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El excanciller Álvaro Leyva Durán fue llamado a juicio disciplinario por la Procuraduría, que lo acusa de desobedecer una suspensión provisional mientras se investigan irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes.
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Procuraduría llama a juicio disciplinario al excanciller Álvaro Leyva por incumplir suspensión

La Procuraduría investiga al exministro por haber firmado documentos oficiales tras ser suspendido del cargo en enero de 2024. El caso fue calificado como una posible 'falta gravísima'.

Por: Juan David Cano

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al excanciller Álvaro Leyva Durán tras concluir que habría desobedecido una suspensión provisional que le impedía ejercer funciones públicas desde el 24 de enero de 2024.

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La sanción, con una duración de tres meses, fue impuesta mientras se investigaban presuntas irregularidades en el proceso de licitación del contrato para la impresión de pasaportes, que aún hoy en día sigue generando controversia.

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La Procuraduría formuló pliego de cargos contra Álvaro Leyva Durán por presuntamente ignorar su suspensión como canciller. Crédito: Colprensa.

La Procuraduría, en ese entonces, le abrió la investigación disciplinaria luego de que Leyva declarara desierta la licitación, pese a que ya existía un oferente habilitado y calificado, decisión que fue considerada contraria a los principios de contratación pública.

Aunque la suspensión fue notificada por medios electrónicos y de forma personal, el exministro habría seguido firmando documentos oficiales y desempeñando funciones propias del cargo entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2024. Entre los actos registrados en ese periodo se encuentran notas diplomáticas, certificaciones, solicitudes de presupuesto para futuras vigencias y varias resoluciones ministeriales.

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Leyva habría seguido ejerciendo funciones oficiales pese a estar suspendido, según la Procuraduría, lo que constituye una posible falta gravísima con consecuencias disciplinarias. Crédito: Colprensa.

Para la Procuraduría, el presunto incumplimiento de la suspensión no solo desconoce una orden legal de autoridad competente, sino que afecta el respeto por el orden institucional y la función pública. Por ello, calificó de manera provisional la conducta como una falta gravísima, lo que podría acarrear sanciones.

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