La Corte Suprema reconoció al presidente Gustavo Petro, a Daniel Coronell y a seis magistrados como víctimas de chuzadas del DAS

En el desarrollo de la audiencia de acusación en contra del exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Andrés Peñate la Corte Suprema de Justicia reconoció como víctimas de interceptaciones ilegales ejecutadas por funcionarios de esa entidad al presidente, Gustavo Petro, al periodista Daniel Coronell y a seis exmagistrados.

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El primer mandatario solicitó a través de Alejandro Carranza, su abogado en el proceso, ser acreditado como una de las víctimas de las chuzadas durante sus funciones como senador de la república. Según el jurista, las interceptaciones irregulares promovidas por el DAS vulneraron los derechos políticos de Petro y afectaron su labor de oposición en el Congreso.

“El daño que sufrió el entonces senador Gustavo Petro, frente a las presuntas conductas que se acusan, consistió en afectar su libertad y su ejercicio democrático. El Estado utilizó sus instrumentos de persecución y de investigación para afectar en sus derechos a la intimidad y al ejercicio legítimo de la acción política”, afirmó el abogado Carranza.

De acuerdo con la Fiscalía, el ahora presidente integró la larga lista de políticos de oposición sobre los que el DAS adelantó operativos de inteligencia como motivos y medios irregulares. Según el ente acusador, Petro fue uno de los “blancos políticos” seleccionados de manera sistemática para ser interceptado y perfilado en el desarrollo de la estrategia ilegal.

En un nuevo episodio de las disputas políticas sobre el caso, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que el presidente Petro “insiste en victimizarse por interceptaciones que no se le hicieron”. Sin embargo, la acreditación de la Corte Suprema de Justicia da cuenta de la existencia de elementos probatorios que sustentan su condición de víctima de las chuzadas ilegales ejecutadas durante el gobierno de Álvaro Uribe.

El proceso en contra de Andrés Peñate, exdirector del DAS por el caso de las chuzadas

En la audiencia realizada ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, el exdirector del DAS fue acusado por el delito de concierto para delinquir agravado por presuntas prácticas irregulares durante su función pública entre 2005-2007. En ese sentido, Peñate se podría enfrentar a una pena de entre ocho y 18 años de cárcel

La Fiscalía indicó en su escrito de acusación que Peñate habría acordado con varios subalternos recolectar información de forma ilegal mediante supuestas misiones de trabajos utilizadas como fachada. Según el ente de control, la información recopilada de forma ilegal fue enviada a funcionarios de diferentes dependencias del gobierno de Álvaro Uribe.

En el caso del presidente Petro, la Fiscalía indicó que altos funcionarios del DAS habrían ordenado seguimientos a los desplazamientos públicos y privados dentro y fuera del país del entonces senador. A su vez, adelantaron interceptaciones telefónicas en contra de Daniel Coronell con el fin de desacreditar su labor periodística y acceder a información reservada.

En una carta pública, el exdirector del DAS Andrés Peñate insistió en su inocencia tras señalar que durante su función pública se negó a tolerar u ordenar procedimientos ilegales en contra de congresistas, magistrados o periodistas. Así mismo, indicó que las diligencias de recolección de información que autorizó se llevaron a cabo en cumplimiento de la ley.

“Durante los últimos 17 años he atendido de manera respetuosa y oportuna todos los requerimientos solicitados por nueve fiscales generales –nombrados tanto en propiedad como en encargo–, que antecedieron a la actual fiscal general de la nación. Ninguno de ellos encontró méritos”, aseguró el exdirector del DAS en la carta presentada durante la diligencia.