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Alejandro Lyons regresa a Colombia, no por voluntad propia, sino deportado y con una condena que aún debe cumplir.
Poder

Alejandro Lyons: escándalos de corrupción, condena y qué viene para el exgobernador de Córdoba ahora que regresó a Colombia

Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, regresó a Colombia deportado desde Estados Unidos. Fue condenado por concierto para delinquir, señalado como líder del cartel de la hemofilia y otros escándalos por los que el desfalco supera los 100.000 millones de pesos. Hasta ahora no había cumplido su condena, pero tiene algunas cuentas con la justicia que deberá atender.

Por: Juan David Cano

El 30 de julio de 2025, Alejandro José Lyons Muskus, exgobernador del departamento de Córdoba, volvió a Colombia en condición de deportado. Aterrizó en Bogotá en un vuelo de personas expulsadas desde Estados Unidos, luego de años de evasión y colaboración con la justicia norteamericana. Su regreso no es voluntario ni simbólico: es el resultado de un proceso de extradición que tardó casi una década, en medio de maniobras legales, cooperación judicial y una condena pendiente en su país.

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Lyons fue capturado en 2021 en Estados Unidos, a solicitud de Colombia, que lo requería para que cumpliera una condena de cinco años y tres meses de prisión por concierto para delinquir agravado. La sentencia fue producto de un preacuerdo con la justicia, tras aceptar su responsabilidad en uno de los casos de corrupción por los que ha sido investigado. Sin embargo, Lyons jamás pisó una cárcel colombiana. Se mantuvo en Estados Unidos como testigo cooperante del FBI, participando en investigaciones clave como el escándalo del 'cartel de la toga', y logró postergar su extradición durante años.

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El exgobernador Alejandro Lyons Muskus fue entregado a las autoridades colombianas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

El gobernador que saqueó Córdoba con falsas ayudas para los enfermos

Lyons fue elegido gobernador de Córdoba para el periodo 2012-2015, con el respaldo de varios clanes políticos del Caribe. Durante su administración, consolidó una red clientelista que, según la Fiscalía, saqueó sistemáticamente las finanzas del departamento.

Uno de los casos más emblemáticos es el del llamado cartel de la hemofilia, un esquema mediante el cual se pagaron más de 54.000 millones de pesos a clínicas e IPS por tratamientos a pacientes inexistentes, supuestamente diagnosticados con hemofilia, una enfermedad de alto costo. Las investigaciones demostraron que los beneficiarios eran fantasmas y que las entidades cobraban por medicamentos y servicios que nunca se prestaron.

Pero no fue el único frente de corrupción. Bajo su mandato, la Gobernación adjudicó a dedo contratos por más de 43.000 millones de pesos destinados a ciencia y tecnología, muchos de ellos asignados a la Corporación Unificada Nacional de Educación (CUN). La Fiscalía sostiene que estos convenios eran utilizados para el cobro de comisiones ilegales, que ascendían al 30 por ciento del valor de cada contrato.

Según el expediente, esos pagos indebidos eran distribuidos entre Lyons, el senador Musa Besaile y Jairo Zapa, entonces director departamental de regalías, quien fue asesinado en 2014 en circunstancias aún no aclaradas.

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Durante su mandato (2012-2015), Alejandro Lyons lideró un entramado que saqueó las finanzas de Córdoba a través de contratos amañados y pacientes fantasmas. Crédito: Colprensa.

Terapias falsas y contratos para familiares

Además del cartel de la hemofilia y los contratos tecnológicos, Lyons también está vinculado a otros escándalos, como el de terapias a niños con síndrome de Down, en el que se detectó el cobro de servicios que jamás se prestaron. La Contraloría encontró que, pese a que se giraron recursos, no hay evidencia de que los menores hayan recibido tratamientos médicos o de rehabilitación.

A esto se suma una red de contratistas beneficiarios que incluye familiares de Lyons, Musa Besaile y Bernardo 'Ñoño' Elías, así como aliados políticos y empresas cercanas al círculo de poder en Córdoba.

Una condena incumplida y 4.000 millones aún por pagar

En 2017, Lyons aceptó cargos, firmó un preacuerdo con la justicia y fue condenado por la Corte Suprema. Como parte del trato, se comprometió a pagar 4.000 millones de pesos, una cifra mínima en comparación con el desfalco general estimado en más de 107.000 millones. Sin embargo, hasta el día de su deportación, no había cumplido un solo día de cárcel en Colombia ni había saldado su deuda con el Estado.

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Aunque aceptó cargos y prometió pagar 4.000 millones en 2017, Lyons no cumplió ni un día de cárcel en Colombia hasta su reciente deportación. Crédito: Colprensa.

De testigo protegido a acusado reincidente

Durante años, Lyons se presentó ante la opinión pública como un “colaborador de la justicia”, gracias a su participación en el caso del cartel de la toga, en el que delató a magistrados como Leonidas Bustos. Pero sus colaboraciones no borran su historial como uno de los mayores responsables del saqueo institucional en Córdoba.

Su captura en Estados Unidos en 2021 marcó el inicio de un lento pero inevitable proceso de retorno. La solicitud de extradición fue firmada por el fiscal federal Jason Wu y respaldada por una corte de Florida. Finalmente, tras años de maniobras legales, se dio luz verde a su repatriación.

¿Qué sigue para Alejandro Lyons?

Ahora que está de vuelta en Colombia, la justicia deberá garantizar que Lyons cumpla su condena. La Corte Suprema y la Fiscalía mantienen expedientes abiertos que podrían llevar a nuevas imputaciones o ampliaciones de su condena original. La pregunta es si, con su poder político debilitado, los procesos avanzarán con celeridad o si aún cuenta con aliados dispuestos a protegerlo.

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El regreso de Lyons reabre un capítulo pendiente: ¿cumplirá ahora su condena o volverán a dilatarse los procesos judiciales en su contra? Crédito: Colprensa.

Lo cierto es que Alejandro Lyons dejó de ser un testigo privilegiado para convertirse nuevamente en un acusado central. Y con más de 100.000 millones de pesos desfalcados, una condena pendiente y una promesa incumplida, su historia no ha terminado. Apenas empieza a escribirse el capítulo judicial que debía haberse cerrado hace ocho años.

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