Las sanciones que pesan contra abogada que habría sugerido envenenar a un testigo de ‘falsos positivos’
La abogada Irma Yazmith Suárez Mariño fue señalada por un sargento retirado del Ejército Nacional, y la JEP ya compulsó copias en su contra, como reveló CAMBIO. La jurista, que niega los hechos, ha tenido varias sanciones en el pasado. Les contamos.
CAMBIO reveló que la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias para que la abogada Irma Yazmith Suárez Mariño sea investigada, disciplinaria y penalmente, porque supuestamente habría ideado un plan para ‘silenciar’ a un soldado del Ejército Nacional que para 2014 decidió contar la verdad a la justicia sobre las ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ que se perpetraron en el Batallón La Popa de Valledupar.
Así lo declaró ante la JEP, en versión voluntaria, el sargento retirado del Ejército Alexander Muñoz, quien se negó a ejecutar ese plan en contra del soldado Mauricio Londoño Ardila. Como explicó este medio, la abogada habría sugerido un envenenamiento. El militar recuerda esa conversación así: Ella le dijo que iba a comprar un “pollo árabe” para que él lo recibiera en la guardia y se lo entregara a Londoño.
Muñoz afirma que le contestó: “Doctora, usted puede comprar el pollito y comérselo usted sola, pero yo un pollo envenenado no se lo voy a dar a nadie (...) yo no me voy a meter en más problemas”.
La abogada Suárez Mariño le dijo a CAMBIO que estas manifestaciones son falsas, que jamás sugirió un hecho criminal y que iba a preparar denuncias para defender su nombre
“Voy a poner una denuncia penal porque no tengo ni idea de qué está hablando ese señor. ¿Usted cree que uno es tan bruto para hacer una cosa de esas? Señor Jesús. Es más, yo puedo reunir a todo el mundo, que yo haya llevado procesos del mayor Blanco, y le dirán yo cómo me portaba. Eso jamás sucedió”, señaló Suárez Mariño.
La abogada Suárez Mariño, quien trabajó por muchos años y hasta 2021 como defensora pública de la Defensoría del Pueblo, ha sido objeto de varias sanciones por parte de la Comisión de Disciplina Judicial por hechos que distan de ser tan graves como lo denunciado ante la JEP, pero que tienen que ver con faltas a la profesión de abogada.
CAMBIO las recopiló.
Según expedientes y registros públicos de la Comisión de Disciplina Judicial, la abogada registra al menos seis sanciones, pero son más. La razón de ello es que antes estos procesos los hacía la Sala Disciplinaria de la Judicatura y no todos los casos están disponibles.
Así, por ejemplo, la sanción más antigua que le aparece hoy en los datos de la Comisión es del 6 de noviembre de 2019 y consistió en una suspensión por cuatro meses, de un caso que fue revisado en primera instancia por la Judicatura de Manizales.
Luego, le aparece una sanción confirmada el 28 de julio de 2021 que consistió en dos meses de suspensión. ¿Qué pasó? En 2016, Suárez era defensora pública de un hombre que estaba en juicio por inasistencia alimentaria y que finalmente fue absuelto.
La mujer lo acompañó en la imputación de cargos, la audiencia preparatoria y la acusación, pero no se hizo presente en seis audiencias de juicio entre 2017 y 2018, “desconociendo no solo sus deberes profesionales sino también los intereses de los menores que estaban en juego, pues se trataba de un proceso por el delito de inasistencia alimentaria”.
Al revisar el caso, en segunda instancia, la Comisión señaló que algunas de las inasistencias de 2018 se explicaban porque entre el 26 de abril y el 25 de agosto de 2018 la abogada Suárez estaba suspendida por cuenta de otra sanción. Aun así, la Comisión señaló que, en efecto, la jurista abandonó el proceso y la suspendió por dos meses. Esa sanción se cumplió entre septiembre y noviembre de 2021.
El 19 de enero de 2022, Suárez Mariño fue sancionada de nuevo por dos meses, por otra sanción expedida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Este caso remite también a 2016, cuando era defensora pública en otro caso y dejó de asistir a siete audiencias preparatorias de juicio en 2017 y 2018, retrasando el caso por casi ocho meses.
Ella alegó que, a una de esas audiencias, de 2018, no fue notificada y que para otras dos ya no tenía contrato en la Defensoría. La Comisión revisó el caso y dijo que sus ausencias no eran justificadas y no actuó con la debida diligencia que se esperaba de ella como abogada.
El 26 de abril de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó una sanción por ocho meses en el ejercicio de la profesión, que había sido dictada en febrero de 2020 en primera instancia. Esta vez la decisión tuvo que ver con actuaciones irregulares en la representación de una persona que iba a adelantar una conciliación extrajudicial con una compañía de envases.
Otra decisión de abril de 2023 es una sanción por cuatro meses en el ejercicio de la profesión contra Suárez Mariño. El caso remite a proceso que inició contra un hombre por violencia intrafamiliar y se refiere a siete inasistencias de la abogada a juicio entre 2018 y 2019. Esa decisión insistió en que “las faltas contra la debida diligencia y el régimen de incompatibilidades, realizadas a título de dolo y culpa respectivamente, conllevan un alto grado de reproche, primero por dejar de hacer oportunamente las funciones propias del mandato y segundo por ejercer de manera ilegítima la profesión”.
En diálogo con CAMBIO, Suárez Muñoz indicó que las sanciones que recibió se emitieron porque, como defensora pública, se le cruzaban las audiencias que tenía asignadas. “Todas fueron por eso, pero de resto nada. Después de eso nos arreglaron y nos dieron un abogado suplente”, dijo Suárez Mariño antes de la publicación de la compulsa de copias en su contra.
Ahora, Suárez Mariño enfrenta un reclamo completamente diferente y grave: haber supuestamente promovido el asesinato de un militar, procesado por falsos positivos, por haber decidido contar la verdad, y ante el temor de que uniformados de menor rango salpicaran al mayor Rubén Briam Blanco Bonilla y al coronel Adolfo León Hernández.
La JEP compulsó copias ante la Comisión Nacional de Disciplina y ante la Fiscalía General en su contra y esas entidades serán las encargadas de verificar los hechos denunciados por el sargento retirado Alexander Muñoz.
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