órdenes de captura. En un comunicado oficial aseguró que la decisión de la Sala Tercera de Apelaciones carecía de sustento legal y atentaba contra el ordenamiento jurídico nacional e internacional.

“Estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización delas Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos”, afirmó.

Y añadió: “Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional”.

El Gobierno de Guatemala concluyó su comunicado asegurando que ya se comunicaron con las autoridades colombianas para hacer aclaraciones y objeciones sobre este caso, que calificaron como un acto irresponsable que pone en juego la honra de su país.

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