Gobernadores dicen que estos decretos y resoluciones del gobierno de Petro desconocen la ley y frenan la inversión social
Los gobernadores de Colombia alertan que recientes actos administrativos del Gobierno limitan la autonomía de los entes territoriales. En un comunicado, advirtieron sobre cuatro de estas decisiones, relacionadas con el bloqueo de la ejecución de recursos y dificultades para la inversión regional. Conozca los detalles.
Por: Gabriela Casanova
En un comunicado publicado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), los gobernadores de Colombia alertaron que algunos actos administrativos del Gobierno, como resoluciones y decretos, desconocen la ley y los planes departamentales de desarrollo. Según ellos, estas medidas desvían los recursos de las gobernaciones, frenan la inversión regional y vulneran la autonomía territorial.
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“Ratificamos nuestra voluntad de luchar por una verdadera autonomía regional real. Estos decretos, en contra del manejo de la salud y de los recursos que deben llegar a las entidades territoriales, de una u otra manera, alteran el equilibrio económico que debe tener el Gobierno nacional con los gobiernos locales para que puedan tener resultados de desarrollo económico y social”, afirma el gobernador del Atlántico, Eduardo Ignacio Verano de la Rosa, en representación de los 32 gobernadores del país, en un video compartido por la FND junto con el comunicado en el que hacen sus advertencias.
Los gobernadores de Colombia, en una sola voz, rechazan decisiones del Gobierno nacional que vulneran la autonomía territorial. No se puede gobernar con decretos y resoluciones que desconocen la ley y los Planes Departamentales de Desarrollo, desvían los recursos, frenan la… pic.twitter.com/Ph5k534wlh
— FND - Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) August 20, 2025
Un concepto que “bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos”
Una de las recientes decisiones del Gobierno que los mandatarios piden que se deje sin efectos es el concepto OAJ 20253200155813, emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que, según denuncian, bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías.
“Este concepto impide que en el presupuesto de los proyectos de inversión se contemplen gastos de legalización y costos por estampillas u otros tributos, afectando la viabilidad financiera al desconocer el impacto de estas erogaciones legales en los costos finales”, señalan.
De acuerdo con los gobernadores, este concepto “contradice” las guías de proyectos tipo del DNP y “rompe” el principio de programación integral contemplado en el artículo 127 de la Ley 2056 de 2020, así como el deber de planeación presupuestal, que exige incluir todos los gastos asociados al proyecto.
Un artículo del Ministerio de Salud que “amenaza la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública”
Los gobernadores también solicitaron la suspensión inmediata del artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, que establece las prohibiciones de gasto de la Subcuenta de Salud Pública Colectiva. Un parágrafo del artículo motiva este reclamo. Este dice:
“(...) El talento humano operativo que desarrolla actividades en el área de salud pública vinculado a la nómina deberá financiarse con cargo a los recursos propios de la Entidad Territorial. Tratándose de recursos del Sistema General de Participaciones – Salud Pública, el talento humano operativo que no esté vinculado a la nómina y desarrolle actividades en el área de salud pública solo podrá financiarse en el marco de un proyecto de inversión directamente relacionado con las actividades de salud pública colectiva”.
Para los mandatarios, esta disposición “amenaza la estabilidad laboral de los profesionales de la salud pública y va en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector”. Según explican, impide financiar con recursos del Sistema General de Participaciones los cargos de planta de personal en las secretarías de Salud departamentales.
“Esto envía un mensaje errado y contradictorio frente a la reciente reforma laboral aprobada, que busca formalizar la vinculación, mejorar las condiciones de calidad del empleo público y dignificar a los trabajadores del sector salud, además de poner en riesgo la atención, promoción y prevención en salud”, advierten.
Aplicación inmediata de la Ley 2468 y respeto a la Constitución en nombramientos públicos
Los gobernadores pidieron al Ministerio de Hacienda la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reforma el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales y fue sancionada hace más de 40 días.
“Una vez sancionadas y promulgadas, las leyes se deben acatar. Dicha ley busca garantizar eficacia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos con los que se financia el pasivo pensional, asegurando transparencia y publicidad para que las regiones puedan cubrir este rubro y luego disponer de sus propios recursos”, reclaman.
De igual forma, insisten en que los departamentos necesitan contar con “funcionarios en propiedad”. Por ello, exigen el cumplimiento de la Constitución Política en los nombramientos de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional que operan en las regiones, como el Sena, el ICBF, el Invías y el ICA.
“Esperamos una respuesta positiva frente a las solicitudes hechas en el día de hoy, para que no sea necesario acudir a las vías jurisdiccionales en el cumplimiento de las obligaciones y, así, garantizar el beneficio de nuestras comunidades en las regiones”, concluye el comunicado.
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